La inexorable disolución del espejismo

La culpa de los ataques que sufre la reina por sus irrelevantes confesiones dista mucho de recaer en los republicanos, de hecho nosotros deberíamos no hacer casus belli de ellas e ignorarlas como a mi entender, bueno o malo, procede, sino de los monárquicos por su absurda y ancestral pretensión de convencer a la ciudadanía de que la institución de la monarquía está por encima del bien y del mal, de cualquier ideología, que son capaces de abstraerse de todas sus opiniones y/o convicciones en pro del bien común, que no interfieren porque su única preocupación es el servicio a aquellos a quienes quieren como a sus hijos, que su relación con los ciudadanos no es la de gestores-administrados, sino algo mucho más sagrado e inasible que no se rige por las lógicas normas del funcionamiento democrático. Y nada de eso, los reyes son personas, funcionarios sin oposición con las mismas virtudes y miserias que todos los demás y por supuesto que tienen perfecto derecho a tener opiniones personales sobre cualquier tema y éstas, nacidas a la luz pública, no deben tener más trascendencia que la del peso del prestigio intelectual o la brillantez argumentativa que las respalden. En este caso escasa. Rasgarnos las vestiduras por constatar que piensan por si mismos es tanto como aceptar esa absurda pretensión de que sólo existen para servir a sus súbditos, asumir sus argumentos.
Por tanto, hagámosle un favor a nuestra sociedad y critiquemos a la monarquía por las innumerables razones objetivas que tenemos para ello, no porque sus opiniones personales sean más o menos ajustadas a las nuestras particulares. Sus opiniones no importan siempre que ellos cumplan con el papel que la constitución les reserva, y si no lo hacen, critiquémosles por eso, no por ejercer de tanto en cuanto un derecho como la libertad de expresión (un libro no es un acto institucional, no conviene olvidarlo), porque ése, desde un punto de vista republicano, debe ser exactamente igual para todos los ciudadanos. Lo contrario, repito, es asumir sus argumentos, porque estas declaraciones sólo son reprobables desde un punto de vista monárquico y para bien o para mal, dista mucho de ser el caso. De hecho hay que agradecerles que progresivamente se aparten activamente de su falsa imagen de neutralidad, porque nada puede ser más efectivo para la causa republicana que se disipe el espejismo y cale en la sociedad su verdadera condición.

Lex Luthor y la opaca transparencia de David Vegara

Cuando escucho las explicaciones que da el Secretario de Estado de Economía, David Vegara, sobre la publicación o no de las ayudas públicas a los bancos, no puedo evitar evocar el baúl forrado de plomo en el que Lex Luthor guardaba la kriptonita para ocultarla de la visión por rayos x de Superman, a la vez que excitaba su curiosidad. Lo curioso es que a la vez que dice sin rubor que no se van a publicar para no estigmatizar a los bancos que recurran a ellas, mantiene el compromiso del gobierno de hacerlo con la máxima transparencia. Entonces, ¿qué es la transparencia?, o mejor, ¿qué es la transparencia según David Vegara? Porque si aplicamos los mismos estándares al mentado Lex Luthor deberemos concluir que también él engañó a Superman siendo completamente transparente, a fin de cuentas todo el mundo sabía que en el baúl había algo que quería ocultar.
He escuchado en la radio numerosos argumentos para descalificar la opacidad con que se pretende afrontar el proceso, desde la falsedad de la posible estigmatización, puesto que si sólo se compran activos de primera calidad no hay nada de lo que avergonzarse, hasta la falta de reciprocidad por parte de las instituciones bancarias, que no tienen ningún problema en estigmatizar, registro de morosos mediante, a los ciudadanos que se retrasan en los pagos, todos ellos ciertos y razonables. Y yo me pregunto, si realmente la publicación no supondría mácula alguna en el prestigio de nuestras entidades, ¿porqué se ocultan pese a que todos los ciudadanos escuchamos como nuestro presidente se comprometía a garantizar la transparencia del proceso? Me temo que se trata de evitar que ciuadanos y PYMES se presenten en los bancos y exigan que se dediquen los fondos públicos que les consta que han recibido a aquello para lo que lo los han recibido, a prestárselos, y quien sabe si no se pretenda incluso evitar que alguno de ellos, en un repobable ataque antipatriótico, se atreva incluso a denunciar la situación públicamente. O en los juzgados, si fuera posible.
No es de recibo practicar la opacidad a la vez que se dice ser transparente, ocultarnos la realidad de las cosas está feo, pero tomarnos por tontos es indignante. Tenemos derecho a saber qué se hace con nuestro dinero, es así de sencillo, cualquier otra consideración sobra y constituye una falta de respeto a los ciudadanos. O tal vez, como en el caso del señor Luthor, todo se resuma en un hecho muy sencillo: lo que se esconde tras la opaca capa de la ocultación al público es algo nocivo para aquellos a quienes se nos ha vetado su visión, tal vez el plan de ayuda estatal, en el fondo, sea, sencillamente, kriptonita.

¿Qué es la participación ciudadana?

Definir hoy día la participación ciudadana debería ser tarea sencilla, digamos que parece un concepto enraizado en los principios de la democracia participativa y deliberativa, una serie de mecanismos que garanticen la implicación directa de los ciudadanos en los asuntos del gobierno de sus ciudades sin renunciar a su independencia puesto que se hace al margen de partídos políticos. Por tanto es un concepto enfocado en la evaluación, debate y aportación de ideas de los ciudadanos de, sobre y a las políticas de sus gestores. Debajo de mi casa han inaugurado un centro de participación ciudadana, lo cual me entusiasmó en un principio porque lo imaginaba como un lugar donde acudirían concejales a explicar sus actuaciones o a solicitar la opinión de los vecinos sobre sus necesidades, un lugar donde habría asociaciones vecinales y representantes municipales de forma que se pudiesen encauzar de forma ágil y eficaz las sugerencias o quejas de los ciudadanos de a pie, un lugar donde informarse fácilmente del objeto de las obras del barrio, de los trámites a seguir para cada cuestión. En fin, lo que su nombre parece indicar.
En la web municipal, la finalidad de la delegación de participación ciudadana se expresa así: fomenta el asociacionismo en San Sebastián de los Reyes ante la importancia que tiene la participación vecinal en la gestión municipal. Unos programas de ayudas apoyan al tejido asociativo y la realización de proyectos de cooperación al desarrollo.
Una concepción tal vez algo más amplia pero que refuerza mi idea inicial.
Pues cada día, cuando llego a casa, del centro de participación más que debates o exposiciones de concejales, lo que me llega son los ecos de lo que parecen ser ensayos de coros rocieros a un volumen, por cierto, digamos que estridente. Que nadie me entienda mal, me encantan tanto la música como el Rocío, no se trata de eso, no me quejo ni de la existencia de esas asociaciones, ni de su acceso a los recursos municipales, ni de las leves molestias que sus ensayos puedan causarme a título particular, si fuera así me limitaría a pedirle al ayuntamiento que insonorizara los locales.
No hay porque mezclar churras con merinas, es decir, el asociacionismo es bueno y debe ser fomentado y apoyado desde los poderes públicos, pero si bien todas las asociaciones tienen fines muy nobles y respetables, no todas ellas tienen algo que ver con la participación ciudadana, y aunque el texto dice literalmente: "participación vecinal en la gestión municipal", parece sin embargo que el centro de participación ciudadana es más bien una casa de la cultura con un nombre más moderno.
Si parece claro que el asociacionismo cultural es una cosa diferente del participativo o del de desarrollo, tampoco hay nada malo en que se concentre su gestión para lograr una mayor eficacia, ahora bien, ese modelo puede esconder una trampa: si aunque se gestionen juntos no gozan de partidas presupuestarias independizadas (no digo que sea así, lo desconozco, esto es sólo una reflexión, no una denuncia), se aboca a aquellas asociaciones que tienen como finalidad la búsqueda del bien común para la sociedad a competir por los recursos con aquellas muchísimo más numerosas que tienen como fin un desarrollo personal propio o el acceso más efectivo a los recursos municipales. No critico ninguno de los dos modelos, ambos tan necesarios como diferentes, y parece claro que la actividad de una asociación de vecinos,una ONGD, asociaciones de mayores, de mujeres, de servicios sociales y salud o de inmigrantes, se incardinan mucho mejor en la definición de una centro de participación ciudadana que asociaciones culturales, deportivas o de festejos y peñas, que parece más lógico que se ubiquen dentro de otras infraestructuras municipales, y me pregunto si detrás de esta fachada municipal de aparente fomento del asociacionismo, no se esconde en realidad un cierto interés por frenar el impulso de la participación ciudadana.

IU, C´s y el futuro de la izquierda

Detecto un claro anacoluto en el discurso de despedida de Llamazares, no en tanto que figura retórica ni desde un punto de vista gramatical, sino como extrapolación al fondo de lo que sobre la forma dice el diccionario, “inconsecuencia en la construcción del discurso”. Etimológicamente, como contrario de acólito, tampoco tiene desperdicio, porque como compañero de viaje, del viaje futuro que debe emprender IU a partir de ahora, ha demostrado no tener precio, pero no se trata de abundar en personalismos, que es lo último que necesita ahora esa organización, sino de tratar de identificar las actitudes que han llevado a su descalabro y, consecuentemente, eliminarlas. Y eso, la primera parte, el diagnóstico, lo supo hacer Llamazares, incluso como buen médico supo prescribir el acertado tratamiento que, como buen político (y ahí reside la inconsecuencia), a renglón seguido decidió no aplicarse a sí mismo. Porque tiene claro el dimisionario que el mal que aqueja a Izquierda Unida es la lucha cainita que padece y que hasta tal punto está arraigada en su seno que parece ser una característica definitoria, si en algo acierta Llamazares es en pronosticar un nuevo fracaso si no se superan los enfrentamientos personales y “familiares”, y sin embargo no deja pasar su despedida como coordinador, su último discurso como tal, para repartir cera entre los que considera culpables, porque él, cabriola argumental incluida, admite su parte de responsabilidad, pero no ocurre lo mismo con la culpabilidad. Es responsable, pero no culpable. No dejo de impresionarme.
Izquierda Unida hace falta, sea bajo su actual forma o refundada, renovada completamente o sólo con un traje nuevo, pero es necesaria, y harían muy bien todos los responsables de la actual situación (y Llamazares sin duda alguna no es el único) en dar un paso lateral y dejar pasar a quienes puedan y quieran dedicarse a prestar un servicio a los ciudadanos, aquellos que tengan claro que no es en las luchas intestinas donde se presta un servicio público, aquellos que tengan claro que unidad y homogeneidad no son ni sinónimos ni antónimos, que se puede mantener una diversidad todo lo amplia y enriquecedora que se quiera y conseguir a partir de ella una unidad efectiva gracias al debate y a la tolerancia, a la democracia participativa, que es algo aplicable a los partidos, no sólo exigible a los poderes.
Siempre pensé que era posible un movimiento de izquierdas de raíz ciudadana del que formasen parte, entre otras, IU, Ciudadanos e IR, algo hoy por hoy ciertamente poco probable, pero hay algo en este agrupamiento de siglas que no deja de ser inquietante: el espejo que supone IU en tanto que reflejo de los efectos perniciosos del enfrentamiento intestino, es un buen lugar donde debería mirarse C´s para evitar correr una suerte similar (en tendencia, que en número de votos ya quisieran). Ambas organizaciones tienen un gran potencial, aunque parecen empeñarse no en desarrollarlo, sino muy al contrario, en dilapidarlo de la forma más rápida y eficaz posible.
Ahora más que nunca necesitamos no otra izquierda, porque el PSOE no lo es, sino una izquierda, eso que IU quiere ser pero hoy por hoy no puede y eso que C´s puede ser pero hoy por hoy no quiere. Porque Ciudadanos podría, con el programa en una mano y el ideario en la otra, pero, efectos colaterales del síndrome de la transversalidad, sólo una minoría entre su militancia y sus dirigentes se siente realmente de izquierdas, así que no quiere hacerlo.
Lamentablemente no parece que se den las condiciones para que ambas organizaciones recorran juntas el camino, y cabe preguntarse si lo harán por separado, pero en cualquier caso alguien debe hacerlo porque somos muchos los que esperamos para subirnos a ese tren, y no tiene mucho sentido que haya tantos ciudadanos políticamente huérfanos cuya papeleta se blanquea progresivamente a causa de la inacción de quienes deberían esforzarse por dibujar sus siglas en ella.

La infalibilidad del juez Tirado

El hipotético triunfo del recurso del juez Tirado, una vez conocida su argumentación, supondría sin duda una estupenda noticia para dos colectivos, a saber, los delincuentes condenados por delitos leves, ya que, según él, al no existir constancia de una especial peligrosidad ejecutar sus sentencias no es prioritario, no corre ninguna prisa y se les puede conceder de mano una prorroga de al menos dos años (y eso si entretanto no cometen un delito más grave), y los pederastas, ya que el abuso de menores, según este juez, no constituye el menor indicio racional de una especial peligrosidad por parte de éstos. Al menos en una cosa hay que darle la razón, no parecen especialmente peligrosos para los jueces que no se encargan de que su sentencia se ejecute, ya que únicamente les supone una multa de 1.500€, pero para los menores en particular y para la sociedad en su conjunto parece que la peligrosidad es evidente y aunque no lo fuera, si no se tiene intención de ejecutar las sentencias de los delincuentes que no vayan a matar a alguien inminentemente, casi mejor sería no juzgarles y despenalizar los delitos que el señor Tirado considera irrelevantes, con lo que se descongestionarían los juzgados y se ahorraría dinero de los contribuyentes.
Aceptar que no se ha cometido ninguna falta, que la muerte de Mariluz es la consecuencia lógica e ineludible de la saturación y la falta de medios ancestrales del sistema, sería tanto, por poco afecto que se sea a la lógica deductiva, como aceptar que algo así pasara a diario en todos los juzgados de nuestro país, que los criminales condenados habitualmente no entraran en la cárcel, y eso, diga el magistrado lo que diga, no es así y si a él le ha ocurrido y a los demás no, alguna responsabilidad tendrá.
Su recurso sólo se entiende desde el convencimiento de su superioridad, de su infalibilidad, y eso es algo que por sí sólo debería bastar para inhabilitarle. La tolerada e impúdica exhibición de miseria moral que hace este señor con su obcecación en su completa ausencia de responsabilidad, descalifica a la Justicia en la misma medida que resulta dolorosa para la ciudadanía y harían muy bien los señores magistrados en controlar sus endémicos accesos de corporativismo y hacer, también con ellos mismos, justicia. Simple y llanamente justicia.
En fin, no es necesario reducir al absurdo los argumentos del juez Tirado para rebatirlos porque de su pluma salen ya en ese estado, lo triste es que alguien tan alejado de la realidad, tan desapegado de la ciudadanía, previsiblemente vaya a mantener la potestad de juzgar los actos de los ciudadanos, me pregunto con qué autoridad moral cuenta para ello, con qué cara condenará a alguien a partir de ahora por no cumplir con sus obligaciones.

Son como niños

Sinceramente, no sé si España debe estar o no en la cumbre pomposamente bautizada nada más y nada menos que como la de la refundación del capitalismo, pero parece bastante claro que si nuestro Gobierno deseaba que fuera así debería haberse movido con algo más de discreción para evitar quedar en una posición comprometida en caso de no lograrlo. No creo que suponga ningún drama no acceder a un grupo en el que nunca hemos estado, de la misma forma que considero razonable solicitar nuestra presencia, pero si realmente la diferencia entre ir o no ir radica, como se dice, en la mala relación personal de nuestro presidente con el de Estados Unidos (o viceversa), entonces el mundo de la política es extraordinariamente menos serio de lo que debería y quienes dicen comprenderlo o incluso lo justifican, deberían pensarlo dos veces antes de asumir como natural semejante aberración. Nuestra relevancia internacional debería basarse en cuestiones bastante menos pueriles que si Zapatero y Bush "se ajuntan" o no, como decíamos de críos, porque a eso suena, a cosa de niños.
El colmo de la argumentación tendenciosa se da cuando los mismos que justifican la actitud de Bush en el hecho de que Zapatero permaneciese sentado al paso de la bandera (cuando aun no era presidente, conviene recordarlo) supuso no la expresión de un criterio político sino una afrenta a todo un país, mientras que la supuestamente deliberada exclusión de España de esta reunión no es una afrenta a nuestro país sino una cuestión personal hacia Zapatero. Y según muchos de ellos, merecida.
La cosa debiera ser sencilla, si nuestro peso internacional, sea por nuestros índices macroeconómicos, por nuestro posible valor representativo o por nuestra relevancia sociopolítica, geoestratégica o cultural (que no todo se pesa en euros o dólares), justifica nuestra presencia, entonces debemos ir, y no no es así, entonces no debemos ir, y eso tanto si el presidente estadounidense fuera Bush, como Obama o McCain y el nuestro Zapatero, Rajoy o Rodolfo Chikilicuatre.

¿Absoluta dedicación y empeño? No, hombre, no.

Fui el primero en denunciar desde este espacio lo que en mi opinión era una desmesura en relación a las sanciones del juez y la secretaria judicial responsables del caso Mariluz, comparativamente hablando, claro. Del mismo modo de me he manifestado a favor de las reivindicaciones de los profesionales de la justicia por su falta de medios materiales, aunque no he hecho lo mismo, sino todo lo contrario, sobre su pretensión de coartar la libertad de expresión de la ciudadanía y sus legítimos representantes escudándose en una sesgada interpretación de la separación de poderes y consecuentemente de su protección frente a la injerencia de los políticos, pero lo que no puedo aceptar de ninguna manera es que sucesos como el desdichado de la niña de Huelva sean inevitables y haya que aceptarlo sin más como un contratiempo sin mayor importancia: una cosa es que el juzgado esté saturado y otra que una muerte evitable causada por su inacción se pueda despachar con una palmadita en la espalda y un acto de atrición público sin más repercusion que la del tiempo que ocupe en los medios.
Me parece muy bien que la señora secretaria del juzgado agradezca su solidaridad a sus compañeros, quienes por otro lado deberían protestar por la falta de medios y por el agravio comparativo, no por la sanción en si misma que si es desmesurada, deberá ser en todo caso más leve, pero nunca desaparecer, pero lo que no es de recibo es que tengamos que ver como quienes han permitido que ocurra todo esto sacan pecho y presumen de su gestión y de la limpidez de su conciencia ("tengo la tranquilidad de haber desempeñado mis funciones con absoluta dedicación y empeño", ha dicho ella y no quiero ni recordar todo lo que por su parte ha dicho el juez). La función pública no es un deporte, lo importante no es participar y la dedicación y el empeño se suponen, los resultados de la gestión de todo funcionario público son y deben ser valorados y es por ellos por los que se nos debe juzgar, nuestra responsabilidad no termina en fichar todos los días a las horas debidas.
Los problemas que este desgraciado caso ha hecho visible hay que tratar de solucionarlos, que duda cabe, pero eso no puede servir de trampantojo tras el que los protagonistas escondan sus responsabilidades o incluso vayan más allá y se permitan el lujo de presumir de la excelencia de su gestión. Porque mal vamos si esto es lo mejor que podemos esperar de nuestro sistema judicial.

Heridas abiertas, heridas cerradas

Incluso los más críticos con el auto del juez Garzón sobre el levantamiento de fosas de víctimas de la represión franquista, deberán reconocerle una virtud: ha conseguido que hasta quienes con más fuerza se opusieron a la por ellos denostada Ley de Memoria Histórica, si bien no se han convertido en adalides de la misma, sí que la enarbolan con entusiasmo para criticar la actuación del juez y parece que de repente y por sorpresa ya no les parece tan mala.
Yo, a fuerza de ser raro encuentro coherentes tanto el auto como el recurso, aunque tengo muy clara mi preferencia, entiendo ambas posturas no sólo jurídicas, sino políticas, pero no puedo evitar encontrarle un regusto arrogante a aquellos que dicen que como ellos han superado el tema, como lo han olvidado o sus heridas están cerradas, necesariamente debe haber ocurrido así con toda la sociedad. Entiendo que sólo quienes las padecen, y los hay, pueden dar fe de la cicatrización de esas heridas que para ellos continúan abiertas independientemente de que para una mayoría de la sociedad no sea así. Al menos parece que ya hay un cierto consenso en la necesidad de exhumación de los cadáveres, y eso es positivo.
Esto que se ha dado en llamar recuperación de la memoria histórica es necesario y positivo para el país, siempre que se consiga que sea un proceso que logre cerrar las heridas de quienes las sienten abiertas sin abrir las de los que las consideran cerradas. Me temo que de momento no se han conseguido ninguna de las dos cosas, pero sea mediante la aplicación de la LRMH o judicialmente, o por otra vía, debe perseverarse en el camino, porque la meta es más que noble, imprescindible, y porque no es de recibo que una democracia tolere la existencia de ningún tipo de fosas comunes ni de muertos anónimos.

El delito (no tipificado) de injurias a la inteligencia

La Audiencia Nacional ha llamado a declarar al alcalde de Puerto Real como imputado en un delito de injurias a la corona. No voy a entrar en valoraciones del caso concreto, sobre lo que dijo ni si es cierto o no, porque es irrelevante, si realmente se ha lesionado el derecho al honor de un ciudadano, sea rey o pocero, se debe actuar exactamente igual y procesarse al responsable, si procede, por calumnias o la figura que proteja el honor de las personas. Pero no, al Jefe del Estado se le protege con una figura específica que son las injurias a la corona que lo que trata de salvaguardar es que se condene a quien hable mal del rey independientemente de la veracidad o no de las declaraciones, que no se juzga. Se trata de cercenar la libertad de expresión de la ciudadanía en beneficio de un particular, dicho simple y llanamente. Así se evitan tener que hacer lo que se haría con cualquier otro ciudadano, averiguar en primer lugar si las acusaciones son fundadas o no.
La inviolabilidad del monarca, la simple existencia del delito de injurias a la corona es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía y a la democracia misma, y no es necesario ser republicano para darse cuenta de ello. Pero se ve que nuestra clase política (salvo honrosas excepciones) tiene cosas mejores en que pensar que en la igualdad efectiva de derechos de todos los ciudadanos.

Rosa Díez y la poligamia

Rosa Díez ha decidido interpelar al Gobierno sobre un tema que ella considera no sólo relevante, de lo contrario no gastaría en él su tiempo, sino lesivo para los derechos de las mujeres. El tema en cuestión es la política del Gobierno de repartir la pensión de viudedad entre las esposas de ciudadanos polígamos cuyos matrimonios se encuentran legalmente reconocidos en sus países de orígen. Parece ser, segun informa Europa Press, que se hace en virtud de convenios internacionales establecidos con Marruecos y Túnez y que además hay sentencias contradictorias de varios tribunales en nuestro país, que marcan tres tendencias, pagar sólo a la primera esposa, repartir la pensión en función de la duración del lazo matrimonial o bien repartir a partes iguales, que es lo que practica el gobierno a la espera de una sentencia del Supremo que le permita unificar criterios. Rosa Díez, sin embargo, opina que repartir la pensión es ofensivo para las mujeres y supone un respaldo efectivo a una práctica prohibida, la poligamia, incompatible con la política de igualdad de género exigible a un gobierno democrático y moderno. Me gustaría saber cual es la propuesta tan igualitaria que tiene UPyD para solucionar esta situación, es decir, ¿hay que privar de su pensión a todas las mujeres que han contraido matrimonio legalmente en sus países de origen con una persona sólo porque a nosotros nos parezca moralmente reprobable?¿Se priva de ella a todas menos a la primera? ¿Donde está la igualdad en eso? ¿Acaso lo que pide es que en lugar de repartir la pensión el Estado deba pagar una íntegra a cada una de las mujeres? Porque esto último sí sería beneficioso para ellas, pero lesivo para las arcas del estado y supondría un espaldarazo bastante más notable a la poligamia del que se supone que se pone ahora en práctica.
A título personal no he pensado mucho en la poligamia y no tengo una postura definida, pero aunque aceptara la tesis que iguala poligamia y discriminación, ¿que derecho tenemos a causar un perjuicio objetivo a mujeres cuya situación es legal sólo porque no coincidamos con su visión cultural? ¿Aplicar una política que no perjudica en absoluto al hombre polígamo pero lo hace notablemente a sus mujeres no es precisamente contrario a la defensa de los derechos de éstas y por tanto a la política de igualdad? ¿Son más importantes los derechos de la mujer que los de las mujeres una a una, los de género que los de las ciudadanas? ¿Mejoran en algo los derechos de la mujer privando a algunas de ellas de su pensión? ¿La mejor manera de luchar contra la poligamia es retirarles el sustento a las mujeres que la practican y tienen la desgracia de enviudar? Si, como sociedad occidental, la poligamia nos resulta deplorable, ¿no basta con prohibirla en nuestro ordenamiento jurídico?, ¿porqué tenemos además que castigar a aquellos que la practicaron legalmente en sus lugares de origen antes de residir en nuestro país? Castigar a quien se intenta proteger no me parece la más acertada de las políticas, sinceramente.
Pero lo peor de la argumentación de Rosa Díez no es lo que de impositivo tiene respecto a otras culturas, no lo que de moralista, sino el absolutamente demagógico argumento final según el cual si se acepta repartir las pensiones se está abocado a aceptar otras cuestiones relacionadas como la incapacidad de las viudas a obrar por sí mismas. ¿Y porque se está abocado a eso? No digo que no sea probable o siquiera razonable, sino que ¿porqué habría de existir la más mínima razón por la que debiera ser así?
Francamente, si el soplo de aire fresco que se suponía que iba a ser la entrada de UPyD en el parlamento se traduce en la política de la moralina, bien podríamos habernos ahorrado el viaje porque de eso ya estábamos sobrados antes de las elecciones.

McCain eligió un mal día para dejar de fumar

Sin duda el candidato McCain recordará este fin de semana como uno de los más negros de su campaña. El respaldo a Obama de un respetado miembro del partido republicano como Colin Powell, más que un jarro de agua fría debe haber caído en su equipo como una zambullida en pleno ártico y las informaciones periodísticas que ponen en duda su supuesta heroicidad en combate, algo que para él era un activo fundamental de su campaña, seguramente, si encuentra eco suficiente, tenga efectos perniciosos en sus ya débiles expectativas de triunfo. Sin embargo el crecimiento de enano de mayor interés para mi es la conversión en rana de ese fontanero que incomprensiblemente tomó un protagonismo tan inesperado como inmerecido en el debate electoral. Hablar de un caso concreto en un debate de esas características, una maniobra que ya intentó Sebastián en su campaña a la alcaldía de Madrid con los lucidos resultados que todos conocemos, es, además de estéril, un canto a la demagogia que no debería tener cabida en la política. No pasa nada porque los políticos respondan a inquietudes basadas en casos concretos, pero en un debate es un truco poco elegante para no explicar realmente las líneas fundamentales de su política porque hablar de un caso particular puede crear la ilusión de que en realidad habla de la generalidad de los casos similares, pero no es así. Es mucho más fácil decir "a este hombre le bajarán los impuestos 300 dólares" que explicar la politica fiscal que se piensa seguir, así quienes se sientan identificados con el caso concreto extrapolan el suyo propio y se creen beneficiarios del mismo tratamiento cuando no tiene que ser así porque las particularidades del caso en realidad no se explican y no tienen porqué ser asimilables al de el grupo social que por motivos sociológicos se siente identificicado con él. Además, por supuesto, distrae la atención de temas que deberían ser fundamentales.
Por eso me alegro de que les haya salido el tiro de Joe "el plomero" por la culata, porque se espera de líderes políticos serios que empleen responsablemente sus recursos dialécticos para exponer sus programas, no que recurran a atajos ni trampas fáciles para causar una impresión que no se ajuste a la realidad. Los votos ganados con trucos de ilusionista permanecen en la voluntad del electorado lo que dura el efecto de la ilusión (que en algunos casos es mucho tiempo), lamentablemente para muchos políticos es suficiente con eso, pero no deja de ser populista y por tanto rechazable.

El laicismo nominativo de Zapatero

El Sr. Presidente del Gobierno no comprende que se critique su escaso compromiso con el laicismo, le parece que es una crítica injusta, según declara en la entrevista de ayer del diario Público, y sin embargo dice, por ejemplo, que "no le molestan" la biblia y el crucifijo en la toma de posesión de los miembros del gobierno "porque es una tradición que está ahí". Es decir, que como tradicionalmente se ha hecho una cosa mal, pues debe seguir haciéndose así porque ya estamos acostumbrados y con suerte llegará un día en que, como a él, a nadie le importe porque, cómo dice para justificarse, "soy defensor del estado laico, pero sin obsesionarme". Pues que me perdone el Sr. Zapatero, pero tildar la defensa de unos principios determinados de obsesión es una falta de respeto intolerable. Para un defensor del estado laico por definición es y debe ser inadmisible tener que jurar su cargo público ante una biblia y un crucifijo y eso no es una obsesión, es el mínimo compromiso exigible a quien se define como laicista. No tiene el Sr. Zapatero que serlo, no pasa nada, pero lo que no puede hacer es erigirse como defensor de unos principios que en la práctica no defiende. Y si no entiende que se le critique por su falta de compromiso, que repase sus actuaciones, porque ser laico no consiste en aprobar leyes sociales más o menos avanzadas cuyo contenido pueda molestar a la iglesia, el gobierno debe hacer su trabajo con total independencia de la opinión de ésta y legislar sobre matrimonio homosexual o sobre aborto es símplemente hacer su trabajo, será progresista, pero laicista en modo alguno: no puede serlo tratar temas en los que la iglesia no es parte por más que se declare contraria. Dicho de otra manera, plantear que es laicista legislar sobre el matrimonio homosexual evidencia claramente la confusión que tiene el jefe de gobierno sobre este tema porque de ser cierto significaría que efectivamente la iglesia tendría algún derecho sobre el tema que con la nueva ley se vería eliminado, y eso no es así, de hecho simplemente argumentarlo es posicionarse a favor de sus tésis y es por tanto antilaicista.
El laicismo, además, jamás es contraconfesional, se basa en el respeto a todas las confesiones y simplemente exige que se mantengan en el lugar que les es propio, por tanto no procede la argumentación del Sr. Presidente en ese sentido.
Y finalmente, dice no comprender la crítica al nombramiento del Sr. Dívar al frente del CGPJ escudándose en el respeto a sus creencias. Mire, Sr. Zapatero, todo el mundo respeta las creencias del Sr. Dívar, a nadie le importa lo más mínimo a quien rece o cuantas veces lo haga o donde, no se critica que sea católico y parece mentira que usted sugiera eso, lo criticable es que un juez, por no hablar del presidente de todos ellos, no puede, sencillamente no puede, decir que sus conviccones personales están por encima de las leyes en el ejercicio de sus funciones como magistrado, que la única justicia es la divina. Y no digo que lo haya hecho así a lo largo de su carrera, lo que desde luego ha hecho ha sido declararlo y eso no es de recibo.
Y aun dice nuestro presidente que no comprende los "injustos" ataques a su política laicista, esa que dice defender pero que en la práctica, con los hechos en la mano, no defiende, y según sus abstrusas declaraciones cabe preguntarse si realmente la defiende o se trata simplemente de un brindis al sol, una etiqueta que se cuelga para captar el voto de determinados sectores pero a la que realmente ni comprende, ni le da importancia, ni se compromete con ella.
Pues para que lo comprenda, lo diré claramente: se le critica por no dar lo que promete, se le critica por hacer lo contrario de lo que pregona, se le critica por no estar a la altura, ¿acaso no es suficiente?

¿Causa=solución?

No dejan de sorprender las tesis de esa corriente de opinión que culpabiliza en exclusiva de la crisis a los bancos centrales por haber creado burbujas a base de inyectar liquidez artificialmente, algo que sin duda su papel ha jugado y por lo que los responsables tendrían que rendir cuentas, y sin embargo tienen clarísima la receta que debe aplicarse para superar esta situación: que los bancos centrales inyecten más liquidez al sistema. No discuto esa tesis surgida sin duda de un análisis serio, aunque me resulte difícil de aceptar que la solución a un problema esté en intensificar las causas que lo han creado, debe ser un caso único en la historia, lo que si que me voy a permitir discutir es que del capítulo de responsabilidades se excluya a todos aquellos que han desencadenado la crisis con su actuación irresponsable desde fuera de las instituciones. No es de recibo culpar a quien ha puesto a su disposición cantidades ingentes de dinero y no a quien lo ha utilizado de forma especulativa. No sólo importa de donde sale el dinero, sino qué se hace con él. Esa filosofía de muchos neoliberales según la cual las instituciones siempre son responsables por no haber supervisado adecuadamente (que también) porque la misión de los particulares es únicamente obtener beneficios sin ningún tipo de responsabilidades accesorias, es el verdadero gérmen de este colapso y lo que hay que erradicar.

Las razones de Garzón

Ante la cantidad y variedad de opinionespublicadas sobre el auto del Juez Garzón, especialmente ante la decisión de algunos medios de extractar frases del mismo, me he tomado la molestia de leer el auto completo no sólo para hacerme una idea del tono del conjunto, sino sobre todo para impedir que nadie consiga formarme una opinión sesgada sacando tendenciosamente frases de su contexto.
Debo decir que el juez trata todos y cada uno que se utilizan en contra del auto, los expone y argumenta su decisión en base a los fundamentos jurídicos y antecedentes que considera oportuno. Y lo hace con la irretroactividad de las leyes, con la aplicabilidad de la ley de amnistía, con la competencia o no de la audiencia nacional, con la prescripción de los delitos e incluso con la comparación con la no admisión a trámite de la denuncia por los fusilamientos de Paracuellos. Obviamente, no puedo decir si sus argumentos son correctos, para un lego simplemente algunos resultan más interesantes que otros, pero independientemente de que sean procedentes o no, lo que decidirá quien corresponda, considero importante dejar claro que no se trata de un brindis al sol ni de un capricho, el juez expone claramente sus razones y fundamente sus decisiones. El mayor o menor acierto de sus argumentos, su procedencia, se verá en su momento, pero nadie puede decir honradamente que no existe base para obrar como lo ha hecho.
Para quienes tengan interés, a continuación extracto algunas de las ideas que más me han llamado la atención:

2. En segundo lugar, debe resaltarse que la acción de la justicia y, por ende la de este Juzgado Central de Instrucción, se produce con el máximo respeto para todas las víctimas que padecieron actos violentos execrables, masacres y gravísimas violaciones de derechos durante la Guerra Civil y la posguerra, con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase, y, sin que se establezca razón de diferenciación alguna entre ellos por tales circunstancias

3. Desde luego, con este procedimiento no se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil española; ni esa es la intención de los denunciantes ni puede serlo desde el punto de vista jurídico penal del instructor, ya que ello supondría la formación de una especie de causa general. Causa general que sí se formó, siguiendo instrucciones del Fiscal General del Estado, recién acabada la guerra y que tuvo por misión abrir, desarrollar y concluir una exhaustiva y minuciosa investigación de carácter judicial a escala nacional que analizó lo ocurrido en cada localidad entre Febrero de 1936, e incluso en algunas casos desde Octubre de 1934, hasta la finalización de la ocupación, y, que documentó lo ocurrido a cada una de las víctimas del llamado “terror rojo”. El propósito de estas Diligencias es mucho más moderado y se concreta en el tema de la desaparición forzada de personas, sin despreciar todos y cada uno de los datos e información que ayuden a formar la convicción sobre los hechos denunciados.


Así, la Comisión establece las responsabilidades básicamente en dos categorías: Actos que provocan la Guerra Mundial y su inicio; y actos que suponen violaciones de las Leyes y Costumbres de la Guerra y las Leyes de la Humanidad. Expresión que se acuña en el Tratado de Versalles de 28 de Junio de 1919 que, en su artículo 227, ordenaba el enjuiciamiento del Kaiser Guillermo II de Hohenzollern por tales crímenes, como después ocurrió con el Tratado de Sevrès, de 1920, referido al enjuiciamiento de los militares otomanos por el genocidio armenio (1915).


En todo caso se hace necesario dar respuesta procesal a la acción iniciada porque sigue habiendo víctimas y su derecho exige emplear todos los medios precisos para satisfacerlo y, especialmente, para hacer cesar la comisión del delito y los efectos derivados del mismo que sólo tendrá lugar con la búsqueda y localización de los cuerpos de los desaparecidos, o cuando se ofrezca razón cierta sobre su paradero por parte de las autoridades públicas depositarias de esa información, decisión que deben tomar de oficio, sin necesidad de excitación de parte, al tener, en su caso, el control de esa información y por tratarse de delitos muy graves.


La calificación jurídica que se acoge, como después se razonará, es la de un delito permanente de detención ilegal, sin ofrecerse razón sobre el paradero de la víctima, en el marco de crímenes contra la humanidad, salvando así los problemas de irretroactividad que pudieran aducirse respecto de esta figura.


Además de los precedentes ya referidos, debe citarse, necesariamente aquí, el Estatuto de Nüremberg (8 de septiembre de 1945). El artículo 6 del Reglamento del Tribunal define los crímenes y entre ellos los Crímenes contra la Humanidad, entre los que incluye: “principalmente el asesinato, exterminación, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes o durante la guerra o persecuciones por razones políticas, raciales o religiosas en ejecución de o en conexión con cualquier crimen dentro de la jurisdicción del Tribunal, ya sea o no sea violación de las leyes Nacionales del país en el que fueron perpetrados.


En un delito de consumación permanente, como la detención ilegal sin dar razón del paradero de la víctima, no pueden incorporarse hechos que no eran delictivos antes de su entrada en vigor, y, por tanto, aunque en un crimen contra la humanidad reconocido como tal en nuestro ordenamiento penal a partir de Noviembre de 2003, no pueden incorporarse hechos que antes no eran crímenes contra la humanidad, por impedirlo el principio de irretroactividad de las leyes penales desfavorables para el reo, no obstante, tales hechos delictivos estaban ya descritos y penados en el Código Penal de 1932 y, en consecuencia, los cometidos a partir del alzamiento o rebelión militar de 1936 forman parte, indudablemente, del delito permanente de detención ilegal sin dar razón del paradero, también existente en el vigente Código Penal de 1995 (artículo 166 del Código Penal). A estos delitos, debe, pues, añadirse el contexto de crímenes contra la humanidad en que fueron cometidos, dada su naturaleza sistemática y generalizada, según la incipiente jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero la no vulneración del principio de irretroactividad penal deriva ante todo del hecho de que, al margen de ese contexto, ya eran conductas delictivas en el momento del comienzo de su ejecución, poco antes de la guerra civil y siguen cometiéndose en la actualidad, dada su naturaleza de delitos permanentes.


...oficialmente nunca ha existido una investigación policial o judicial de los hechos y con todo ello se confirma la permanencia del delito, tanto para el ámbito de la detención ilegal/desaparición forzada de las víctimas afectadas y sus familiares que ostentan la misma categoría, como para la catalogación de esa misma conducta como delito de torturas (artículos 173 a 177 del Código Penal) según la jurisprudencia del TEDDHH, con lo cual la posible prescripción del delito no habría comenzado siquiera su período de descuento.


La Ley 46/1977 de 15 de Octubre, sobre amnistía establece en su artículo primero que “Quedan amnistiados:

a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o faltas con anterioridad al 15 de Diciembre de 1976.”

Parece claro que no pueden considerarse incluidos en este artículo, ni en el artículo segundo (delitos de rebelión y sedición) los hechos y delitos que con arreglo a las normas de derecho penal internacional son catalogados como crímenes contra la humanidad y por tanto, sin naturaleza de delito político. Frente a esta naturaleza, ninguna ley de amnistía puede oponerse. Así se desprende, en el ámbito internacional, de la Jurisprudencia emanada por tribunales Internacionales (Tribunal Especial para Sierra Leona, Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Aunque sea momentáneamente, merece la pena detenerse para hacer una brevísima referencia a alguno de estos casos: La Corte Interamericana estableció en el caso Barrios Altos de Perú, en la sentencia de 14 de Marzo de 2001 que:
« Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las de prescripción y el establecimiento de leyes excluyentes de responsabilidad que pretenden impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de Derechos Humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos».


Parece claro el consenso en el ámbito internacional de que las amnistías no pueden absolver de antemano a aquellos que, con sus acciones propiciaron, diseñaron, ejecutaron todo un plan sistemático de ejecuciones de personas o la desaparición generalizada de las mismos por motivos ideológicos (crímenes contra la humanidad) genocidio o de guerra que suponen las mayores y más graves violaciones de las leyes internacionales.


En resumen, cualquier ley de amnistía que buscara eliminar un delito contra la humanidad que no puede catalogarse como crimen o delito político, sería nula de pleno derecho y por ende no se aplicaría al supuesto.
Por otra parte, la permanencia delictiva evita la aplicabilidad de esa medida, ya que, por su naturaleza, según lo razonado, la acción se sigue produciendo hasta el día de la fecha y, por ende, después de las leyes de amnistía de Octubre de 1977. Como se infiere de lo dicho, la Ley de Amnistía de 1977 (y 1984) deben interpretarse a la luz del Derecho Internacional Humanitario que prohíbe medidas generales de gracia (indultos, amnistía) que impidan la exigencia de responsabilidades criminales a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos.
Este derecho no admite normas de perdón u olvido cuando se trata de crímenes contra el Derecho Internacional (crímenes contra la humanidad). No debe olvidarse que las normas de Derecho Internacional relativas a la protección de los Derechos Humanos vinculan al legislador español.


En este punto debe hacerse una referencia breve a las Diligencias Indeterminadas 70/1998 de este Juzgado tramitadas en su día por el supuesto crimen de Paracuellos del Jarama, contra Santiago Carrillo y otros. La inconsistencia de las denuncias y planteamiento de la acción penal iniciada determinó su rechazo en esta instancia y ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Los hechos allí denunciados, sin restar un ápice a la importancia, trascendencia y gravedad de los mismos, no podían determinar la apertura de un procedimiento porque, tras la finalización de la contienda civil, tales hechos se investigaron, se procuró sancionar a los posibles responsables y las víctimas fueron identificadas. Y además, nunca se pretendió con tales hechos atentar contra Altos Organismos de la Nación y por ende la competencia nunca sería de este Juzgado ni de la Audiencia Nacional, sino del Juez competente en razón al lugar en el que se cometieron los hechos.


Obviamente, los que aquí se juzgan se enmarcarían en la categoría de crímenes contra la humanidad, y entrarían en esta categoría, principalmente por la vía de las desapariciones forzadas de personas. Pero, resulta que los delitos que aquí se investigan ocurrieron en España, en todo o en parte. Por tal motivo, la investigación de los hechos, aparentemente, no sería competencia de este Juzgado. Pero resulta, como ya ha quedado indicado, que la insurrección se llevó a cabo con una muy concreta finalidad, acabar con el sistema de Gobierno y los Altos Organismos que lo representaban, y como instrumento para que los crímenes contra la humanidad y la propia confrontación bélica estuvieran servidas. Sin aquella acción nada de lo sucedido se hubiera producido. De ahí que el delito contra los altos organismos de la Nación vaya unido en forma inseparable al producido, en conexión con él; en este caso, la muerte sistemática, la desaparición forzada (detención ilegal) de personas sin dar razón del paradero, la tortura y el exilio forzados, entre otros.
Ello significa que, tanto a efectos de la prescripción como de la competencia por conexidad de delitos (artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), debe regir la doctrina del Tribunal Supremo de que debe hacerse una valoración conjunta, de modo que el delito conexo pasa a depender, a los efectos de conocer si ha prescrito o no, del delito al que va ligado en concurso real.


Es cierto, y ello es notorio, que aquellos están fallecidos, por lo que tan pronto conste la acreditación oficial del deceso y apuntada ya indiciariamente, su presunta participación, se declarará extinguida ésta [he leído, y es cierto, que esto está mal redactado porque lo que se extingue es la responsabilidad, nunca la participación. En cualquier caso se entiende perfectamente el sentido de lo que se quiere decir] por fallecimiento (artículo 130.1º del Código Penal).


Las víctimas tienen derecho, según el Principio IX de Reparación de los daños sufridos, entre otros a la satisfacción.

“22. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes:
…
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad…
c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas y la ayuda para recuperarles, identificarlas y volver a inhumarlas según el deseo explícito o presunto de la víctima a las prácticas culturales de su familia y comunidad.
d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella. ”

Garzón y los debates

La decisión del juez Garzón ha suscitado un debate sustentado en argumentos de índole técnico, jurídico, en el que no puedo entrar, y otro paralelo de naturaleza bien diferente, político y moral en algunos casos y simplemente emotivo en otros. En lo que se refiere al primero, los argumentos de ambas partes me resultan sensatos, independientemente de que tenga claro cual despierta mis simpatías porque eso, la simpatía, dista mucho de ser un argumento legal, algo que muchos no parecen tener claro. El segundo es mucho más importante, no porque se haga visibles la falsedad de la reapertura de heridas del pasado, evidentemente no cerradas para quienes las sufren, o la necesidad de una reparación por parte de un estado democrático cuyo silencio se torna incomprensible, ni porque con este gesto del juez Garzón, acertado o no, se abra la posibilidad de hacer un acto de justicia (de la de diccionario, no necesariamente de la de los tribunales) definitivo que cierre por fin esas heridas, sino porque es un importante test de madurez para nuestra sociedad, porque nos da la oportunidad de debatir serenamente sobre un tema en el que la serenidad ha brillado hasta ahora por su ausencia, porque nos permite descubrir hasta que punto el espiritu democrático ha calado en nuestra sociedad y si este nos permite, de una vez por todas, afrontar los temas civilizadamente, sin partidismos sectarios ni revanchismos, buscando únicamente el bien común. Y yo no veo en qué perjudica al bien común de los ciudadanos en su conjunto que una parte de ellos pueda enterrar a sus muertos, que se puedan anular juicios cometidos por un estado no democrático, que se pueda señalar (judicialmente o no) a quienes cometieron crímenes. Ni siquiera es una cuestión de dignidad de las víctimas o sus familiares, sino de nuestra sociedad en su conjunto: deberíamos ser capaces de enterrar dignamente a nuestros muertos, sin consideraciones históricas o políticas que pesen en nuestro ánimo más que cuestiones de justicia elemental.
Si del primero de los debates he dicho que los argumentos de quienes justifican la decisión del juez y de los que la critican parecen sensatos y la resolución que tomen las instancias pertinentes será aceptable (¿y aceptada?) en cualquier caso, en el segundo debate, en ese que nos calificará como sociedad democrática, las opiniones sensatas y ponderadas de diverso signo conviven con las nacidas de la exaltación, la irreflexión y la visceralidad, también en ambos sentidos, hasta el punto que estas últimas parecen protagonizar el debate público. Lo importante, de repente, no es si hay una situación injusta y dolorosa que resolver, no es el derecho de un ser humano a enterrar y llorar a sus muertos sean estos republicanos, nacionales, anarcosindicalistas, libertarios, budistas o tolstoianos, sino si tu abuelo mató a más rojos que el mío curas, como si una cosa justificara la otra, como si el duelo fuese un asunto político. La responsabilidad, sea penal sea ética, política o histórica, no se hereda, los nietos no son culpables de los actos de sus abuelos y el honor, el buen nombre de éstos sólo debe ser preservado si existe, algo que hoy día parece fuera de toda duda que no es así.
Visto lo visto, de momento hay que aceptar que lamentablemente no estamos superando el test (claro que eso nos pasa a menudo), no estamos siendo capaces de debatir con naturalidad sobre este tema sin que algunos medios traten de resucitar un enfrentamiento superado, de aceptar que dar justicia a quien la merece no es más que eso, no conlleva ninguna afrenta a quien no debería sentirse aludido. Y tal vez esto sea el mayor de los misterios que suscita esta situación, saber porqué mucha gente sin más relación con aquellos delitos que, en el mejor de los casos, un remoto parentesco, se sienten aludidos, íntimamente ofendidos incluso. Soy incapaz de comprender porqué políticos y periodistas intacháblemente demócratas sienten la necesidad de asumir el papel de ocultadores de los actos cometidos en nombre de un totalitarismo sobradamente condenado por instancias internacionales y por la historia. Si esos delitos se cometieron en nombre de una dictadura de la que lógicamente no se declaran partidarios, ¿porqué defender su ocultación, su olvido, porqué negar a los familiares su derecho a enterrar a sus muertos? No entiendo que se les ha perdido ahí.
Pero aunque no sea capaz de entenderlo, no seré yo quien llame franquista a quien defienda en esto una postura diferente a la mía, sería profundamente injusto, pero por eso mismo exigo que nadie diga que mi defensa de la localización e identificación de las víctimas de la represión franquista (o de cualquiera, de cualquier signo, aquí, en Bosnia o en Darfour, lo mismo da) nace del sectarismo, del revanchismo o del odio. Ambas posturas son intelectualmente válidas y defendibles y nadie debe ser descalificado por sostener una u otra. Ante la discrepancia sólo cabe la argumentación, todo lo demás, sobra.

La carta de Fígar y el argumento recurrente

La Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid ha tenido a bien enviar una carta a los profesores de las Universidades Madrileñas que, sin entrar en mayores consideraciones sobre su veracidad o su carga demagógica, demuestra al menos tres cosas:
a) Las autoridades de la Comunidad Tautológica de Madrid son previsibles hasta el extremo: provocar ruido sobre un problema que ellos mismos crean para después presentarse como los abnegados garantes de la seguridad de los madrileños frente al maléfico Zapatero es algo tan repetido que probablemente aburra ya hasta a los redactores de Telemadrid. Sólo cabe agradecer que hayan hecho posible que muchos acertásemos nuestro vaticinio punto por punto.
b) El clasismo de la consejera Figar es notorio ya que envía una carta a los profesores explicándoles sus razones para primero poner en riesgo el cobro de sus nóminas y después garantizarlo, y sin embargo al PAS, que estaba exactamente en la misma situación, no tiene a bien darles explicaciones, al menos puedo garantizar que a mi no me ha llegado. Si lo hace más tarde rectificaré de inmediato.

Los jueces protestan

Que la separación entre los poderes ejecutivo y judicial es, consecuentemente con los tiempos, apenas un tabique de pladur, es algo tan público y notorio como escasamente denunciado desde este último, tal vez porque la injerencia sólo es posible si es tolerada. Por eso no deja de ser soprendente que un grupo de jueces decida organizar hoy un acto de protesta no por el mecanismo de designación del CGPJ, ni del Constitucional, no por la designación de fiscales por criterios políticos ni por la falta de recursos que ahoga al sistema, sino porque la Vicepresidenta del Gobierno tuvo a bien expresar su esperanza en una revista de que el juez Tirado recibiera una condena concreta (tres años) por su falta en al caso Mariluz. Porque claro, la independencia de los jueces es sagrada cuando se trata de hacer ver a la sociedad que un miembro de su elevada casta se equivoca y su ineptitud tiene serias consecuencias (se ve que a los jueces no les preocupa que se sepa que el sistema no funciona, sino que ellos no son infalibles), pero irrelevante cuando se trata de admitir puestos de responsabilidad y privilegio no por mérito y capacidad sino por afinidad con el poder político. Eso, que ellos aceptan, está bien, pero opinar en público sobre la incapacidad de uno de ellos es intolerable, poco menos que un anatema. Pues miren, señores magistrados, todos los ciudadanos, políticos incluídos, tienen derecho a expresar sus opiniones sobre cualquier tema que les preocupe y es perfectamente asumible siempre que no se intente activamente convertir las esperanzas en directrices, porque un juez debe ser capaz de juzgar exactamente igual un caso independientemente de que alguien opine sobre él en cualquier sentido en un suplemento dominical de un periódico, ¿o es que algo les impide mantener su independencia de criterio? Si ha habido algún tipo de presión, que se denuncie y se actúe en consecuencia, si sólo se trata de libre expresión de opiniones, no ha lugar a ningún numerito de impostada indignación porque si lo que pretenden es prohibir que sus actos generen estados de opinión en la ciudadanía, desde luego equivocan el tiro. Nadie está libre de la opinión pública.
Me parece muy bien que los magistrados protesten si consideran que su independencia ha sido violentada, pero sería deseable que no nos tomen el pelo y que no enarbolen la bandera de su voluntariamente inexistente independencia cuando de lo que se trata es de exigir privilegios que a nadie corresponden en democracia.

El Euribor y la pólvora del rey

Ahora que Gordon Brown, uno de esos personajes grises que han sabido moverse bien en la crisis para salir reforzado (bueno, moverse bien y pagar el lavado de cara más caro de la historia con dinero de los contribuyentes), aboga por comenzar a poner en práctica medidas que racionalicen los mercados, además de cruzar los dedos para desear que se piense en el bien común de los ciudadanos, tal vez habría que comenzar a lanzar nuestras propias peticiones: ¿y que tal si las hipotecas se referenciaran al precio oficial del dinero en lugar a algo tan etéreo y, porqué no, manipulable, como el Euribor? Y lo digo como una medida de presente que no me parece nada descabellado si tenemos en cuenta que el dinero que nos van a prestar es nuestro, público, y no me parece demasiado pedir que si los bancos van a tirar con pólvora del rey, al menos no la vendan dos puntos más cara de lo que la compran.

La herencia del más cojo de todos los patos

El que probablemente sea, desde un punto de vista de su autoridad moral, el más cojo de los patos cojos que han contemplado el ocaso de su carrera desde un balcón de la Casa Blanca, ése que, cojeando ya hasta de la pata buena, apenas parecía estar destinado a decir "cua" y no muy alto, sin embargo se ha visto obligado a poner en pie el más ambicioso plan de intervencionismo estatal de su país que no sólo ha marcado la agenda política y económica del mundo, sino que probablemente condicione en grado superlativo tanto el mandato de su sucesor como las políticas económicas globales venideras. No deja de ser llamativo que alguien llamado a ocupar un lugar en la historia únicamente en el capítulo de la gestión nefasta, vaya a extender su influencia hasta muchos años más alla de su retirada y se haya convertido a la postre en un personaje fundamental para entender el siglo XXI no sólo por la crisis económica que su incapacidad ha generado, por haber enfangado nuestro presente y nuestro pasado, sino sobre todo por haber hipotecado nuestro futuro inmediato. Porque no se trata sólo de la valoración ética que merezcan estos planes, sino de algo que podríamos llamar su coste de oportunidad: los recursos destinados a poner en pié a los culpables no pueden ser destinados, por una cuestión de lógica elemental, a ningún otro fin en tanto dure esta situación. Y es tanto el dinero que se sustrae a las políticas sociales, inversiones, infraestructuras, etc, que podemos concluir que no sólo se ha hipotecado nuestro futuro inmediato, sino que además la hipoteca es subprime.

La madre de todas las reuniones

La reunión de ayer de Zapatero y Rajoy, toda vez que no deparó estridencias, sonoros desplantes ni ruido de fondo, no parece interesar en exceso a los medios. La recogen, claro, pero tampoco con mucho entusiasmo. Tal vez sea lógico, que los líderes de los grandes partidos lleguen a acuerdos en temas de estado no debiera ser una noticia espectacular sino una costumbre elemental, sin embargo no lo es y si bien desde un punto de vista democrático lo ocurrido ayer no debiera ser nada fuera de lo común, desde un punto de vista estadístico sí que constituye una rareza que debería ser celebrada para mostrarles el camino.
La lástima es que para una vez que se ponen de acuerdo sea en un tema de importancia tan indiscutible como de moralidad tan en entredicho. Esta espiral de salvamento bancario que parece servir de catarsis a nuestros políticos, deja bastante frío el entusiasmo de los ciudadanos. No deja de ser, por otro lado, digna de mención la sutil translocación ideológica de ambos líderes frente a la crisis, comprobar como la bandera de las empresas o de los ciudadanos no parece enarbolarse ya en función de las ideas, sino de las responsabilidades de gobierno (o de oposición) que se disfrutan.
En cualquier caso, las propuestas de Mariano Rajoy respecto a la transparencia y control de las inversiones derivadas del plan de rescate parecen sensatas y razonables y es de celebrar tanto que él las haga como que el gobierno las acepte, especialmente tras las desafortunadas declaraciones de Solbes en el sentido de que ellos no eran nadie para decir a los bancos como invertir el dinero.

Racismo

Que la negativa de la federación inglesa de fútbol a jugar en Madrid a consecuencia de los incidentes de hace cuatro años sea exagerada en injusta por juzgar a la mayoría por el comportamiento de la minoría, no implica que el fondo de sus acusaciones deba ser despachado con un ataque de chovinismo que a la postre signifique que no se analiza el fondo de la cuestión. Que el comportamiento racista sólo esté presente en una minoría de la población no significa que no exista ni mucho menos que no deba ser tenido en cuenta, despachar un problema como este concluyendo que en los estadios en realidad no hay racismo sino que se insulta a las minorías raciales sólo por molestarles en tanto que rivales es un completo absurdo, porque la trivialización de un problema no lo soluciona, porque no se trata de convencer a los demás de que el problema no existe, de ocultarlo tras excusas más o menos elaboradas, sino de solucionarlo. Y no reconocer un problema es la mejor forma de no solucionarlo, cuando no de agravarlo. En los estadios españoles hay manifestaciones racistas, del mismo modo que, aislada y minoritariamente, las hay en la sociedad. Seamos serios y dediquémonos a perseguir esos comportamientos tan minoritarios como intolerables en lugar de poner paños calientes e ignorar su existencia.

Un poco de política ficción

Imaginemos por un momento el siguiente escenario: una vez el consejo de dirección de UPN ha tomado la decisión de abstenerse en la votación de los presupuestos, a título individual y declarándose abiertamente en rebeldía, llegado el momento sus diputados emiten un voto negativo. El PP obtendría de UPN lo que desea a nivel parlamentario, aunque no a nivel de partido, mientras que el PSOE lo obtendría a nivel de partido, pero no parlamentario. Toda vez que la abstención no deja de ser testimonial porque según la aritmética de la cámara si el gobierno logra los apoyos que se barajan no necesitaría de la abstención de UPN, ¿rompería el PP el pacto de colaboración como ha dicho?, ¿se sentiría el PSOE liberado de su compromiso no escrito de dar estabilidad al gobierno de Navarra?, ¿sería realmente un acto de rebeldía el voto de los diputados contrario a la decisión de su partido o un gesto sobradamente medido y calculado por éste?
Navarra no deja de ser una Comunidad Autónoma más, con la misma importancia que todas aunque con algún que otro privilegio fiscal que ya quisieran muchas para sí, la única diferencia que tiene con el resto en cuanto a la estabilidad del territorio se encuentra en los enardecidos discursos de quienes han hecho, por motivos partidistas, casus belli del alejamiento de los nacionalistas de sus instituciones, no nos jugamos nada vital ni hay ningún drama en las consecuencias de todo esto, pero ahora bien, ¿puede alguien negar que se ha convertido de repente en algo sumamente interesante?

La subida al árbol de la universidad pública

Parece ser que llueve un poco menos sobre las nóminas de los trabajadores de las Universidades Públicas madrileñas ya que, como era de esperar, una vez armado el ruido la Comunidad dice ahora que va a garantizar el cobro de las nóminas de los trabajadores (avalando un crédito, tampoco es que se rasque el bolsillo una barbaridad). Pero ello no la redime ni de haber ingresado un 30% menos sin previo aviso, ni de utilizar los salarios de los trabajadores como moneda de cambio en la lucha partidista, ni de ser la única Comunidad de toda España que ha reducido la subvención nominativa. Pero hay que agradecerlo, así parece que la rebaja drástica en las inversiones duele menos, es la forma que ha tenido Aguirre de decirnos "vuestras inversiones se han subido a un árbol".
Y todo esto en el año definitivo para culminar el tan largo como exigente proceso de convergencia, eufemismo utilizado para dar protagonismo a la iniciativa privada en nuestras Universidades, que si algo bueno tenía era que suponía una oportunidad de mejorar determinados aspectos logísticos, técnicos y de equipamiento y que, vistas las estrecheces, ni para eso va a servir. Convergeremos nominalmente pero en medios y prestigio la deriva rumbo a las antípodas de la excelencia será inexorable.
No se trata ya de que para el año que viene haya que apretarse el cinturón, sino que habrá que pedir prestado un cinturón o una cuerda en su defecto para poder ceñirlo a la cintura, porque el cinturón probablemente hayamos tenido que empeñarlo.
Pero eso sí, a los bancos 50.000 millones de euros en ayudas directas y 100.000 en avales, a coste cero para el ciudadano, claro. La culpa es nuestra por dedicarnos a transmitir conocimiento, investigar e innovar en lugar de a provocar agujeros negros financieros, poner en jaque los sistemas financieros mundiales y estafar el dinero de los contribuyentes, requisitos previos imprescindibles para recibir ayuda de ahora en lo que las arcas públicas se recuperen de la anemia.

Zapatero y la derogación de la ley de Murphy

Se me ponen los pelos como escarpias cuando escucho a nuestro presidente decir que las nuevas medidas tendrán coste cero "si todo sale bien" y "los mercados responden", lo primero porque me gusta pensar que mi seguridad económica depende de algo más que del azar y me temo que a no ser que las competencias del presidente Zapatero le alcancen para derogar la ley de Murphy, (aunque tratándose precisamente de ella probablemente después el constitucional tumbara la derogación) no es una forma muy adecuada de anunciar las posibles repercusiones de unas medidas destinadas precisamente a paliar la falta de confianza, y lo segundo porque si algo queda claro es que el mercado, por intervenido que esté o prevea llegar a estar, sigue siendo libre no sólo nominalmente, sino en lo que a su caprichosa voluntad y su tendencia a la histeria se refiere.

La trampa de la sanidad en Madrid

Una cosa me llamó la atención poderosamente del extenso reportaje que Público dedicó este domingo a las políticas de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, a saber, si el nuevo modelo de gestión de los hospitales se basa en que la Comunidad paga una cantidad determinada por cada habitante de la zona a la que da servicio el mismo y luego resulta que esos hospitales tienen un ratio de habitantes/médico cinco veces mayor que la media de la Comunidad (y tres veces menos camas por cada mil habitantes), la más alta de España, por cierto, ¿no es una soberbia tomadura de pelo? Se paga por número de habitantes y sin embargo a esos ciudadanos se les ofrece un servicio manifiestamente más insuficiente que a aquellos que tienen la suerte de que les corresponda un hospital de gestión tradicional. Puesto que se opta por un modelo de gestión privado, es decir, por un negocio, ¿no sería más apropiado pagar a la empresas gestoras en función de los resultados de su trabajo, es decir, por los pacientes atendidos, que engordar la cantidad abonando por unos servicios a la totalidad de los habitantes que por sus limitaciones de infraestructuras de todos modos no se van a poder prestar?¿No es acaso la interpretación más favorable para la empresa y menos para la Comunidad de todas las posibles?
Una cosa más, tampoco pasa desapercibido que los primeros hospitales inaugurados por la Comunidad cedieran sólo la gestión administrativa mientras que los últimos también lo hacen con la sanitaria. No me imagino como será la sanidad dentro de unos años si la sra. Aguirre continúa en el Gobierno de la Comunidad y no se detiene esta escalada privatizadora.
Desde la Comunidad alegan que este modelo no sólo abarata los costes de gestión sino que abarata y acelera los de la propia construcción y puesta en funcionamiento. Lo segundo ya se ha demostrado falso, porque lo que era una ventaja sobre el papel no se ha visto refrendado por la realidad ya que los incumplimientos de plazos de entrega de las obras han sido notorios y la puesta en funcionamiento en general ha sido lenta y se ha hecho a medio gas. Ahora bien, hay una verdad incotrovertible en la que también se escudan, es cierto que es mejor que existan estos hospitales aun con funcionamiento deficiente y modelo de gestión discutible, que no existieran en absoluto, ¡faltaría más! Pero los poderes públicos no son empresas privadas, no es una simple cuestión de objetivos, de rutilantes catálogos de oferta de servicios, es su obligación mantener en todo momento un compromiso firme con la excelencia de esos servicios que ofrece, con la eficacia, gratuidad y universalidad de los mismos, con la igualdad de oportunidades de los ciudadanos para acceder a los mismos, con el escrupuloso respeto a la privacidad de sus datos personales, con la efectividad, con los tiempos de espera, en fin, con todo lo que se ve comprometido con un modelo de gestión privada. A una administración pública no se le debe exigir simplemente que haga cosas, sino que las haga bien, es más, que las haga de la mejor manera posible, y eso es lo que no está ocurriendo con la sanidad en Madrid, mejora en cantidad y en apariencia, pero se empobrece dramáticamente en calidad.

Inmoralidad no vinculante

Como en casi todos los temas de los que uno no sabe mucho pero le interesan, trato de suplir mi falta de conocimientos generales sobre economía con cantidades ingentes de información de muy diverso signo para tratar de llegar a conclusiones lo menos sesgadas posibles. En este caso no lo consigo, es decir, no sabría explicar la crisis más allá de los datos conocidos por todos, pero sí que he llegado a una conclusión si no incontrovertible sí con ciertos visos de realidad, y es que tanto partidarios como detractores de los planes de rescate gubernamentales los consideran, en mayor o menor grado, una inmoralidad. Los unos, quienes los justifican, con mayor o menor sonrojo admiten (a veces no explicitamente) la inmoralidad de la situación, pero creen que la intervención es necesaria porque con ello se evita un mal mayor. Los detractores sin embargo argumentan que no es necesaria porque no soluciona el problema, sino que en el mejor de los casos lo demora y en el peor lo alarga y lo agrava. Hay partidarios de que las cosas sigan su curso natural para que la economía se sanee a costa de los responsables de que haya enfermado, algo que desde luego no suena descabellado.
Sin embargo no he escuchado a nadie, y hablo de políticos y gobernantes, posicionarse en contra de las intervenciones no porque no vayan a ser efectivas, sino precisamente porque son inmorales. Hay quien las aplicaría pese a su falta de ética y quien no las aplicaría independientemente de dicha falta, pero no se suele escuchar a nadie diciendo que no se va a hacer algo que es inmoral a todas luces y que por el contrario se van a destinar todos los recursos públicos posibles a hacer más llevadera la carga a los ciudadanos. No sé, puede que esté ya completamente desorientado, pero a mi me parece una opción perfectamente razonable y me pregunto si hemos llegado a un punto en que la justicia de las cosas verdaderamente no importa o realmente es que nuestros dirigentes, gozando como gozan de más conocimientos e información, se justifican en un bien mayor, que no es necesariamente sinónimo de común ya que bien podría tratarse de una preocupación por salvaguardar un sistema que proporciona no pocas prebendas a quienes tratan de salvarlo y no necesariamente que su preocupación nazca de la búsqueda de lo mejor para la ciudadanía, pero ojalá lo sea en esta ocasión.

Rectificar es de sabios (que se han equivocado previamente)

Hace unos días decidí ejercer de oráculo, algo para lo que evidentemente no estoy especialmente dotado, y vaticiné una nueva oleada demagógica por parte del Lehendakari Ibarretexe a cuenta de la sentencia del Supremo que permitía realizar un referendum en Almuñecar para decidir sobre su PGOU, algo que no ha ocurrido. Como ni él mismo ni nadie de su partido ha dicho nada al respecto, considero oportuno, necesario, rectificar mi primer escrito y expresar públicamente mis disculpas por haberle atribuido un comportamiento que, si bien ha sido prácticamente una constante de su mandato, finalmente no se ha dado. No sé si rectificar me hace más o menos sabio, de hecho creo que la rectificación no entra en el campo de la sabiduría sino en el de la elegancia, pero en cualquier caso es una obligación moral.
Si este súbito ataque de sensatez es un hecho aislado o marca una tendencia para la futura línea política del PNV es algo que desconozco, pero como tampoco acostumbran a darnos muchos motivos, aunque se trate de un espejismo conviene que nos alegremos por él.

Los malos ejemplos

Existe un cierto temor entre determinados círculos de opinión a que el actual estado de las cosas, en el que se ha recurrido con tambores y fanfarrias a la intervención estatal como al Moisés que ha de guiar al desorientado sistema financiero hasta la tierra prometida, por más que existan serias dudas sobre la eficacia de los diques de contención que se han construido para abrir las aguas a su paso y quien más quien menos haya creído ver más de una filtración, a que ese afán intervencionista se extienda a todos los ámbitos de la vida, esa vieja máxima liberal según la cual todo lo que no se ajuste a su sistema está abocado al totalitarismo. Como si una cierta intervención en la economía llevara implícito un camino a la dictadura, como si no existieran teorías políticas que defienden la libertad individual de las personas, el derecho a la no injerencia arbitraria en la esfera privada de los ciudadanos, a la no dominación, a la vez que un estado fuerte que sirva de garante a la igualdad, la justicia, etc. Como si el republicanismo cívico no fuera un valor al alza, un referente en la actual concepción progresista de la política. Como si tomar las cautelas necesarias en forma de reformas del sistema que eviten que esto vuelva a suceder sea un ataque a la libertad, en lugar de una exigencia moral.
Desgraciadamente, siempre hay quien se encarga de proporcionarle oportunamente con su torpeza excusas a aquellos con quienes discrepa, de forma que en lugar de poder decir alto y claro que esos temores son absolutamente infundados, delirantes, tiene que venir el gobierno tripartito de la Generalitat a darle una excusa a quienes sienten dichos temores legislando sobre algo que desde cualquier punto de vista compete única y exclusivamente al círculo íntimo de decisión de las personas, aquel en el que ningún gobierno o institución debe interferir, una injerencia arbitraria en toda regla. Porque no dudo que, si esa es la opinión de los expertos, sea positivo que los niños adoptados conozcan su orígen, pero la diferencia entre ejercer un papel de gobierno responsable y una interferencia intolerable en el ámbito privado de los ciudadanos está precisamente en legislar sobre ello, en lugar de informar, convencer o explicar a los padres los motivos por los que su hijo debe conocer su condición de adoptado, y que ellos obren en consecuencia, sino obligarles a que se lo digan "cuando tengan edad de comprenderlo" y en cualquier caso "antes de los doce años". ¿Y como piensan garantizar tal cosa?
Desconozco completamente si es bueno o no y en cualquiera de los dos casos el porqué, pero que un gobernante se plantee hacer una ley para regular un aspecto tan íntimo de las relaciones familiares, además de ianudito, resulta sencillamente inmoral.

Los miembros de la banda

En la entrada de ayer de este blog titulada La parábola de Nobor Dooh, decía que esa imagen especular de principios contrarios a Robin Hood en que se había convertido el sistema financiero mundial era responsable del mayor robo de la historia, aunque para ello el ladrón, además de cambiar de ideales había renunciado a su corporeidad para transformarse en un determinado modo de hacer las cosas, esa alquimia financiera causante de la crisis internacional. Sigo creyendo lo mismo, pero tras leer el siguiente fantástico artículo de El País, me he dado cuenta de que si bien el responsable máximo de este desastre es una determinada filosofía financiera, ello no obsta para que algunos de los miembros de la banda tengan nombres y apellidos, como esos directivos de AIG cuya primera acción tras recibir millones de los contribuyentes se gastaron 440.000$ en una cena que incluía servicios de manicura, pedicura y tratamientos faciales y que se justificaron diciendo que tales cosas eran tan básicas como el salario, porque suponen recompensar el trabajo. El trabajo mal hecho, claro, porque esa es una de las características de esa casta superior de ejecutivos, no tienen que responder por los resultados de su gestión y si llevan a su empresa a la quiebra, lo único que sucede es que obtienen una indemnización millonaria si es que la maltrecha economía que dejan tras su nefasta paso permite que la empresa les despida como antes han hecho ellos con miles de trabajadores.
El sistema ha permitido que de 1976 a 2007 los emolumentos de los grandes ejecutivos pasen a ser de 36 veces superiores al salario medio de la empresa a 275 veces, y eso es algo sobre lo que todos debemos reflexionar y solucionar para el futuro, pero la responsabilidad individual por la gestión concreta de cada uno de estos ejecutivos puede y debe tener repercusiones penales y es a la justicia a quien le corresponde reflexionar sobre ello.

McCain y la fiabilidad de los árabes

La mayor parte de la prensa se hace eco de los abucheos que han recibido ambos candidatos presidenciales estadounidenses por defenderse mutuamente ante algunos de sus seguidores especialmente enfervorizados. El caso de McCain es preocupante porque la defensa fue en los siguientes términos, cuando su interlocutora le dijo que no se fiaba de Obama porque había leído sobre él y era un Árabe, él contestó que no, que Obama es un hombre decente, un ciudadano con el que simplemente mantiene desacuerdos en temas fundamentales. En principio es digno de elogio que el candidato haga un llamamiento al sosiego y la cordura poniendo de relieve que no hay más que diferencias de criterio entre los contendientes, pero es una lástima que para hacerlo haya tenido que faltarle el respeto a todos los árabes, es decir, cuando la señora le dice que Obama no es de fiar porque es árabe, no le responde que se equivoca, que es una persona decente independientemente de que fuera árabe o no, musulman o católico, negro o blanco, alto o bajo, guapo o feo. Lo que contesta es que no es verdad que sea árabe y por tanto sí es de fiar. Lógicamente, si fuera árabe no lo sería, según sus palabras. ¿Un sencillo desliz, una mala elección de las palabras o una mala interpretación por mi parte? Ojalá, pero mientras tanto lo que parece deducirse del incidente es francamente preocupante.

La parábola de Nibor Dooh

Han sido precisos muchos siglos para que Robin Hood extienda su actividad desde sus originarios bosques de Sherwood a todo el planeta, pero para ello, paradojas de la globalización y la modernidad, ha sido necesario que se transmutara en su imagen especular, parecida en apariencia pero exactamente contraria en su orientación, y así, Nibor Dooh, que tal sería el nombre que en lógica consecuencia le correspondería, ha conquistado el mundo robando a los pobres para cederles graciosamente el botin a los ricos. Ha sido necesario que cambiara de profesión, necesidades del guión, de bandolero, dedicación romántica en su momento pero poco efectiva para sus fines, a economista, o mejor, a alquimista financiero, y tuvo que abandonar el arco y las flechas para obtener otras más apropiadas a su profesión, y así, armado de teléfonos móviles, conexiones a internet y muchas dosis de ingeniería financiera, y con una legión de brokers, banqueros, especuladores y políticos a su servicio que sustituyeron a sus primigenios forajidos, por fin ha logrado el mayor éxito global que se recuerda, un robo a escala planetaria que jamás hubiera podido imaginar asiendo su arco y sus flechas en la tan lejana paz de sus bosques ingleses. Ha sido necesario renunciar a su corporeidad misma, es decir, ya no es una persona sino más bien una forma de vida, un sistema económico, y también ha debido subvertir sus principios, primero al cambiar la lucha por la libertad por la de la libertad del mercado, y después la del libre mercado por el intervencionismo "de rescate" que se ha mostrado como el arma definitiva en su cruzada contra el inmoral desperdicio de dinero en ahorros de personas anónimas cuyo empeño en emplear su dinero en comprarse casas, montar modestos negocios y dar de comer a sus familias les ha convertido en seres incapaces de pensar a lo grande, de darse cuenta que el dinero no existe hoy día para eso sino para las grandes operaciones especulativas, para esa incomprensible alquimia financiera que encierra tanta belleza en sí misma para aquellos capaces de comprenderla que, a sus ojos, justifica el sacrificio de millones de personas necesario para lograrlo.
Nibor Dooh ha logrado lo que jamás Robin Hood se atreviera a soñar, y aunque para ello ha sido necesario traicionar todo aquello en lo que originariamente creía justo y noble, ha merecido la pena porque, ¿acaso no es ese el signo de los tiempos, el de los fines que justifican los medios hasta el punto que ya ni unos ni otros tienen más importancia que el dinero que se genere por el camino?

El respeto a las víctimas

No deja de sorprenderme la pretensión de algunas personas acerca de que las víctimas del terrorismo deban mantener una postura única, monolítica, según la cual cuando una de ellas se desmarca de lo que es el discurso más o menos mayoritario se declaran decepcionados con ella o simplemente incapaces de comprenderla, cuando no se recurre a descalificaciones mayores. Ingrid Betancourt tiene todo el derecho del mundo a mantener la posición intelectual que desee respecto a las negociaciones con terroristas o a cualquier tema que le parezca oportuno, lo que no es de recibo es que se nos venda que por una cuestión de sensibilidad, de respeto al dolor y al sacrificio, las opiniones y argumentos de las víctimas deban mantenerse al margen de la crítica y que quienes más encendidamente defienden ese argumento, critíquen ferozmente a las víctimas que expresan opiniones diferentes de las "oficiales".
Mostrar respeto hacia aquel con quien se coincide no tiene ningún mérito, mostrárselo a aquel con quien se discrepa profundamente sí, pero sobre todo no se puede pedir para sí mismo lo que no se aplica a los demás. Tanta consideración merecen las víctimas que apoyen el dialogo como las que no y haríamos muy bien en no convertir a las víctimas en un nuevo campo de batalla sectario.

¿Para quien es ahora Navarra un peón?

Que me aspen si la decisión de Mariano rajoy de quemar las naves en la negociación con UPN anunciando la ruptura de su pacto en caso de la abstención de éstos en la votación de los presupuestos no constituye su mayor error estratégico desde que está al frente del partido. No porque vaya a entregar Navarra a los nacionalistas, mucho me extrañaría que a las postre en las siguientes elecciones no acudiesen ambos partidos juntos a las urnas, sino por la preocupante imagen de absoluta intransigencia que se desprende de este proceso. El presidente de Navarra se ha cuidado muy bien de explicar sosegada y argumentadamente el porqué de su decisión, y haya convencido de ello o no lo cierto es que difícilmente nadie con mediana independencia de criterio puede considerarle responsable de la ruptura, mientras que el PP se ha limitado a decir que o bien se hace lo que ellos quieren o se rompe la baraja, sin explicaciones ni alternativas, una triste demostración más de la ausencia de democracia interna de nuestros partidos. Y sin embargo, pase lo que pase ahora, es difícil creerse que de un modo u otro cuando se convoquen nuevas elecciones las aguas vuelvan a su cauce, proque a UPN le queda la posibilidad de gobernar con el PSOE, ¿pero que le queda al PP en Navarra?

Lo dicho, si se sabe que de todas formas nada va a cambiar a la larga, ¿que necesidad hay de dejarse en el camino la imagen de responsabilidad y tolerancia que se pudiera tener?

La misteriosa propensión a las declaraciones sorprendentes

Inquirido por las cautelas que tomará el Gobierno para garantizar que el dinero que se dispone a inyectar en el sistema a través de los bancos, el ministro Solbes ha dicho que no es tarea del Gobierno vigilar lo que hacen los bancos con sus carteras de activos, algo que estaría muy bien a no ser porque tampoco lo es prestarles (o invertir en ellos) 50.000 millones de euros de los contribuyentes y eso no parece detenerle.

El portavoz Alonso, juez de profesión, también parace haber declarado que es lógico que los jueces adapten la aplicación de la justicia a sus convicciones ideológicas personales, lo cual estaría muy bien de no ser porque al no ser los jueces cargos electos sus convicciones, opiniones, estados de ánimo, filias, fobias o manías personales son tan irrelevantes en el ejercicio de sus funciones como la climatología del día o el menú de la cafetería del juzgado. Lo contrario en nuestro sistema es aberrante y no deja de sorprender que alguien con la apariencia de sensatez que transmite el portavoz sea capaz de decir semejante aberración. Mucho tienen que haberlo sacado de contexto para que en el original resulte aceptable.

Estando así las cosas tengo una gran expectación para ver cual es el próximo miembro del gobierno (o personalidad del partido, que no olvidemos que los fines de semana acostumbra Blanco a regalarnos sus filípicas) nos sorprenderá con una nueva puesta a prueba de nuestra capacidad de comprensión y pensando en ello me doy cuenta de lo difícil que es apostar por alguno de los miembros de este gobierno tan plagado de personajes tan dignos y respetables como propensos a la excentricidad oratoria.

El papel de los sindicatos según González

Según don Ignacio González, Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el papel de los sindicatos no es cambiar el modelo de gestión político y las decisiones políticas de un Gobierno mayoritariamente refrendado por los madrileños, lo cual es cierto hasta cierto punto, es decir, los sindicatos deben velar por la calidad de las condiciones de trabajo y, consecuentemente, del servicio que presta la empresa a cuyos trabajadores representan y eso independientemente del modelo de gestión o de las decisiones políticas que subyazcan detrás de él. Si el sr. González considera que luchar por unas buenas condiciones de trabajo que garanticen un buen servicio público es sinónimo de cambiar el modelo de gestión que su gobierno ha implantado, reconoce implicitamente que dicho modelo no garantiza ni las unas, las condiciones de trabajo dignas, ni lo otro, un servicio público de excelencia. El sabrá porqué dice lo que dice, pero si yo fuera Esperanza Aguirre estaría tremendamente molesto con él.
Dice también que lo que están haciendo los sindicatos, "acoso" a un consejero y "boicot" a un servicio público, según él, "no es democrático, ni es legítimo ni es aceptable". Es decir, que la protesta lógica ante el mal funcionamiento de unos servicios, el ejercicio de un derecho fundamental, la movilización ciudadana, ni son legítimas, ni son democráticas, ni son aceptables. A los consejeros de la Comunidad de Madrid no se les puede protestar, no se puede discrepar de sus decisiones puesto que para eso han ganado unas elecciones y manifestar públicamente esas discrepancias no es aceptable. Me va a perdonar el sr. González, pero lo que no es legítimo, democrático, ni aceptable es su concepción de un sistema democrático, su intolerable intento de limitación de la libertad de expresión de los ciudadanos y su reinterpretación del papel de los sindicatos como una sumisas agrupaciones culturales que refrenden sin más sus decisiones de gobierno. Si quiere reinterpretar los valores fundamentales de la democracia, allá él (a título personal es muy libre de mantener el grado de lealtad que desee con nuestro ordenamiento constitucional, pero no así en el ejercicio de su cargo, en el que debe respetuarlo escrupulosamente), pero sobre todo que no trate de trasladar la carga de su falta a quienes cumplen con el papel que nuestro sistema les reserva. ¡Para que luego digan que no es necesaria la Educación para la Ciudadanía!

Gallardón y la dignidad

Coincido con el sr. Gallardón en una cosa, la publicidad no debe ser la manera más edificante de ganarse la vida, dudo que uno se sienta realizado como profesional ni como persona por el hecho de prestarle su imagen a un producto en el que probablemente no crea. Ahora bien, ¿indigno? No voy a entrar en disquisiciones sobre la indignidad o no de según que trabajos, pero prohibir un medio de vida (de gente humilde, ademas) porque en opinión personal de un regidor resulte indigno, es de una arrogancia tan extraordinaria que es sorprendente que quepa dentro de una sola persona.
De todos modos, puesto que el sr. Gallardón presume de ser una persona consecuente, cabe suponer que dará los pasos subsiguientes sin dilación y prohibirá las vallas publicitarias en las que aparezcan representaciones de personas, eliminará la publicidad institucional en la que aparezcan actores o ciudadanos del ayuntamiento de todos los medios de comunicación, prohibirá cualquier actividad cuyos participantes hagan publicidad de alguna marca, empezando por el fútbol, y prohibirá que cualquier personaje público haga declaraciones delante de un mural con marcas patrocinadoras de los que están tan de moda. Y, ya que nos ponemos, la ropa de marca, porque sin duda en indigno que una persona se vea obligada a lucir un cocodrilo, por ejemplo, sin ni tan siquiera recibir una remuneración por ello.
Y por supuesto les proporcionará un trabajo alternativo a aquellas personas cuyo desmedido afan regulador deja en el paro.
De lo contrario, si no predica con el ejemplo y dirige su exigencia moral a alguien más que los cuatro gatos que a duras penas ganan el salario mínimo que se dedican a hacer publicidad por las calles dl centro, los ciudadanos tendremos todo el derecho a sacar conclusiones muy poco halagüeñas sobre su catadura moral.

Arrogancia, ignorancia

Generalmente, los primeros días tras el anuncio del premio Nobel de literatura especialmente poco conocido, se podía ver cómo los medios buscaban afanosamente como llenar el hueco que ese desconocimiento les dejaba tirando de hemerotecas, entrevistas o recursos en general bastante cubiertos de polvo, cualquier cosa para evitar evidenciar el fuera de juego tan notable en que habían quedado con la designación. Y dentro de la gente de la cultura era una tarea imposible encontrar a alguien que reconociera su desconocimiento.
Sin embargo algo ha cambiado este año, no sólo se reconoce abiertamente la ignorancia sobre el tema, sino que se cuestiona la designación e incluso se muestra indignación porque ésta no ha recaído en un candidato del gusto del periodista.
Esto forma parte de la creciente percepción del mundo en blanco y negro que nos asola, nuestros creadores de opinión pierden la escala de grises con la misma velocidad que aquello que deben interpretar se complica. Entre la reacción algo cateta de antes y la arrogante de ahora hay un término medio evidente, no pasa nada por reconocer la ignorancia sobre un tema concreto, pero juzgarlo reconociéndola es ciertamente llamativo. Sugeriría a los periodistas que critican esta designación en lugar de, por ejemplo, Vargas Llosa, y peor aun, que la achaquen a los supuestos prejuicios ideológicos de la academia como han hecho esta mañana en Onda Cero, que lean primero a Jean-Marie Gustave Le Clézio y después, si lo estiman oportuno, lo critiquen. Eso de decir "yo no sé nada de él pero no me parece bien su designación" debería estar expresamente prohibido en todos los manuales de ética periodística, porque reconocer que se critica algo sin conocerlo no deja en el mejor lugar a quien lo hace.
Hace unos años, yo caí en la tentación de hacer algo similar con Coetzee, para mi completamente desconocido en el momento de su obtención del Nobel, sin embargo lo leí y con ello descubrí a quien se ha convertido no sólo en uno de mis autores preferidos, sino que tengo el pleno convencimiento de que es uno de los mejores escritores vivos, así que antes de decir si este premio lo merecía más quien lo ha ganado o bien otra persona, leeré al ganador. No creo que exigir a quienes viven de la información u ejercicio de responsabilidad similar.
Afortunadamente, la calidad literaria de un autor aun no se mide por su difusión ni por sus ventas.

Los regalos de Chicote

Es notable reseñar el don de la oportunidad de algunos personajes públicos con ocasión de la crisis económica, por no hablar de su absoluta falta de sensibilidad social. En este catálogo de personajes que muestran una cara, por decirlo suavemente, maliciosa, que bien podría haber glosado Borges en su Historia universal de la infamia, irrumpió ayer con fuerza Guillermo Chicote, el presidente de APCE (Asociación de Promotores y Constructores de España), con la siguiente lapidaria afirmación: "que nadie espere que [los pisos] bajen un 30% ó un 40%, antes se los regalo al banco". Analicemos la frase. La bajada del 30% o del 40% incluye las que ya se han producido, es decir, se refiere a un 30% de rebaja del precio que tenían en el momento álgido de la burbuja inmobiliaria, cuando éstos tenían un sobreprecio muy superior al de la rebaja, o sea que traducida la sentencia a un lenguaje más respetuoso con la verdad, el sr. Chicote dijo ayer que antes de venderle los pisos a los españoles a un precio justo, prefiere regalárselos al banco. Imagino que el mencionado regalo no sería tal, sino que se refiere a no pagar sus créditos y que en consecuencia el banco se los quedara, pero la forma tan arrogante y despreciativa hacia los ciudadanos que escogió para decirlo describe desgraciadamente muy bien al personaje. Pero es muy libre, cada uno se descalifica a sí mismo como quiere.
Una cosa más, si algo hemos demostrado los españoles es que somos capaces de endeudarnos hasta el límite de nuestras posibilidades para conseguir una vivienda en propiedad (hablo de la primera vivienda, que especuladores en esto también ha habido y muchos), lo cual, además de lo equivocado de nuestro modelo, habla claramente de una cosa: si ahora no compramos pisos no es porque estemos esperando aviesamente con las ofertas inmobiliarias en una mano y la calculadora e la otra que llegue el momento en que los promotores inmobiliarios se vean obligados a vender los pisos por debajo de su precio de coste para poder llevar un pedazo de pan a sus hijos, sino que simple y llanamente no podemos permitírnoslo, de modo que no debe preocuparse el sr. Chicote, en cuanto la situación se normalice y vuelvan a darnos créditos podrá seguir robándonos con ambas manos, ya que hacerlo con una sólo le resulta insuficiente, y no se verá obligado a regalarse sus pisos ni a los bancos, ni a sus familiares, ni a nadie. Ya habrá quien se vea obligado a poner en riesgo su seguridad económica y la de su familia para evitarle verse en el desagradable trance de tener que regalarle nada a nadie.

La personalidad del Euribor

Curiosa aunque no sorprendentemente, bajan los tipos de interés pero sube el Euribor. Las bolsas parece que repuntan, el dinero público inyectado en el sistema garantiza la reactivación de los prestamos interbancarios, parece ser que se abren líneas de crédito a PYMES y familias, y sin embargo el Euribor sube. Por la desconfianza de los mercados, dicen los expertos. Hay muchas interpretaciones a esta paradoja, pero yo, egoístamente, voy a fijarme en el tema con la mirada simple e inocente de lo que soy, un ciudadano hipotecado: a partir de ahora y gracias al dinero público (o sea, mi dinero), a los bancos les va a costar menos el que pidan prestado, sin embargo a mi, que pago la rebaja del dinero de los bancos, me va a costar más caro el que he pedido prestado yo y no para especular con él, sino para pagar mi primera y única vivienda. Yo no se a los demás, pero a mi me parece que en algún punto del proceso alguien debe haberme tomado el pelo porque pago dos veces por la crisis mientras que quienes la han provocado no pagan ninguna y algunos incluso se lucran.
Si a esto le sumo que como funcionario público de la Universidad madrileña la presidenta de mi Comunidad ha decidido jugar con mi nómina supongo que con el único fin de culpar (de forma tan absolutamente falsaria y demagógica como efectiva entre sus fieles) de la catástrofe, si se consuma, al ejecutivo central con el tan tautológico, como falaz y conocido argumento "Zapatero maltrata a Madrid", pues cabe comprender mi enfado. Tengo la esperanza de que la estrategia sea simplemente crear inquietud, que esta desemboque en mucho ruido, culpar entonces convenientemente al gobierno y después aparecer como la abnegada salvadora de los madrileños sojuzgados por un gobierno que les castiga por su mal tino a la hora de votar, pero nunca se sabe, tal vez vaya en serio y realmente esté dispuesta a poner en riesgo el cobro de las nóminas de los trabajadores públicos. Si algún político hay en el mundo capaz de atreverse a semejante órdago, sin duda es ella porque otra cosa no, pero valiente lo es un rato.
Pero como soy un prodigio de civismo y no un avieso sindicalista, ni afiliado ni mucho menos liberado, confío en que la sra. Presidenta respete mi derecho a la crítica (llámese pataleo si se quiere) sin tildarla de instrumentalización partidista, de muestra de sectarismo o de agresión. Claro que si mi insolidaria pretensión de recibir una justa remuneración por mi trabajo con la que poder pagar la casa en la que vivo le resulta subversiva, antiliberal o, que se yo, comunista a mi muy liberal presidenta, civilizada y obedientemente le pediré disculpas. No quisiera verme en un informativo de telemadrid con una flecha roja sobre mi cabeza y un letrerito en el que pusiera "incubo rojo" o algo similar.

Las condiciones imposibles

Decir que no se apoyará el plan de rescate si no se crea una comisión parlamentaria que vele por la transparencia en el gasto de los fondos, además de aportar una buena iniciativa puede ser percibido como una postura constructiva y la búsqueda de un consenso, algo loable con la que está cayendo por esa costumbre tan inconveniente de los partidos de nombrar portavoces con lenguaje articulado, ¡con lo que mejoraría la política con una medida tan sencilla como hacer que se callaran, por ejemplo, Blanco y González-Pons!
Sin embargo decir que no se apoyará el plan de rescate si no se retiran los presupuestos es un gasto superfluo de tiempo y palabras porque más valdría decir claramente que no se apoya y ahorrarse esfuerzos suplementarios. No creo que haya ningún gobierno del mundo dispuesto a aceptar semejante órdago y desde luego de ningún modo puede percibirse como una postura constructiva. Sí lo sería presentar enmiendas parciales de modo que se consiguiera llegar a unos presupuestos más o menos pactados, como propone Miguel Sanz quien, por cierto, me ha sorprendido hoy favorablemente en su entrevista radiofónica por su serenidad, su claridad expositiva y sus recursos (independientemente de que coincida con él o no en sus argumentos, que tampoco son descabellados), sin embargo no seré yo quien critique a ningún grupo por ejercer su derecho de presentar una enmienda a la totalidad a la iniciativa legislativa que considere oportuno, ¡hasta ahí podríamos llegar! Pero es que exigir la retirada de unos presupuestos y presentarles una enmienda a la totalidad son cosas tan diferentes como un ejercicio de hipocresía y uno de derecho, incluso de responsabilidad llegado el caso.
Así que haría muy bien el PP en dejarse de circunloquios y condiciones imposibles y colaborar en lo que considere oportuno y decir claramente qué es aquello en lo que no está dispuesto a hacerlo (no apoyar el plan por la sencilla razón de que no se coincide con él no es ningún desdoro, si se explica). Llegado el momento, ya juzgarán los electores si lo hacen por convicción o como irresponsable ejercicio de desgaste del gobierno.

Del miedo y la libertad

Es un lugar común recurrente estos días ese que reza que el miedo es libre, y no cabe duda que lo es. Lo que no es libre es la responsabilidad, que es obligada, es decir, uno es muy libre de sentir el miedo que considere oportuno, de hecho difícilmente puede evitarlo, pero nada obliga a convertirlo en el leit motiv de su actividad. Hay cosas que, por mucho miedo que den, deben hacerse igualmente por una cuestión elemental de responsabilidad. Evidentemente esto es un reproche a los grandes inversores, a los especuladores más bien, no se puede criticar a quien se ve en la coyuntura de perder sus ahorros, pero si resulta pertinente exigir a los grandes inversores y a los especuladores un cierto sosiego y que la responsabilidad que no demostraron en el origen de la crisis, la pongan ahora en práctica y en lugar de exigir más y más recursos públicos arrimen el hombro como nos va a tocar hacer a todos.

Alumnyekar

La imaginación, en ocasiones, es ciertamente traicionera. Ayer, cuando leí la noticia que informaba sobre la decisión del Tribunal Supremo de permitir a Almuñecar convocar un referendum para decidir sobre su Plan General de Ordenación Urbana, no pude evitar visualizar con claridad meridiana al Lehendakari Ibarretxe afilandose la lengua con el demagógico argumento de comparar su propia consulta con la de este municipio, y francamente, no era una imagen estéticamente agradable de ver.
Siempre he defendido que el único argumento contrario a la consulta de Ibarretxe era su imposibilidad legal, de modo que en un primer momento me sorprendió la sentencia, pero como las noticias afortunadamente son más que los titulares, una vez leída quedaba meridianamente claro que son casos completamente distintos y que sólo el hecho de que el PGOU sea competencia exclusiva del ayuntamiento permite que la sentencia se emita en el sentido que se ha emitido.
De todas formas cosas como la verdad o la racionalidad de los argumentos nunca han detenido al sr. Ibarrtetxe, así que debemos atarnos los machos y prepararnos para una nueva ofensiva victimista sobre el tema. Después de todo no vendrá mal, pese a su rango institucional lo cierto es que la cerrada defensa de Ibarretxe de la consulta hace tiempo que devino es espectaculo cómico, aunque sin gracia, así que al menos nos distraerá un rato de la crisis económica.

Y mientras tanto, Aguirre a lo suyo

Si algo hay que agradecerle a la situación de crisis económica es que gracias a ella nuestros dirigentes están mostrando su verdadera cara, hasta ahora oculta tras un discurso tan encendido de defensa de los servicios públicos esenciales como alejado de la realidad. Es bien conocido el contencioso que mantiene la Comunidad de Madrid con los trabajadores del sector sanitario, lo que no lo es tanto es la noticia que ha saltado hoy a los medios, los nuevos gastos superfluos que Aguirre ha decidido eliminar para sobrellevar la crisis: las nóminas de los trabajadores de la educación pública, segun informa El País. No es un recorte de inversiones, de infraestructuras e incentivos, sino del capítulo 1, el destinado a pagar las nóminas. Y del 30% (10% anual, pero con efecto retroactivo). Y no olvidemos que este recorte se hace con dinero del presupuesto en vigor, con dinero ya comprometido y no con los presupuestos del año que viene. Se ve que bien la educación, bien los trabajadores, bien ambos, no son para la presidenta de la comunidad dignos del mismo respeto en sus discursos que en sus presupuestos. Es difícil de creerse el tantas veces anunciado compromiso de la Comunidad con la excelencia de las Universidades Públicas. Esta medida, además, se ha tomado por sorpresa, sin aviso previo ni posterior, simplemente se ha ingresado menos dinero y que las universidades se apañen como puedan, que es recurriendo al dinero de las matrículas. Es lógico, simplemente un paso más en favor de la educación privada, si hasta ahora simplemente se pretendía favorecer a esta de cara a quienes estudiaban en ella, ahora tambien se pretende hacer de cara a quienes trabajan. Después, cuando haya protestas, se dirá que es una agresión injustificada a los miembros del gobierno, que es una demostración del sectarismo de la izquierda, etc, porque es evidententemente injusto protestar por algo así, ¿que hay acaso más de izquierdas que el altruismo? ¿De que nos quejamos si nos dan la oportunidad de trabajar sin cobrar para proporcionarle un bien de interés general a la sociedad? Tiene razón la sra. Aguirre, es necesario ser muy sectario para criticar que de todas las medidas que se pueden tomar para superar la crisis, precisamente se recorten las nóminas de los trabajadores de la educación pública y no, por ejemplo, los gastos de publicidad institucional, o los fastos inaugurales de un teatro, o una superproducción cinematográfica para mayor gloria de los sentimientos identitarios de los madrileños, el expediente de austeridad ya quedó cubierto con las tan estéticas y vendibles supresiones de consejerías, así que lo que hay que hacer es agradecerle la emoción de si se va a cobrar o no y la oportunidad de trabajar altruistamente, para eso somos trabajadores públicos, si queríamos cobrar deberíamos habernos empleado en el sector privado.

Más que una cuestión gramatical

Se extraña Carlos Rodríguez Braun, columnista económico del programa de Carlos Herrera, de que todos los titulares se hagan eco del desplome de las bolsas pese a las medidas gubernamenteales y ninguno lo haga del desplome de las bolsas a causa de las medidas gubernamentales. No es una simple cuestión gramatical, de estilo, la diferencia de concepto es notable y sería interesante saber cual de las dos opciones es correcta. No creo que el sr. Rodríguez Braun se ofenda si le describo como ultraliberal, al menos esa es la imagen que da, y tampoco creo que sea excesivo decir que es a causa de sus principios ultraliberales por lo que dice tal cosa, decir eso no constituye una descalificación ni mucho menos, él ya ha dicho en ocasiones que el origen de la crisis reside precisamente en el intervencionismo estatal que considera excesivo, cuando parece haber un cierto consenso en que uno de los factores desencadenantes ha sido precisamente la dejación de sus funciones de control y supervisión por parte del gobierno de Estados Unidos. Me gusta la gente valiente que dice lo que piensa aunque vaya contra viento y marea y no necesito estar en absoluto de acuerdo con él para felicitarle por su audacia. A mi tampoco me gustan estas medidas, como he expuesto en otras entradas, aunque por motivos diametralmente opuestos a los suyos.
Ahora bien, la reflexión es interesante, ¿es posible que los planes de rescate gubernamentales en realidad influyan negativamente en los mercados?, ¿porqué es así?, ¿acaso, como dice el presidente de la CEOE, es porque son insuficientes (tiene guasa con la que está cayendo decir que el gobierno debería aportar 30.000.000.000€ más)? Yo me declaro incompetente para discernir según qué cosas desde una óptica puramente económica, hay cosas que me superan ampliamente y no me causa ningún sonrojo reconocer que no las entiendo, pero ello no obsta a que tenga clarísima mi visión de todo este asunto desde un punto de vista político: independientemente de su conveniencia financieramente hablando, estas medidas, resulten efectivas o no, representan una bofetada al ciudadano rayana en la inmoralidad.

La justicia poética de la toxicidad de los activos

Encuentro una cierta justicia poética en que a los derivados de las hipotecas subprime se les llame activos tóxicos, porque las hipotecas, incluso las que no son subprime, hace tiempo han dejado patente su toxicidad a quienes nos hemos visto y nos vemos obligados a mirar con angustia cada subida del euribor preguntándonos si será esa la vez en que suba tanto que no podamos pagar la mensualidad. Está bien que la toxicidad de una operación financiera por una vez no lo sea sólo para el destinatario final, sino que se extienda a quienes la han diseñado, la han puesto en práctica, se han lucrado y han especulado con ella. Por eso, como hay que ser precisos en el uso del lenguaje, no creo que sea del todo correcto llamar tóxicos a estos activos, no se han vuelto dañinos, letales en algunos casos, de repente una vez almacenados en sus respectivas carteras de inversión, sino que su malignidad ya existía cuando los diseñaron y no ha hecho sino extenderse de aquellos a quien iba dirigida hasta aquellos que la echaron a andar, creo que habría que cambiar la denominación de estos activos, algo francamente difícil porque ya ha arraigado en medios y sociedad, y llamarlos archivos metastáticos, porque eso es lo que ha pasado, que sus efectos adversos se han hecho patentes no sólo en donde desde un primer momento era evidente que iba a ser así, sino en muchos otros lugares.
Lo triste es que la lección que emana del comportamiento parricida de estos activos es una lección que no será aprendida, y cuando esta crisis se supere los activos mutarán y los efectos adversos volverán aunque con otros disfraces. Dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, pero lo cierto es que quien lo está es quien conociéndola no aprende sus lecciones, quien no asume sus responsabilidades. Especialmente si sale indemne de ellos.

La respuesta de los mercados... ¿no es sospechosamente parecida a una pedorreta?

Vista la respuesta de los mercados a los nuevos planes de rescate, ayuda, revitalización, rogativas al santo o como se les quiera llamar que van poniendo en práctica los gobiernos occidentales uno tras otro, España y Reino Unido los últimos, que no es otra que el recurrente descalabro bursátil y el pánico generalizado entre los inversores, va a haber que empezar a plantearse si no es preferible dejar nuestro dinero quieto y que éstos se tranquilicen a base de tilas y recuperen la confianza a base de psicoanálisis, porque comienzo a pensar que su nerviosismo, pánico o histerismo es un mal endémico contra el que casi nada se puede hacer. Ni tan siquiera la bajada de los tipos ha logrado un efecto balsámico más eficaz que un espejismo. Claro que todo esto lo digo llevado por el desconocimiento, a lo mejor resulta que la responsabilidad es algo sólo exigible a gobiernos y ciudadanos de a pié y el hecho de obviar que éstos destinen un dinero que les va a costar sangre, sudor y lágrimas pagar para solventar una crisis creada precisamente por quienes les ningunean es algo completamente razonable. Bueno, esto que acabo de decir no es del todo cierto, aunque desahogue hacerlo, soy consciente de ningún inversor debe privado cargar sobre sus espaldas el peso de esta situación y de que no todo el que invierte en bolsa ha jugado un papel reseñable en la crisis (de hecho probablemente sólo lo haya hecho una ínfima minoría), pero hay que reconocer que es irritante.
Así que a lo mejor no sería descabellado aparcar los tratamientos sintomáticos, los paños calientes y atajar el mal en su raíz en lugar de quemar unos cartuchos que van a salir a precio de oro en salvar un sistema responsable de su propia insostenibilidad. Y dedicar el dinero público a ayudar a los ciudadanos, antes de que nos acostumbremos a pagar siempre por las culpas ajenas.

La absurda disculpa del presentador villano

La estupidez es siempre mala en sí misma, pero cuando además se torna contagiosa sus efectos perniciosos se multiplican de forma exponencial. Estamos acostumbrados a padecer no especialmente en silencio los efectos adversos que sobre la acción politica de determinados gobernantes tienen las ensoñaciones de las ideologías nacionalistas, y criticamos hasta la saciedad aquellos actos inspirados más por convicciones identitarias que por criterios de buen gobierno, se nos llena la boca al denunciar las inconsistencias de los nacionalismos periféricos y su tendencia a percibir como agresión todo aquello que no asume y defiende enfervorizadamente sus tésis. Y sin embargo, el lugar de predicar con el ejemplo y contrarrestar los efectos de una política inapropiada con su contraria, es decir, el nacionalismo con no nacionalismo, entramos en el juego y asumimos como natural nuestro papel de villanos en relación con el victimismo nacionalista. Ahora resulta que el menor error, un irrelevante lapsus de un presentador de la sección deportiva de un telediario, adquiere rango de conflicto político, que no diplomático, y se torna comprensible que el tema ocupe espacio en todos los periódicos, radios y televisiones y que se interrumpa la emisión de un telediario y se invierta tiempo que debería dedicarse a cosas serias en que el presentador villano se disculpe en directo y ante toda la nación por su desliz.
Arcadi Espada retrata hoy muy bien a nuestra sociedad en su blog a cuenta de esto que jamás debía haber abandonado el campo de la anécdota que le es propio. Habría que ser más serios y no hacer política con sentimientos a flor de piel, guardar de una vez por todas la demagogia y las políticas identitarias en un cajón bajo siete llaves y dedicarse por fin a cosas serias, a esas por las que pagamos a los políticos para que hagan y a los periodistas para que informen sobre ellas. Que la prensa se ocupe de las cosas que nos pasan y dejemos la ficción para la literatura, que se encarga de ella mucho mejor.

Si se trata de prestar dinero a las empresas, ¿porqué se presta a los bancos?

Me ha resultado muy interesante la reflexión de hoy de Ignacio Escolar en el diario Público. Explica la teoría que en principio inspira la operación del Gobierno: no es una medida para prevenir la quiebra de los bancos, sino para evitar que la falta de crédito estrangule al sistema, no es una medida antiquiebra, sino anticrisis. Se supone que los bancos utilizarán ese dinero para mantener abiertas las líneas de crédito de las que se nutren las PYMES y las familias, lo cual está muy bien siempre y cuando no se utilice ese dinero para comprar gangas en el mercado internacional y se desatienda a los que parecen ser los destinatarios finales del plan. Imagino que el objetivo fundamental de la reunión del presidente con los banqueros, además de recabar una información que en gran medida el Gobierno ya debe tener gracias al papel fiscalizador del Banco de España, debió ser obtener alguna garantía de estos en tal sentido. Y acaba el columnista preguntándose algo ciertamente pertinente: si se trata de prestar dinero a las empresas, ¿porqué se presta a los bancos?
Muchos dirán que prestarlo directamente a las empresas supondría que el Gobierno tratase de jugar un papel que no le corresponde, que no debe sustituir al mercado, pero ¿acaso no ha quedado claro que es precisamente por la propia naturaleza de un libre mercado sin control por lo que nos vemos en estas? Y digo más, ¿no sirve acaso el ICO básicamente para eso, para prestar dinero a las empresas? Todo se resume en una simple cuestión de confianza, pero no en esa confianza que tan desesperada como artificialmente tratan de insuflar los gobiernos en mercados, inversores y ciudadanos, sino de la confianza de diccionario que se supone que debemos tener en nuestros bancos, en que cumplirán con responsabilidad con el papel que parece haberles reservado el Gobierno en este plan. Esto podrá parecerle más o menos descabellado según a quien se pregunte, no deja de ser un acto de fe, pero en mi opinión es un paso arriesgado. Si sale bien se revitalizarán los mercados y si no perdices, quien más quien menos podrá permitirse una codorniz escabechada de vez en cuando, pero si sale mal se conseguirá que mientras los ciudadanos y las PYMES pasen las de caín, además tengamos la plena conciencia de haberle sufragado unos beneficios extraordinarios a costa de nuestras costillas a un sistema bancario cada vez más boyante, sólido y esplendoroso, la envidia de occidente cuyo único defecto sea que sus clientes sean progresivamente más pobres.
Ví en televisión, no recuerdo en qué canal, cómo se preguntaba a muchos ciudadanos si confiaban en su banco y la respuesta era mayoritariamente afirmativa. Creo sinceramente que estaba mal planteada porque lo que se quería saber realmente era si la situación de crisis había alterado nuestra confianza en la solidez de los bancos, no si confiamos en ellos. Mi respuesta personal es que no, no se ha alterado, no creo que mi banco vaya a quebrar, pero si me hubieran preguntado si me fío de mi banco, la respuesta hoy, ayer, hace dos años o diez, habría sido un no rotundo. Porque si bien no me cabe duda que no va a quebrar, tampoco me cabe de que si para ello o simplemente para mejorar su cuenta de resultados debe exprimirme hasta más allá del límite de mi capacidad de respuesta, lo hará, y no porque exista una conspiración internacional de aviesos banqueros o porque estos sean especialmente malas personas, sino porque en nuestro sistema, tal y como está planteado, ése y no otro es su papel. De modo que cabe volver al principio, si se trata de prestar dinero a las empresas, ¿porqué se presta a los bancos?

Zapatero y la crítica

Los intrincados vericuetos por los que a cuenta de la crisis transita la política española no dejan de resultar sorprendentes para quien los observa alejado del encendido ánimo partidista de sus protagonistas. En esta ocasión, es Cristobal Montoro quien criticó al Presidente Zapatero por hacer nada más y nada menos, algo inconcebible, que lo que él mismo le había pedido unos días antes para asegurar los ahorros de los españoles. Su argumento es que no puede el gobierno pretender que se apoye algo, sea bueno o malo, si no se ha discutido previamente con el Partido Popular. Afortunadamente su líder parace ser algo más sensato que él mismo y no se ha lanzado a una espiral de descalificación preventiva puesto que ha declarado que cuando conozca los detalles si el plan es bueno lo apoyará. Tampoco era tan descabellado decir algo así desde el principio y buscar algo de sosiego en ese revuelto campo de trifulca (batalla es demasiado para lo ridículo de muchos de los ataques entre los grandes partidos que vemos estos días) que es la política española.
Desde muchos medios ocurre lo mismo, se criticaba al gobierno por "no hacer nada" (por no hacer lo que acaba de hacer, se entiende) y ahora se le critica por hacerlo porque, según dicen, con ello se crea alarma porque ¿no significa aumentar el límite de garantía de depósitos aceptar que estos corren riesgos? Es evidente que no pero hay que reconocer una cosa: la intervención es criticable desde una óptica progresista tanto como desde una liberal, desde la primera por dirigirse a la banca y las empresas y obviar a los ciudadanos y desde la segunda por intervenir de algún modo los mercados. Lo que no es criticable desde ninguna de las dos ópticas es hacerlo y no hacerlo, criticar ambas cosas a la vez o sucesivamente es un prodigio de incoherencia.
A mi, en mi ignorancia, de este plan me sorprenden dos cosas, una es que sólo se compren activos de máxima calidad, porque aunque eso suena muy bien no sé hasta que punto es efectivo puesto que no son esos activos los que crean el problema ni probablemente las entidades financieras quieran desprenderse de ellos para quedarse con los tóxicos, a no ser que esos activos sean propios (de todos modos gran parte del problema está en la calificación de los activos, no olvidemos que el día que quebró Lehman Brothers las agencias calificadoras seguían otorgándole un A+), y en segundo lugar la explicación de que se trata de un préstamo, porque por buenos que sean los activos, cuando llegue el momento de venderlos para recuperar el capital invertido y dada la actual tendencia, ¿no es más que probable que se hayan depreciado y por tanto al final se pierda dinero del contribuyente, es decir, se acabe regalando éste a los bancos?
No sé, yo sigo echando de menos el anuncio de medidas sociales, de protección a los que realmente van a sufrir las consecuencias de la crisis, que se haga algo para que bajen las hipotecas, en fin, las medidas progresistas que cabría esperar de un gobierno progresista.

Una mujer llamada Sarah Pitbull

Utilizando recursos propios más de un monólogo de humor que de un discurso político serio, la inefable Sarah Pahlin obtuvo no poca notoriedad cuando en su presentación en sociedad como candidata a vicepresidenta de los EE.UU. hizo un chiste sobre la diferencia entre una "madre de hockey" y un pitbull. A partir de ahí se fue apagando su estrella ya que el talento que había mostrado como oradora (cuando le escriben los discursos, claro) no se vió refrendado en entrevistas y en general en las sucesivas ocasiones en las que debió pensar por sí misma. Tras salir sorprendentemente indemne del debate con su contrincante del partido demócrata y mejorar con ello su imagen pública, ha decidido enfangarla hasta el límite mismo de la mezquindad llamando a Obama "amigo de los terroristas" porque en alguna ocasión ha saludado a un profesor que hace treinta años estuvo relacionado con un grupo terrorista. Tras esta demostración de iniquidad habría que reformular el chascarrillo que le proporcionó notoriedad y preguntarse en qué, además de que el uno es un cánido que ladra y la otra un bípedo implume que goza de lenguaje articulado, se diferencian un pitbull y Sarah Pallin.

Exactamente..., yo aún no sé la respuesta, pero lo que tengo claro es que la eventualidad de que este personaje absolutamente carente de altura intelectual y moral llegue algún día a desempeñar un cargo de semejante responsabilidad en su país debería hacer que se encendieran todas las luces rojas que en el mundo adviertan de la inminencia de una catástrofe.

P.S: Recomiendo este artículo del diario El Pais sobre la crisis estadounidense. Resulta esclarecedor.

El inconveniente de llamarse Sebastián

El inconveniente al que se enfrentan las personas de cuya brillantez sólo se tiene noticias por referencias es que se sienten obligados a demostrarla aunque la ocasión no sea propicia y son por tanto más propensas a cometer errores que aquellos que deben su prestigio personal a una sólida trayectoria profesional. Tal me parece el caso del Ministro Sebastián, cuyas múltiples virtudes han sido glosadas una y otra vez por el Presidente Zapatero pero que cada vez que ha tenido que demostrar esa brillantez que se le supone a alguien de su rango, ha fracasado de una manera más o menos llamativa. Hasta tal punto es así que se ha creado en torno a él una cierta leyenda según la cual los medios, cada vez que aparece un rumor en torno a alguna supuesta iniciativa gubernamental delirante, quien más quien menos le atribuye a él, preventivamente, la autoría intelectual de la misma, lo cual permite que se dé crédito al rumor sin que se haya verificado con todas las garantías exigibles. Digamos que ciudadanos que en condiciones normales no sentimos la menor inclinación a creer rumores infundados, automáticamente nos reservamos una cierta credibilidad si se nos dice que Sebatián está detrás, y lo que es peor, comenzamos a temernos que la iniciativa salga adelante. Esto viene siendo lo que ha ocurrido con el rumor de una supuesta amnistía fiscal al dinero negro, esos 54.000.000.000€ en billetes de 500 aparentemente guardados en oscuros calcetines, colchones o faltriqueras, cuyo blanqueo legal se baraja como solución a la falta de liquidez del sistema bancario. Es algo que a cualquiera le costaría creer, una iniciativa ciertamente imprudente por más que pudiera proporcionar algún alivio inmediato aunque pasajero al sistema financiero, pero en el momento en que se publica que Sebastián está detras, automáticamente se nos activa ese remoto mecanismo mental de salvaguarda antes citado y pensamos, vaya, pues lo mismo es cierto. Y en lógica consecuencia comenzamos a temblar.

Probablemente no se termine haciendo, pero la culpa de que estos rumores gocen de ese resquicio de credibilidad no es nuestra, en todo caso habría que hacerla recaer en quien nombra a esta especie de ministros bufos a los que además se les atribuye una influncia completamente desmedida si se compara con lo méritos demostrados.

El sanedrín de Sarkozy y el populismo ineficaz

Tras la epatante demostración de europeísmo de Sarkozy, poco queda que decir sobre la filosofía de la Unión Europea a partir de ahora. Si como respuesta a una situación sobre la que si hay algo indiscutible es que afecta a todos la respuesta del presidente de Francia y de la UE, el populista impopular, es reunirse con los vecinos, pero eso sí, sólo con los ricos, los del G8, la pata negra de los estados europeos, para hablar de las cosas del dinero, queda claro que la Unión no es más que un proyecto mercantilista puesto al servicio de los grandes intereses empresariales, no de los ciudadanos ni tan siquiera de los estados pequeños. Se veía venir, de hecho se veía venir desde el principio, pero no habría estado de más que se cuidaran un poco las formas. En los últimos años en materia de política social, todo lo que nos llega de Europa (directiva Bolkestein, jornada laboral...) es profundamente conservador por no llamarle reaccionario, de modo que cómo habríamos de sorprendernos de que ahora, en el preocupante contexto de crisis internacional en que nos movemos, se reuna el sanedrín de países ricos de europa para tratar de cómo solucionar los problemas de los bancos, perdón, de sus bancos, porque no parece que hayan hablado nada de los de otros países que no sean los suyos propios, obviando, por no decir ninguneando, al resto de países de la UE. Y lo triste es que en lugar de protestar porque estos asuntos no se traten entre todos los implicados, desde la Moncloa se ofenden por la exclusión de España, no por la del resto de países, y se deja pasar la oportunidad de dar ejemplo de honestidad y dignidad y se corre tras la estela de migajas de los grandes consiguiendo que Zapatero y Sarkozy coman juntos el viernes y así hacerse acreedor de las mismas críticas que sus compañeros de dinero, porque lo importante no es hacer las cosas bien o mal, sino que nadie piense que a nuestro presidente "no le ajuntan" los guaperas de la clase.

Hace gracia pensar ahora en el tan cacareado sorpasso que iba a protagonizar nuestro PIB respecto al de Francia e Italia, siempre según nuestro Presidente, no porque sea verdad o deje de serlo, a mi desde luego no me parece algo descabellado, sino porque si algo ha demostrado esta iniciativa de Sarkozy es que no existen muchas diferencias entre los países y las personas, al menos en lo que el clasismo se refiere, y es que si hay algo más irrelevante para un rico de rancio abolengo que la opinión de un pobre, es sin duda la de un nuevo rico. No basta con tener una economía saneada o unos índices macroeconómicos aseaditos para acceder a según que selectos clubes, de hecho, tenerlos mejores que alguno de sus miembros parece ser percibido como un insulto, un imperdonable atrevimiento.

De todas formas, no sé si por una cuestión kármica elemental, de justicia poética llamémosle, la reacción de los mercados no sé si a la reunión, pero sí tras la reunión, ha sido uno de los peores descalabros de la historia en las bolsas mundiales. Y es que lo crea Sarkozy o no, su sóla presencia, el anuncio de que se va a ocupar de un tema, su "irresistible" carisma, no sólo no bastan para tranquilizar a la opinión pública mundial (ni siquiera a la francesa, en realidad) sino que más bien consigue que mal que bién, al más pintado se le pongan los pelos como escarpias.

A río revuelto, afloramiento de mezquindades

Mucho estaban tardando en surgir voces solicitando medidas claramente perjudiciales para los trabajadores con la excusa de la crisis, ese río revuelto en el que la CEOE ha tratado de pescar un abaratamiento de los despidos tan inoportuno como insultante. Afortunadamente no parece que se vaya a dar mucho crédito a esa petición antisocial tan especialmente dolorosa en estos momentos así que limitémonos a alegrarnos de que poco a poco todo el mundo se vaya retratando ante la crisis.

La terrible paradoja de las cabezas de turco

A estas alturas ya nadie duda que vivimos tiempos de crisis, lo que ocurre es que se asume la económica cuando hay noticias que llevan a una mucho más difícil de asumir, una crisis de fe en la justicia, el sistema o como se le quiera llamar que los políticos acostumbran a llamar "distanciamiento de la ciudadanía" pero que es algo mucho más serio, una perdida gradual y contante de confianza en las instituciones. La noticia que en esta ocasión abunda en esa triste enfermedad que aqueja a nuestra democracia es la de la pena impuesta a la funcionaria del juzgado del juez Tirado, suspensión de 2 años de empleo y sueldo, que si bien en sí misma no resulta llamativa y de hacerlo sería por lo leve, en comparación con la que se le impuso al juez, su superior, el máximo responsable del juzgado, esos insultantemente inolvidables 1.500€, resulta un sarcasmo tan hiriente que es difícil de soportar. El juez poco menos que se va de rositas y sin embargo es a la funcionaria a la que le cae una pena severa por un error judicial.

Es triste comprobar una vez más como no todos somos iguales, o mejor dicho, hasta qué punto somos diferentes ante la ley, porque el hecho puro y simple de que no lo somos sí que es algo trístemente asumido por todos que si no se ha incluído en el temario de educación para la ciudadanía es porque si bien a efectos prácticos no se respetan los principios fundamentales de la democracia, los estéticos, por pudor, por su efecto cosmético, sí que se respetan con total fielidad: no oiremos a ningún responsable político decir la verdad sobre este tema, hablar claramente del corporativismo de los jueces y del progresivo advenimiento de este lamentable sistema de castas según el cual serás juzgado por quién (o por qué) eres, no por lo que haces.

Probablemente la sanción de la funcionaria sea justa, no lo pongo en duda, pero en comparación con la del juez es repugnante, terrible paradoja, y en lógica consecuencia, me asquea.

Zona azul, zona verde, zona roja

Alberto Ruiz Gallardón ha declarado solemnemente (no porque lo haya hecho en el transcurso de un acto solemne, sino porque él habla así) que no va a volver a ejecutar ninguna acción cuya competencia no le corresponda. Esto, a diferencia de lo que pudiera parecer, debe ser motivo de alegría para los madrileños, no porque vaya a dejar de regalarle dinero a otras administraciones, sinceramente no creo que de todos modos sea mucho, sino porque respetará entonces la clara división entre lo que son sus competencias y lo que son las del pleno municipal, algo que acaba de recordarle pertinentemente la jueza que ha declarado ilegal la ampliación de la zona de estacionamiento regulado (y con ello que existen zonas rojas en las que los gobernantes no deben entrar, las que marcan los procedimientos, reglamentos y leyes, y no sólo las azules y verdes que tanto les gusta pintar), lo cual redundará en un aumento indudable de la transparencia y la democracia en la toma de decisiones en el Ayuntamiento de Madrid. Porque no se ha declarado ilegal esta ampliación porque hacerla no se ajuste a la legalidad, sino porque se ha hecho mal, chapuceramente, no se han respetado los trámites necesarios y se ha tratado de hacer, como tantas cosas, por decreto, sin informar al pleno ni a los ciudadanos, de forma opaca y es por tanto un gran triunfo de la democracia que se haya logrado tumbar. Un alcalde, como cualquiera, puede tener cualesquiera virtudes y defectos achacables a su humana condición, pero si es soberbio y ello le lleva a hacer las cosas de manera diferente a como debe hacerlas, está bien que de vez en cuando venga la justicia y le ponga en su sítio. No existen los atajos en democracia, y eso el sr. Gallardón debería saberlo ya.
Al final el Gobierno Municipal aprenderá la lección y lo hará de nuevo pero bien hecho, mayoría tienen como para que así sea, que no se crean los vecinos que se van a librar de los parquímetros, pero al menos, cuando se haga de nuevo y se haga bien, éstos sabran que no se les ha tomado el pelo. Y eso ya es algo.

El ejemplo, el compromiso y los nueve millones

Se ha hablado mucho de la bondad de algunas medidas de contención del gasto más cosméticas que efectivas pero de cierta relevancia desde un punto de vista ético como son la congelación de sueldo de altos cargos, diputados, etc. Parece existir un cierto consenso social acerca de este tema, en tiempos de crisis son los gestores de lo público quienes deben dar ejemplo en primer lugar consigo mismos y no subirse el sueldo, por más que el impacto real sobre los presupuetsos de estas medidas es más bien irrisorio, y en virtud de ese consenso social no se ha dudado en criticar a quienes no han predicado con el ejemplo o bien lo han hecho tarde. ¿No se les ha criticado? Falso. A la familia real se le ha aumentado la asignación para sus gastos (9 millones sin incluir mantenimiento de edificios, organización de actos oficiales, etc, sólo para sus gastos, digamos, personales, libres de justificación, además) y no parece que a nuestros representantes, a aquellos que a través de los partidos mayoritarios deben llevar nuestra voz a las instituciones, parezca molestarles en absoluto, es más, les parece algo hasta tan punto lógico y natural que no merece comentario alguno. La familia real no está obligada desde un punto de vista ético a predicar con ningún ejemplo, lo cual es hasta cierto punto lógico porque el ejemplo se da a los iguales, y su propia existencia implica un hecho claro y rotundo: ellos no son iguales. Si lo fueran deberían rendir cuentas por el dinero público que gastan, dar explicaciones de sus actos en el Parlamento, deberían poder ser imputables si cometieran algún delito, debería poder hablarse de ellos sin limitaciones de la libertad de expresión, debería poder denunciárseles si se cree oportuno, deberían presentarse a elecciones para poder desempeñar cargos públicos, no heredarían dichos cargos, en fin, y un lago y triste etcétera. No es que ellos no deban dar ejemplo, es que se lo dan a sus iguales, a Isabel II, sin ir más lejos, que pide más dinero público y a otras familias ungidas de su real condición por la gracia de dios y la estupidez de los hombres.

Adenda demagüemes

En un nuevo alarde de demagogía, a la que nos tiene tristemente acostumbrados el consejero Güemes, que ha conseguido un arraigo extraordinario en los medios afectos a esa práctica, se nos dijo ayer por activa y por pasiva que con el sueldo de los mil liberados sindicales de la sanidad pública madrileña (gente, aclaró por si alguien no lo tenía claro, que no hace aquello para lo que los madrileños les pagan sus sueldos), se podría construir un hospital de 400 camas. Es lógico que dentro de los neoliberales esquemas mentales del consejero no haya lugar para los sindicatos, sin embargo hay que negar la mayor: puesto que nuestro ordenacmiento jurídico contempla la representación y por tanto la liberación sindicales, los liberados sí que hacen aquello por lo que reciben su sueldo de las arcas públicas, que no es otra cosa que velar por la idoneidad de las condiciones de trabajo que necesariamente debe redundar en la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos. Otra cosa es que hagan bien su trabajo o no, que, como fiel reflejo de la realidad política que son se preocupen más de sus intereses particulares (tanto sectarios como propios, personales) que del bien común, pero eso no obsta para que su existencia sea perfectamente legítima y esté, además, fuera de toda cuestión. Tampoco cumplen con su mandato de representar a todos los ciudadanos los miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid, quienes no parecen diseñar políticas para contentar a quienes votan a otras opciones políticas, ni a quienes no votan, ni a quienes votándoles a ellos no son poseedores de grandes fortunas y/o empresas y no por ello se pone en duda la legitimidad de su existencia y de la remuneración que reciben por su trabajo. Algo similar se puede decir de los miembros del gobierno de España, y de los nacionalistas...
Lo bueno de la demagogia es que es un ejercicio intelectualmente poco exigente e incluso aquellos que no somos lo suficientemente inteligentes como para ser consejeros autonómicos podemos utilizar su propio argumento para volverlo contra él, como por ejemplo: con los sueldos de todos los cargos electos del PP (o del PSOE, según convenga) se podrían construir todos los hospitales, escuelas infantiles, institutos y colegios que hacen falta, porque de todas formas no cumplen con su tarea de velar por os intereses generales de los ciudadanos para la que se les paga. O bien: con lo que gasta el Goberno Aguirre en publicidad... O: con lo que costó la inauguración de los teatros del Canal (1,5 millones, según dicen)... O: con lo que ganan los presentadores de informativos de Telemadrid... O bien: con el dinero que de tanto en cuanto aparece misteriosamente en las cuantas personales de Carlos Fabra... O, porqué no: con los 9 millones de euros que le damos a la Familia Real para sus caprichos... O, ya puestos: con lo que gasta Güemes en ropa... Ocurre que además de sencillo es un ejercicio muy poco gratificante y, al igual que ocurre con el argumento del Consejero, mayormente no cuela, así que sería recomendable que se dejaran de falacias y agumentaciones abstrusas y fueran al fondo de las cuestiones con la lealtad que nos merecemos los ciudadanos que pagamos los sueldos tanto a políticos como a sindicalistas y los unos se pararan a pensar el porqué de las protestas cuya acción de gobierno genera, que consideren la posibilidad de ser falibles, y los otros llevan a cabo las mismas de forma intachablemente civilizada.

Protestas, detenciones

Cuando a raiz de la detención de dos militantes del PP a causa de su actitud agresiva en una manifestación convocada por la AVT en contra de José Bono en enero de 2005 se armó la tremenda polvareda mediática que se armó y que a la postre acabó en la condena a penas de prisión de los policías que tuvieron el atrevimiento de detener a quienes aparentemente trataban de agredir nada más y nada menos que a un Ministro, me extrañé, porque si existía algún indicio de la existencia de semejante comportamiento parecía lógico actuar en tal sentido aunque al final se demostrara la inocencia de los acusados. La policía no declara la culpabilidad de los detenidos, símplemente les pone a disposición de la justicia. Pero no, aquello fue un escándalo gracias al cual se acusó al Gobierno de todo tipo de actitudes totalitarias, de atacar la libertad de expresión y cosas por el estilo.
Pues bien, ahora los detenidos son sindicalistas y trabajadores de la sanidad pública madrileña que han protestado contra el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes y, francamente, comparando los vídeos que han salido a la luz pública de ambos incidentes, este del Consejero parece un juego de niños al lado del otro. ¿Se encarcelará ahora a los policías que han detenido a los supuestos agresores?¿Tienen acaso estos más limitaciones en su derecho a protestar públicamente que los militantes del PP?¿Merece acaso un Consejero de una Comunidad Autónoma mayor nivel de protección que un Ministro?¿Dónde están los que protestaron entonces?
Yo personalmente pienso que en ningún caso la agresividad y la violencia tienen cabida en las manifestaciones públicas de protesta y que es función de la policía garantizar la integridad de todos los ciudadanos, pero de todos, sin excepción. Lo que es reprobable para unos, debe serlo para todos y en mi opinión las protestas de este tipo lo son, siempre, y se debe actuar para que no se ponga en riesgo la seguridad de las personas. Si estos sindicalistas y trabajadores son culpables de algún tipo de intento de agresión, se ha hecho muy bien deteniéndoles, exactamente como se hizo en el caso Bono, y debe asumirse con perfecta naturalidad. Ninguna protesta, ninguna reivindicación ni movimiento se desacredita porque dentro de su seno y aisladamente algún individio pueda descontrolarse, no hay porqué rasgarse las vestiduras. Y si finalmente resulta que los detenidos son inocentes, como ojalá ocurra y, sinceramente, parece, pues mejor que mejor. Lo que no es de recibo es la hipocresía, la diferencia en el tratamiento de unos casos y otros, la nueva constatación de las disfunciones en cuestiones elementales de comportamiento democrático que aun hoy nos aquejan, tanto de quienes no saben protestar civilizadamente como de quienes padecen esa aguda intolerancia a la discrepancia que ya se ha convertido tristemente en epidemia entre los altos cargos de la Comunidad de Madrid, entre los que , jubilado Lamela, Güemes probablemente sea el más afectado.

Con la Iglesia hemos topado, sí, pero no sólo con ella

No voy a comenzar con la obviedad de decir que acato una sentencia judicial, no me queda otra, mal que bien como a cualquiera. Tampoco con que no por acatarla no pueda discrepar de ella, eso no es menos obvio que lo anterior. Sin embargo quiero, lo considero una obligación moral, comentar la sentencia del Tribunal Supremo que exime a la Iglesia de anotar las declaraciones de apostasía en los libros de bautismo. Es evidente que parte de la argumentación, por más que sea impecablemente correcta desde un punto de vista jurídico (así se le supone), roza el surrealismo, es decir, los libros de bautismo no son un fichero, asegura el alto tribunal, porque como no está ordenado alfabéticamente ni por fecha de nacimiento, el acceso a los datos es complicado. Dejando de lado el hecho de que no se conoce el caso de que la jerarquía eclesiástica haya querido localizar un registro y no haya podido, a fin de cuentas esta ordenada por la fecha de bautismo que viene siendo el dato más razonable para hacerlo teniendo en cuenta que se trata de bautismos, es sorprendente que el Supremo decida premiar a alguien por su torpeza, es decir, puesto que el archivo está mal organizado no es un arcivo, sino una simple "acumulación de datos", por tanto no existe la obligación de respetar la legislación en materia de protección de datos de obligado cumplimiento para los demás. A partir de este precedente se abre un nuevo periodo en el tratamiento de datos personales de ciudadanos en nuestro país: almacénense de forma chapucera, diséñese negligentemente la base de datos y así se verá usted libre de respetar la ley.

Claro que esto nos pasa por pedir tonterías, anotaciones marginales y no la eliminación de nuestros datos, como sería lógico. Yo no tengo el menos interes en que la Iglesia sepa si soy apóstata o no, eso es asunto mío, lo que quiero es que no tengan ningún dato mío que no les autorice a tener. Al final habríamos topado igualmente con la Iglesia, pero al menos nos negarían lo que queremos, no un paño caliente.

Al menos hay que reconocer que este argumento del TS es más tranquilizador que el que pretendía aplicar el arzobispado de Valencia, que en virtud de los acuerdos con el vaticano, que tienen rango de tratado internacional, en esta materia "no cabe acudir al derecho interno español, incluida la propia Constitución", algo absolutamente delirante que difícilmente se podría aceptar.

En fin, el criterio del Tribunal Supremo ha resultado ser diferente del de la Audiencia Nacional y del de la Agencia Española de Protección de Datos. Curioso, pero unas veces se gana y otras se pierde, no pasa nada, nos podemos permitir el lujo de ser deportivos en una batalla, la del laicismo, que tarde o temprano ganaremos sí o sí, no existe otra opción razonable.

Para acabar con este tema, no me resisto a comentar una de las más extrañas argumentaciones con las que he tenido el gusto de asombrarme últimamente. Dice el periodista del diario El Mundo que cubre la noticia que puesto que la mayoría de los jueces del Supremo son progresistas, cabe suponer que el fundamento de la sentencia es eminentemente de tipo técnico. Analicemos la frase: en primer lugar es preocupante la visión del periodista sobre el funcionamiento de la justicia, aunque probablemente acertada para nuestra desgracia, según la cual las sentencias se emiten según la ideología de los jueces más que por los hechos juzgados. En segundo lugar, ¿la mayoría del Supremo es Progresista? Me va a perdonar el reportero pero en todo caso se puede decir que la mayoría del Alto Tribunal es afín al PSOE, lo cual no significa ser progresista por no hablar ya de ser de izquierdas, y ese es sin duda el partido que con más laxitud ha interpretado siempre el mandato de aconfesionalidad de la Constitución Española, y siempre con extrema generosidad hacia la Iglesia Católica. Bien mirado, dicho así ya sorprende menos la sentencia: el periodista puede que haya acertado después de todo, aunque por razones equivocadas.

Un apunte más sobre la Justicia para finalizar: parece ser que por un error del juez Garzón han quedado en libertad dos presuntos narcotraficantes turcos y que el caso, como es obvio, va a ser investigado por los responsables del Consejo General del Poder Judicial. Teniendo en cuenta el precedente de la sanción al Juez Tirado por el caso Mariluz, ¿que sanción le puede caer al juez Garzón? Veamos, los narcotraficantes sólo lo eran presuntamente, es decir, inocentes hasta que se demostrara lo contrario y habían declarado su disponbilidad a colaborar con la justicia mientras que el asesino de Mariluz estaba condenado en firme, esto es, culpable con mayúsculas y jamás colaboró en lo más mínimo. Además, no se conoce que desde su liberación los narcos hayan quebrantado nuevamente la ley mientras que Santiago del Valle mató a una niña gracias al error del magistrado. El juez Tirado recibió una sanción de 1.500€, siguiendo ese baremo, ¿le caerán a Garzón más de, pongamos, 15€?, ¿una invitación a unas cañas a los vocales del Consejo?, ¿le tirarán de las orejas?, ¿acaso cada vez que se crucen con el en el ascensor le dirán, parafraseando a Gila, "alguien ha dejado a alguien en libertad"? Ocurra lo que ocurra, nada borrará el oprobio que sobre el Poder Judicial cayó a causa del caso Mariluz, y si lo intentan borrar ya estamos los ciudadanos para recordarlo cada vez que sea pertienente, como ahora.