Iguales ante la ley

Lamento la noticia de la posible implicación de Diego López Garrido en un caso de malversación, es uno de los políticos que siempre he admirado por su capacidad y su aparente serenidad y me entristecería que finalmente resultara condenado, cosa que confío que no suceda. No obstante la simpatía personal entiendo que, como en todos los casos, debe ser investigado a fondo y sí con el debido respeto a la presunción de inocencia y dentro de las garantías del Estado de Derecho (también como en todos los casos) es encontrado culpable, deberá entonces asumir la pena que le corresponda así como las responsabilidades políticas que resulten oportunas.
Digo esta obviedad en previsión de que, lejos de resultar tal cosa, la ecuanimidad brille por su ausencia y ahora comience de nuevo un festival de reproches y acusaciones en el que corruptos sean sólo los del otro y nuestros dirigentes olviden que no sólo todos los partidos, sino todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley.

¿Parlamentarios?

Ayer por la tarde, el señor Camps hizo unas declaraciones que, interpretadas con generosidad, podrían ser asimilables a una disculpa, cosa que imagino que los directamente afectados no tendrán el mayor problema en aceptar aunque se acompañara de no pocos falaces argumentos porque nadie está exento de poder perder los nervios en un momento dado. Lo que sigo sin poder comprender es porqué desde la bancada popular de Les Corts se aplaudió enfervorecidamente el exabrupto cuando, asumimos tras la disculpa que producto de un momento de exaltación y sin reflexión previa, salió de la boca de su líder. ¿Perdieron todos el juicio momentáneamente?¿La megafonía del hemiciclo es mala y no escucharon bien?¿Necesitan, como en la Generalitat, traductores cuando el orador se expresa en castellano y éstos habían salido a fumar un cigarrito?¿Estaban también exaltados y perdieron los nervios todos a una?¿O es que más bien los ilustres parlamentarios no son sino comparsas que aplauden cuando uno habla y silban cuando lo hace el otro, independientemente de lo que cada uno diga? Y, lo que es más importante, ¿piensan secundar con sus declaraciones la disculpa como secundaron con sus aplausos el insulto?
Lo más triste de este lamentable episodio es precisamente eso, la evidencia del bochornoso papel de estos formalmente parlamentarios que, visto que no tienen criterio propio y se limitan a aplaudir cuando les toca y votar lo que les indican, bien podrían intercambiarse con el público de un programa de telebasura cualquiera, aunque eso sí, ellos estén mucho mejor pagados. Y que nadie piense que este es un reproche al grupo popular valenciano, este, y ya lo he dicho en muchas ocasiones, es el mal que afecta a la mayor parte de nuestros políticos en todos los foros locales, autonómicos, nacionales e internacionales en los que exhiben impúdicamente su gregarismo y su ausencia de independencia intelectual, en los que muestran su concepción de la democracia como servicio a su líder, no a los ciudadanos y en los que el bien común se confunde tan a menudo con el bien particular, sectario para ser exactos, que se diría que ya desconocen la diferencia.

El día que Camps avergonzó a los demócratas

Quedaban pocas líneas rojas que traspasar en nuestros parlamentos y tras las palabras de hoy del señor Camps al líder de la oposición de la Comunidad Valenciana, "le encantaría coger una furgoneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta", queda una menos, y no una cualquiera, sino una que ninguna persona de bien se puede alegrar de que haya sido traspasada. Las palabras de Camps son intolerables, más cuando se hacen parapetado tras la inmunidad de lo dicho en sede parlamentaria, y más allá de su honorabilidad o su capacidad, puestas ya en entredicho, ha quedado hoy fuera de toda duda que no tiene la altura moral suficiente para ejercer con dignidad el mandato representativo que los valencianos le han otorgado.

Esperanzix y Gonzálix, los irreductibles

La brillante gestión económica de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid es ya tan legendaria que hasta cuando el FMI va a recomendar, según Rodrígo Rato (quien por cierto le dio un buen repaso a su amiga presidenta ayer cuando dijo que todos somos muy liberales pero sólo para exigírselo a los demás o que la intervención estatal había sido aplaudida mundialmente porque se había demostrado que el mercado no había sido capaz de regularse por sí mismo), una subida de impuestos de hasta el 3%, se puede permitir el lujo de bajarlos nuevamente deslumbrando con ello al universo conocido y convirtiendo a Madrid en referente a nivel mundial del neoliberalismo más atroz. Visto que somos la última aldea que resiste y persiste en presumir de neoliberalismo salvaje (porque aplicarlo lo aplican todos, para qué llamarnos a engaño), en las próximas elecciones probablemente hagan carteles inspirados en los comics de Uderzo y Goscini con la Presidenta y el Vicepresidente caracterizados como los irreductibles Esperanzix y Gonzálix. Cabe preguntarse, si su política funciona tan bien, porqué entonces ni ha tenido dinero en el presente ejercicio para atender a las obligaciones que ella misma se impuso a través de los presupuestos, lo que ha quedado patente en el impago de las cantidades comprometidas a las Universidades, por poner un ejemplo, ni en los presupuestos del próximo puede permitirse mantener el gasto en educación pública. Claro, la educación pública no es una prioridad de la señora Aguirre, eso está claro, pero un mínimo exigible de elegancia exige que si no se tiene dinero para mantener el gasto en educación pública, no se renuncie graciosamente a ingresarlo. Pero en la educación no llueve igual para todos, debe ser un objetivo docente: preparar a los alumnos para que vayan sabiendo que no todos somos iguales, porque a la educación concertada se le aumenta la dotación en unos 34 millones de euros, mientras que a la pública se le minora en unos 13, según informa Público. La austeridad es lo que tiene, hay que reducir gastos en lo superfluo para poder mantener el nivel de lo fundamental, es una lástima que lo fundamental no seamos los ciudadanos.

La cruz de los crucifijos

Si algo repiten hasta la saciedad nuestro políticos es el mantra que reza que las sentencias judiciales hay que acatarlas, aunque sea una obviedad y en realidad sea un mantra de palabra, que no de obra. Sin embargo ha venido el ministro Gabilondo a iluminarnos con una nueva aportación al proceloso universo de la dialéctica del acatamiento de las sentencias, y es que en su opinión no es necesario acatarlas, se puede dejar en manos ese espinoso asunto de otras instancias como los Consejos Escolares, que como todo el mundo sabe se crearon precisamente como centros de interpretación de la jurisprudencia. Para qué acatar una(s) sentencia(s) pudiendo ignorarla(s). Visto lo visto, el ministro Gabilondo, pese a ser un recién llegado, apunta maneras y sin duda tiene reservado un lugar prominente en el parnaso de nuestras glorias políticas patrias. El pase de pecho del ministro Gabilondo a las sentencias nacionales y europeas que acreditan la ilegalidad de la exhibición de símbolos religiosos en los centros PÚBLICOS de enseñanza es notable porque, como queda dicho, opina el ministro que son los Consejos Escolares quienes deben decidir sobre el tema (algo obviamente inexacto porque se trata de la aplicación de la ley, de derechos fundamentales, algo que le va bastante grande a los consejos) pero no porque la ley lo respalde, sino porque hasta ahora "lo han sabido hacer". Y eso no es cierto. Lo que han hecho hasta ahora los Consejos Escolares ha sido dar carta de naturaleza a una flagrante discriminación de una minoría que ha visto como sus derechos constitucionales se han visto pisoteados sistemáticamente con el único argumento de la voluntad de la mayoría. Y la minoría (porque es cierto, no nos engañemos, los laicistas en este país somos de momento una minoría), debe aceptar la voluntad de la mayoría en muchos casos como consecuencia lógica y aceptable del sistema democrático, pero no porque haya un número mayor o menor de personas con una opinión diferente debe renunciar a los derechos que el ordenamiento legal, empezando por la constitución, les reconoce. Hasta ahí podíamos llegar. Pero es que además es el gobierno en primer lugar quien debe garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos, formen parte de grupos mayoritarios, minoritarios, residuales o insignificantes, eso es lo de menos, y escudarse en unos grupos de rango institucional mucho menor como son los Consejos Escolares para no exigir el cumplimiento de sentencias judiciales no sólo es insultante, sino que constituye una dejación de funciones por las que, de persistir, el ministro debiera asumir responsabilidades.
O también podemos ser consecuentes con esta doctrina y de la misma manera que se confiere a los Consejos Escolares la potestad de acatar o no las sentencias de las instancias judiciales nacionales e incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y dejar en manos de las comunidades de vecinos la aplicación facultativa de, pongamos, las sentencias del Tribunal Supremo o, porqué no, las Carta de Derechos Fundamentales.

El ingrato nepotismo de la Presidenta

Dentro de un libro titulado "el club de las mujeres ambiciosas", se han publicado unas antiguas declaraciones de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en las que, supongo que inadvertidamente, se deja ver una vez más su verdadera cara. Asegura doña Esperanza que cuando Rodrigo Rato se marchó a Washington le pidió que "cuidara de su gente", y ella asegura: "he cumplido, están todos colocados". Y es que a la Presidenta hay que agradecerle la sinceridad, no todos los líderes políticos de este país admiten públicamente haber practicado esta suerte nepotismo actual en el que se sustituye a los familiares por los correligionarios, aunque una gran parte de ellos lo haga, pero desde luego, salvo tal vez Carlos Fabra y Manuel Baltar, ninguno se atreve a presumir de ello y a exhibir orgullosa lo que, en lugar de tráfico de influencias, considera méritos. Visto lo visto, no le han salido muy a cuenta los servicios prestados al señor Rato, pero eso es otra historia.
Sin embargo, la misteriosamente escasa repercusión de esa frase no es lo que más me llama la atención de la prensa hoy, sino la surrealista contratación por parte de la Generalitat de un servicio de traducción para la comparecencia en comisión de una delegación nicaragüense (del catalán al castellano, sí, pero también ¡del castellano al catalán!). Obviamente, nadie utilizó los auriculares y el gasto debiera considerarse en buena lógica como una malversación de fondos públicos en toda regla, pero queda por saber si, como a toro pasado han declarado los responsables, se trataba de sensibilizar a los nicaragüenses sobre el respeto a las lenguas minoritarias o si, teniendo en cuenta que con la visita de una delegación salvadoreña no se hizo lo propio, quien tramitó la contratación desconocía el idioma que se habla en Nicaragua. Sinceramente, no termino de decidir cual de las dos opciones es más desalentadora.

Sitel y otros despistes

Gastar 10 millones de euros en algo que no sólo no se usa sino que es ilegal, ¿no es sospechosamente parecido a la malversación de fondos públicos?
Si se sabe que alguien ha realizado escuchas ilegales y no se denuncia judicialmente, ¿no es encubrimiento?
Si se defiende el derecho a la intimidad y se atacan las escuchas de cuya legalidad se duda, ¿porque no denunciar las escuchas de cuya ilegalidad no existe ninguna duda y que se llevan a cabo a diario en nuestro país y el resto del mundo? ¿Porque Sitel no y Echelon sí? ¿Porqué una escucha legal avalada por el sistema judicial español es mala y una ilegal realizada por otro país es buena?