Los jueces protestan

Que la separación entre los poderes ejecutivo y judicial es, consecuentemente con los tiempos, apenas un tabique de pladur, es algo tan público y notorio como escasamente denunciado desde este último, tal vez porque la injerencia sólo es posible si es tolerada. Por eso no deja de ser soprendente que un grupo de jueces decida organizar hoy un acto de protesta no por el mecanismo de designación del CGPJ, ni del Constitucional, no por la designación de fiscales por criterios políticos ni por la falta de recursos que ahoga al sistema, sino porque la Vicepresidenta del Gobierno tuvo a bien expresar su esperanza en una revista de que el juez Tirado recibiera una condena concreta (tres años) por su falta en al caso Mariluz. Porque claro, la independencia de los jueces es sagrada cuando se trata de hacer ver a la sociedad que un miembro de su elevada casta se equivoca y su ineptitud tiene serias consecuencias (se ve que a los jueces no les preocupa que se sepa que el sistema no funciona, sino que ellos no son infalibles), pero irrelevante cuando se trata de admitir puestos de responsabilidad y privilegio no por mérito y capacidad sino por afinidad con el poder político. Eso, que ellos aceptan, está bien, pero opinar en público sobre la incapacidad de uno de ellos es intolerable, poco menos que un anatema. Pues miren, señores magistrados, todos los ciudadanos, políticos incluídos, tienen derecho a expresar sus opiniones sobre cualquier tema que les preocupe y es perfectamente asumible siempre que no se intente activamente convertir las esperanzas en directrices, porque un juez debe ser capaz de juzgar exactamente igual un caso independientemente de que alguien opine sobre él en cualquier sentido en un suplemento dominical de un periódico, ¿o es que algo les impide mantener su independencia de criterio? Si ha habido algún tipo de presión, que se denuncie y se actúe en consecuencia, si sólo se trata de libre expresión de opiniones, no ha lugar a ningún numerito de impostada indignación porque si lo que pretenden es prohibir que sus actos generen estados de opinión en la ciudadanía, desde luego equivocan el tiro. Nadie está libre de la opinión pública.
Me parece muy bien que los magistrados protesten si consideran que su independencia ha sido violentada, pero sería deseable que no nos tomen el pelo y que no enarbolen la bandera de su voluntariamente inexistente independencia cuando de lo que se trata es de exigir privilegios que a nadie corresponden en democracia.