El apaga y vámonos de la "justicia justa" y de Ibarretxe el sofista

Dos noticias llaman poderosamente mi atención, una se refiere a la sanción, ridícula si se me permite, que parece ser se pretende imponer al juez que dejó en libertad al asesino de Mariluz, permitiendo no sólo que una tarea de importancia capital para la sociedad siga en manos de alguien que evidentemente no tiene la capacidad ni el mérito necesarios para ello, sino dejando bien claro que siendo juez los errores salen muy baratos ya que sus compañeros son ciertamente más indulgentes cuando juzgan a uno de su clase y condición que cuando lo hacen a un ciudadano de a pie. El magistrado en cuestión se escuda en el error de una funcionaria quien lo hace a su vez en la saturación de la justicia, que existe y es a todas luces desporporcionada, pero tal vez no se deba sólo a la falta de recursos técnicos y humanos sino a que algunos próceres de la justicia deciden hacer perder el tiempo a los tribunales con estupideces del calado de la petición de cinco años de carcel para un jubilado por fumigar los cinco árboles de su jardín, supuesto delito ecológico que justifica la petición que en ese sentido hace el fiscal para que se reabra un caso que ya se había archivado y que nunca debiera haber sido abierto, ya que no sólo ofende al sentido común, sino que desvirtúa el propio concepto de delito ecológico que se pretende defender, si es que se pretende defender algo en este absurdo caso.
La otra noticia de obligado comentario es la de la maniquea instrumentalización que según todos los indicios va a perpetrar el Lehendakari Ibarretxe sobre el parlamento vasco, al que gracias al apoyo de grupos filoterroristas (no casual, buscado y necesario y puesto además por él mismo como ejemplo a seguir por el resto de los grupos) va a convertir en portavoz de sus mesiánicos delirios de grandeza tan ajenos al ordenamiento constitucional como al sentido común. No es nuevo, ya lo ha hecho anteriormente dando pábulo a la fabula del estado opresor que tortura sistemáticamente a presos políticos, algo mucho más grave que esto que al fin y al cabo no es más que un brindis al sol al que la miseria intelectual de un personaje que no ha encontrado otro camino para lograr una perpetuidad que a todas luces no merece si no es en bestiarios y antologías del disparate, ha llevado a proponer a una audiencia que tiene cosas mucho emjores que hacer que perder el tiempo en ensoñaciones futiles. Me irritan los personajes que tratan de implicar a la ciudadanía en sus sueños de grandeza porque además pueden llegar a ser peligrosos, aunque no parece ese el caso de esta caricatura de Lehendakari, quien si logra algún tipo de relevancia histórica entre nosotros será como ejemplo de lo que no debe hacer jamás un político: actuar al margen de la legalidad. Su afan independentista me merece todo el respeto, no lo comparto aunque creo que es muy libre de desear lo que se le antoje, pero debe defenderlo según las reglas del juego y si voluntariamente se sitúa al margen de la ley, ahí es donde debe estar y no en un puesto de responsabilidad.
Pero no quiero que con el calor mi discurso se confite lentamente en mi propia bilis, así que no voy a hablar más de este tema que me resulta francamente irritante, y aprovechando que la semana que viene me iré de vacaciones, cerraré este blog hasta la vuelta (el 7 de julio) con la esperanza de que entonces la cordura haya recobrado su sitio en la política vasca y las cosas vuelvan al cauce de la normalidad por sí mismas, esto es, que Ibarretxe se vea obligado a rendir cuentas de su gestión a los ciudadanos a los que tan mal representa.

El inmerecidamente dulce adiós de Lamela

Que Manuel Lamela deje de tener responsabilidades de gestión en los asuntos de interés general de los madrileños es una magnífica noticia para estos en particular y para la higiene de la vida política en general, pero que por fin sea cesado no por su inoperancia, su soberbia, su displicencia y su ineptitud sino por su supuesta afinidad con el líder nacional de su partido, deja un regusto amargo francamente irritante. Esta purga, disfrazada de loable ejemplo de austeridad pero purga sectaria al fin y al cabo, dista mucho de ser un ejemplo de buena praxis política, aunque alguno de sus efectos colaterales, especialmente el citado del cese del ya exconsejero Lamela, sean acertados. Cabe preguntarse entonces si debe aplaudirse a quien hace lo correcto por motivos equivocados y la respuesta a mi modo de ver no puede ser otra cosa que negativa. Que una persona que con una gestión tan nefasta a sus espaldas se vaya por la puerta de atrás sin pedir perdón a la ciudadanía ni tan siquiera cubierto con el oprobio del reconocimiento oficial de sus errores roza el insulto, porque si el mal gobierno de los asuntos de los ciudadanos es menos importante en la Comunidad de Madrid que la adscripción más o menos manifiesta a una corriente interna u otra del partido en que militan sus gestores, algo funciona muy mal.
Cuando el sectarismo era algo entre partidos o ideologías diferentes ya era dañino, ahora que se extiende a las afinidades personales dentro del mismo partido ya es surrealista. Además de la falta de respeto a los ciudadanos que ha supuesto este adiós inmerecidamente dulce de quien probablemente haya sido el peor consejero de la historia de la Comunidad de Madrid, ahora podrá presentarse a sí mismo como víctima propiciatoria de una lucha interna de poder, y los damnificados por su gestión, que somos todos los que vivimos en la Comunidad de Madrid, merecíamos otra cosa, una compensación moral, un acto de justicia.

Ibarretxe y el fango

De ser ciertas las especulaciones periodísticas sobre la inmitente Ley de asistencia a las víctimas de violencia con motivación política, habrá que concluír que el Lehendakari Ibarretxe tiene una capacidad infinita para dos cosas, a saber, el eufemismo hipócrita y el enfangamiento de la política a la que lleva a niveles de indignidad que jamás se hubiesen concebido en un demócrata hasta que llegó él para demostrar que era posible caer tan bajo. Digo esto porque recientemente el parlamento vasco ha aprobado una ley de víctimas del terrorismo, que con el diccionario en la mano y el sentido común en la cabeza son las únicas "victimas de violencia de motivación política" que hay en este país, así que cabe deducir, como bien han hecho los periodistas, que se trata de una ley contra los supuestos excesos de las fuerzas de seguridad del estado. En primer lugar, el hecho evidente es que la inmensa mayoría de denuncias de tales excesos son falsas denuncias de terroristas, lo cual es un hecho demostrado, y si hubiera algun caso aislado, que probablemente lo haya (sea la víctima integrante de ETA o un carterista), ya está protegida por la ley tanto como perseguido el responsable que en todo caso lo es a título individual, no como parte de una política general de la policía ni de ninguna directriz, oficial o no, de sus responsables. Y si todo este innecesario e inmundo charco en que tan a gusto parece solazarse el gobierno vasco se hubiera montado para resarcir a las víctimas de los GAL, tampoco sería necesario porque éstas son víctimas del terrorismo, con lo que deben estar incluidas en la ley ya aprobada específica para éstas. Cabe señalar que es legítimo hacer leyes específicas para las víctimas del terrorismo no porque sus asesinos no vayan a ser perseguidos sin ellas, que obviamente lo son, sino a modo de resarcimiento moral, de reconocimiento de la deuda que el estado mantiene con ellos por no haber podido evitar su condición de víctimas de una violencia organizada de motivación política, esta sí, que es su deber combatir, porque voluntaria o involuntariamente han dado su vida para que los demás gocemos de la nuestra en libertad según los parámetros que hemos escogido para ello, y esas no son condiciones que, de existir, cumplan las víctimas a las que esta ley pretende proteger. Si existieran este tipo de víctimas, (una excepción, reitero, una rareza estadística) y su condición estuviese debidamente contrastada, no sólo denunciada, quienes hubiesen violado sus derechos deberán pagar por ello, y duramente como es naturalmente exigible en un estado democrático ya que quien actuando en su nombre pervierte sus principios fundamentales es digno de la peor consideración, y el estado deberá compensar a los afectados de la forma que esté establecida, pero hacer una ley específica para su asistencia es una inmundicia moral de la que sus responsables no deberían salir indemnes. Y lo peor es que no sorprende en absoluto.

El vestido de seda y la política de la estética

Si el objetivo del congreso del PP era hacer una criba de críticos en la directiva, habrá que felicitar al Mariano Rajoy por haber cumplido su objetivo, pero si por el contrario se trataba de buscar una catarsis con la militancia, de que a partir de ahora se olvidaran las críticas y disidencias, de conseguir un partido monolítico sin asomo de discrepancia o duda pública como el que presidieron sus antecesores, entonces habrá que dar por fracasado el mismo. Aun no había terminado el congreso cuando comenzaron a escucharse declaraciones a la prensa de Esperanza Aguirre poniendo en duda la representatividad de la nueva directiva, algo perfectamente esperable, y no se puede decir que los medios críticos con Rajoy hayan desistido de su postura de repente y se hayan entregado a la tarea de loar al líder para ayudarle a llegar a la Moncloa. Eso lo harán, si no les queda otro remedio, cuando las elecciones estén a la vista, pero debe D. Mariano prepararse para una legislatura marcada en el PP por el fuego amigo tanto como en el PSOE lo estará por la crisis.
Yo no sé los simpatizantes del PP que opinarán, pero tengo la sensación de que el congreso en realidad no ha tenido el deseado efecto balsámico, más aun, las modificaciones de la ponencia política han ido en el sentido que tanto se criticó cuando se dio a conocer y que motivaron la salida de María San Gil, así pues el congreso no ha tenido más calado político que el de la colección de gestos que a modo de estampitas tan exhaustivamente ha reunido la prensa: que si el discurso de Aznar, que si su salida de la sala, que si los saludos a Acebes, que si la llegada sorpresiva de Rato, etc. En fin, que quienes hayan seguido con interés el congreso esperarando que deparara alguna sorpresa, han tenido que conformarse con la versión más "rosa" de la política, con especulaciones y cotilleos más que con ideas y noticias de calado, pero no cabe sorprenderse cuando la supuesta revolución que se propone no es sino un conjunto de medidas estéticas para que la sociedad no perciba a la mona, sino el vestido de seda que tan primorosamente se han dedicado a tejer este fin de semana en Valencia.

¿Cual es el canon imputable a las ruedas de molino?

En un día en que se conocen los nombres del nuevo equipo directivo del PP, seguimos con la directiva europea sobre inmigración, se profundiza en el escándalo de Estepona, se levantan las sanciones diplomáticas de la UE a Cuba, etc, debería haber muchos grandes temas políticos sobre los que opinar, sin embargo, tras la entrada en vigor de una norma tan arbitraria como la del nuevo cánon digital, todos quedan en cierto modo eclipsados no por menos importantes, sino porque a diferencia de ésta todos son opinables en el sentido de que son fruto de una u otra ideología o tradición política, mientras que el canon es una arbitrariedad manifiesta que perjudica palmariamente al conjunto de la ciudadanía sin que exista explicación ideológica ni política alguna. Es uno de los pocos temas en los que se concita un amplio consenso social y ha logrado agrupar en torno a la lucha en su contra a personas de las más variopintas condiciones, incluidos muchos simpatizantes del partido del gobierno, dicho sea de paso. Es necesario defender a los creadores, nadie lo duda, pero oponerse al canon no es atacar a éstos, sino muy al contrario, pedir que se busquen maneras de que reciban lo que merecen sin que paguen justos por pecadores ni se trate a los ciudadanos como delincuentes. Eso es lo que más me irrita de la postura de los defensores del canon, que identifiquen sin rubor canon y creación. Además de indigesta, es una indignante rueda de molino con la que yo no pienso comulgar.

La UCV y la política de hechos consumados

La costumbre de utilizar políticamente la educación en nuestro país siempre ha sido irritante, pero ahora comienzan a verse actitudes realmente desvergonzadas. Según informa El Plural, este curso, la UCV (Universidad Católica de Valencia) comenzó a impartir las titulaciones de Medicina, Odontología y Podología sin contar con los permisos pertinentes y ahora el Ministerio y la ANECA, como era de esperar, han denegado definitivamente y sin posibilidad de recurso dichas titulaciones con lo que los alumnos matriculados no sólo han perdido un año de sus vidas porque no se puede continuar impartiendo esas carreras en la UCV, sino que los estudios cursados no son ni homologados ni homologables, es decir, que no se podrán convalidar en caso de traslado a otros Centros. Se da la circunstancia de que los rectores de la citada Universidad debian tener bastante claro que podía darse esta situación, porque obligaron a los alumnos a firmar un documento al matricularse (por entre 4.000 y 7.000 euros) mediante el que renunciaban a emprender acciones legales contra la misma en caso de que finalmente no se homologaran los estudios. A mi me parece premeditación y alevosía, pero no me cabe duda de que ahora tratarán de utilizar a los alumnos en contra del gobierno, a quien responsabilizarán del desaguisado, nada de asumir la responsabilidad por iniciar una actividad para la que no se tiene permiso ni, por supuesto, de devolver el dinero de las matrículas. Es positivo que no se tolere la política de hechos consumados y que se demuestre de una vez por todas que ni la iglesia ni nadie está en este país por encima de la ley (o así debería ser al menos), pero en defensa de los damnificados habría que actuar contra los responsables de la UCV, empezando por el Arzobispo García Gasco.
Y hablando de la iglesia, gracias al revuelo organizado por la a mi modo de ver justificada sentencia contra Jiménez Losantos, se especula en diversos medios con que los responsables de la Conferencia Episcopal van a emitir una nota de prensa instando a los responsables de la COPE a que cumplan con su ideario, y éste, parece ser, dice lo siguiente:

En la COPE debe darse siempre un talante democrático y un respeto al pluralismo, (…) y laborará incansablemente por la paz, por la justicia y por la libertad, propiciará siempre el talante conciliador, la convivencia y el diálogo. Sacará a la luz pública los fallos y las quiebras de la sociedad, denunciará las injusticias, pero sin sembrar odios ni esparcir gérmenes de división. Respetará las leyes y a las autoridades democráticas, con espíritu de colaboración al bien común.

Sin palabras.

La UE y la inmigración

La Unión Europea se plantea una serie de medidas para luchar contra la inmigración ilegal entre las que destacan la posibilidad de la detención administrativa hasta de 18 meses y el contrato obligatorio de integración. Sobre el segundo ya se habló suficientemente durante la campaña de las elecciones generales de nuestro país y el hecho de que en lugar del PP ahora lo proponga la UE no lo hace menos aceptable ni aun diría que menos ridículo. Sobre la detención por 18 meses de quien no ha cometido más delito que encontrarse en una situación administrativa irregular es excesiva, inaceptable y contraria a los principios fundacionales de las democracias occidentales y a los derechos civiles.
No es que sea inconcebible que probablemente se vayan a aprobar estas medidas, es que el simple hecho de que hayan llegado a planteárselas ya lo es y que no haya una contestación social clamorosa es tan desilusionante como imperdonable. Que esto ocurra es indignante, pero no tanto como que los ciudadanos lo permitamos sin dar batalla.

La actitud contemplativa de Mariano Ra-Job y los estatuarios de Zapatero

Ayer tuvo Mariano Rajoy la oportunidad de darse un bañito en esa balsa de aceite en que se ha convertido el Gobierno de nuestro pais, para revolver un poco las aguas más que nada, y sin embargo decidió quedarse tomando el sol en una tumbona a la orilla en una actitud contemplativa digna de Buda, sorprendiendo con su postura teniendo en cuenta que llueve con una cierta intensidad (pluviométrica y política). Aunque claro, con un gallego conviene no ponerse a discutir sobre el concepto de buen tiempo. Es una decisión entendible, Rajoy juega con la hipótesis de que la crisis económica provocará tal desgaste en el gobierno durante esta legislatura que sólo tiene que quedarse sentado a ver pasar el cadaver de su enemigo, que es exactamente lo que parece que piensa hacer y no digo yo que no acierte en que la victoria del PP sea probable en las próximas elecciones, falta por ver si además de su partido es también suya. Pese a su actitud contemplativa, se manifestó D. Mariano en contra del aumento de la jornada laboral y de las ayudas a las inmobiliarias, algo sin duda positivo, y mientras tanto nuestro presidente inspirado por los triunfos de José Tomás en Las Ventas ha decidido emular uno de sus más celebrados pases, el estatuario, sólo que adaptado a su interpretación de las circunstancias, esto es, sencillamente se queda quieto y no hace nada transformando el estatuario en estatua y permitiendo que los subalternos lidien como puedan con el toro, conociéndose como mayor aportación a la lidia de quien debiera ser su protagonista el intento de convencer a la plaza de que allí no hay ningún toro sino que lo que ven sus ojos es un conjunto de materia orgánica en movimiento que sufre de procesos de aceleración y desaceleración cíclicos. Asiéndose fuertemente a cortinas de humo en lugar de a la muleta, el presidente sigue firme en su postura confiando en que mantengan a ese toro de nombre incierto pero popularmente conocido como crisis alejado de él, no vaya a ser que le embista y tengamos un disgusto. No se da cuenta el presidente que con su inmovilidad más que un torero de arte, valor y mérito parece un mimo de los que se ven en las esquinas esperando que alguien les de alguna moneda para hacer algún movimiento, pero al que nadie le da un mísero centimo (porque la vida está muy mala o por su escaso talento como mimo, no se sabe), pero sigue quieto, imperturbable, incapaz de asumir la realidad y aferrado a la esperanza de que le llueva el dinero que le permita salir adelante.

Fui el primero en alegrarme del anuncio de tregua en la crispación política, y me sigo alegrando, pero lo que no entraba en mis planes era que fuera sustituida por una creciente crispación social. No entiendo la falta de iniciativa del gobierno, o al menos su falta de exposición pública, y esta situación en la que se pierde intención de voto en pro de un partido que no hace nada por ganarla, sino todo lo contrario (descubriendo tal vez la mejor estrategia posible para recuperar el gobierno). No sólo no se aprovecha el turbulento periodo precongresual del PP, sino que se igualan las expectativas de voto y el Presidente Zapatero suspende por primera vez en las encuestas de valoración personal. Supongo que se confía en que la legislatura es larga, en que tarde o temprano desaparecerá la crisis y las aguas volverán a su cauce, que el PP tiene pendiente otro congreso antes de las elecciones que se prevee tempestuoso, pero ¿y si no es así?, ¿y si la crisis continúa y el PP sale reforzado de su próximo congreso?, ¿seremos entonces los ciudadanos los culpables de la crisis por no llegar a fin de mes pese al gracioso regalo de los 400 euros?

Esta situación en la que tanto gobierno como oposición parecen pretender, cada uno con sus motivaciones, cargar sobre los hombros de los ciudadanos el peso de la crisis, debería servir para que construyésemos una alternativa de izquierdas real, moderna, laica y no nacionalista, y no para que quienes pueden hacerlo pierdan su tiempo y la oportunidad en peleas internas que sólo sirvan a la postre para perpetuar el dañino bipartidismo de facto que tanto daño hace a nuestro pais.

De anécdotas y deslices

Lo peor de la polémica suscitada por la torpe defensa de la ministra Aído del uso de un término no recogido por el diccionario es que ha conseguido camuflar la iniciativa que verdaderamente se presentaba hasta rozar la invisibilidad. Sobre el asunto gramatical ya esta todo dicho y tampoco es tan relevante (si la carrera política de Esperanza Aguirre sobrevivió a cosas como el "Sara Mago", sin duda la de la ministra lo hará a esto), pero no sobre el tema de fondo, iniciativa que sí que considero positiva y destacable: un teléfono destinado no a la víctima, sino al potencial agresor. Cada medida que redunde en la educación o ayude a canalizar la agresividad de los maltratadores es positiva, aunque su éxito sea difícilmente mensurable, porque si bien la lucha policial y judicial contra estos delitos es indispensable y debe reforzarse, las mejores medidas son las preventivas porque no hay mejor lucha que la que no es necesaria (porque el delito no se produzca, se entiende) . Las críticas a la ministra lo han sido a una actuación concreta suya, en modo alguno a la igualdad y harían muy bien quienes han saltado en su defensa, cosa muy legítima, por cierto, en argumentar su posición sin recurrir a la fácil y demagógica descalificación sistemática de quienes defienden lo contrario: criticar la debilidad de la argumentación a la que la ministra recurrió en su errática defensa de su intervención no es genéricamente machista: muchos criticamos su torpeza puntual, no su condición de mujer ni de persona comprometida con la igualdad de género. Algo similar se podría decir de quienes han cargado excesivamente las tintas contra ella: que haya cometido un error y después se haya enrocado en él no significa que no esté preparada, ni que su ministerio no tenga sentido, ni que deba dimitir. Demos a las anécdotas el tratamiento que merecen y no tratemos de elevarlas a categorías políticas que no tienen.
En otro orden de cosas, dejo aquí el enlace de una iniciativa de recogida de firmas contra la jornada laboral semanal de 65 horas.

Bono, la bandera y la legalidad

El Presidente del Congreso tuvo a bien ayer reprender a un miembro de la comitiva de represaliados por el franquismo que visitó la cámara porque éste exhibió una bandera tricolor dentro de la cámara. No digo yo que desde el punto de vista de la cortesía sea lo más indicado, pero el Sr. Bono, con su condescendencia y su tono de predicador habituales, le recordó que en su calidad de invitado debía respetar escrupulosamente la legalidad y que la bandera que estaba mostrando en este momento no es legal. Pues bien, debo decirle al Sr. Bono que si bien en este momento la bandera republicana no es la oficial de nuestro país, como todo el mundo sabe, su exhibición es completa y perfectamente legal, como respalda la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y haría muy bien es Sr. Presidente de la Cámara en ser más cuidadoso con sus palabras cuando reprenda a un ciudadano, pues si los invitados deben guardar unas determinadas normas de cortesía, no deben hacer menor los anfitriones y si a algún ciudadano se le afea su conducta en su propia casa, porque el congreso es tanto su casa como mía como del Sr. Bono, que no sea con una argumento que falta notoriamente a la verdad.

Los políticos y las palabras mágicas

Se detecta en la clase política una relación ciertamente antinatural con algunas palabras a las que parecen darle unas propiedades mágicas que probablemente no tengan. Así, el presidente se obceca en no pronunciar la palabra crisis como si ésta fuera un sortilegio que de ser enunciado provocaría un cataclismo, en lugar de tratarse de una descripción simple y llana de una situación. La ministra Aído, por su parte, cree en las bondades de la palabra "miembra", cuya cualidad mágica viene a ser que si todos la usáramos se solucionarían problemas tan graves (y merecedores de análisis más serios, por cierto) como la violencia de género. En su opinión además es machista oponerse a la inclusión en el diccionario de la Real Academia de ese término, y lo dice nada más y nada menos que en respuesta a unas declaraciones de Alfonso Guerra en ese sentido en las que argumentaba algo tan aparentemente razonable como que la misión de la academia es recoger los usos y costumbres del lenguaje y darles carta de naturaleza (con una manga excesivamente ancha, en mi opinión) y que, por tanto, como nadie la usa no es lógica su inclusión. Eso no significa que no se pueda usar, aunque quede feo porque a fin de cuentas no deja de ser incorrecto, pero si realmente la ministra considera que puede servir para algo lo que debe hacer es convencer a la sociedad de que la incorpore a su lenguaje, y no insultar a quienes consideran que se debe hablar correctamente. Pero no se limita a decirlo a ver si cuela, sino que además lo argumenta de la siguiente manera: a las palabras guay y finstro no les costó tanto entrar en el diccionario ergo debe haber una cuestión de género detrás de esta polémica. A esta deslumbrante argumentación, prodigio de clarividencia y lógica deductiva, cabría oponer algún que otro pequeño matiz, a saber:
a) Las palabras guay y finstro (o fistro, vaya usted a saber) son, desde una perspectiva de género, absolutamente irrelevantes (a no ser que haya que decir finstra para ser políticamente correcto). Sin embargo sí que son utilizadas habitualmente por los castellanohablantes.
b) Guay, efectivamente está en el diccionario y no sé si le costó mucho ser incluida o no, habida cuenta de que lo consiguió en 1734, momento álgido de la lucha por la igualdad, como todo el mundo sabe.
c) Finstro, por su parte, sí debe haber sufrido mucho para lograr ser incluida, tanto que lo ha hecho de incógnito y no aparece en el diccionario, algo bastante lógico si se considera que nadie conoce a ciencia cierta el significado de este lema que es utilizado en los más variopintos contextos y con un sentido diferente en cada uno de ellos.
Enfocándolo con seriedad, la ministra reconoció en una entrevista que se trataba de un lapsus y el tema no debería haber pasado de ahí, no pasa nada por equivocarse. Ahora bien, si uno se empecina en su error y pretende convencer a la humanidad toda de que no es tal sino una reivindicación legítima de algo importante, pasa de cometer un desliz sin relevancia alguna a tomarle el pelo a los ciudadanos, algo ciertamente más grave. En fin, critico esta polémica porque creo que no es un tema de política de género sino de falta de humildad de una política, que es algo muy diferente, pero si finalmente fuera cierto que es bueno desde algún punto de vista que se diga miembra o cualquier otra cosa, jamás me opondría. Tal vez fuera bueno que los políticos se dedicaran a su trabajo y dejaran a los demás el suyo, y parece claro que el encargado de limpiar, fijar y dar esplendor a nuestra lengua, para su tranquilidad (de la lengua) y el bien de todos, son los académicos, no ellos.

El PP y las 65 horas

Parece que al mismo tiempo que se recupera lentamente la normalidad en el transporte, si es que por normalidad se puede entender el desbloqueo de las carreteras y no, lamentablemente, que se haya encontrado una solución satisfactoria a la precaria situación de los transportistas, algo similar ocurre con la vida política. El PP comienza a encontrarse a sí mismo y a aprovechar la inacción del gobierno, que aparentemente pensaba que iba a estar toda la legislatura sin oposición y se ha permitido una siestecita en los laureles, para atacarle duramente. Lo interesante es que tras el espejismo de moderación centrista que han tratado de vendernos y que cada vez estoy más convencido de que ha sido únicamente una jugada maestra de Rajoy para quitarse de enmedio a quienes le hacían tanto sombra como oposición interna para volver exactamente al mismo punto que antes de que todo empezara libre de hipotecas, pero sin moverse ni un milímetro, lo interesante, decía, es que además del lógico ataque al gobierno por la situación creada por la huelga y su gestión, casi obligatoria para un grupo de la oposición tanto formal como ideológica, el PP ha decidido, según informa La República, posicionarse a favor de la directiva europea sobre el aumento de la jornada laboral semanal a 65 horas en una muestra tan descarada como legítima de su filiación neoliberal pura y dura. Lo irritante es que recurran una vez más a un subterfugio tan inconsistente como ridículo para justificar su posición como decir que en realidad no se trata de una obligación (¡faltaría más!) sino de la simple eliminación de la restricción que limitaba la jornada a 48 horas, una conquista de la libertad, vamos. A mi no me molesta que alguien pueda defender posturas contrarias a las mías, creo que es incluso bueno que sea así, pero sería de agradecer que se hiciera desde la honestidad, que se dijera claramente que se identifican con la reforma y que argumentaran porqué tratando de evitar en lo posible de tomarle el pelo a los ciudadanos.

La UE, las 65 horas y la regresión del estado de bienestar

Con una huelga en marcha que parece haber despertado al fantasma del desabastecimiento, una huelga con muertos, además, y una Unión Europea dando via libre a una reforma de la jornada laboral aumentándola hasta las 65 horas semanales (cuando hace unos años se hablaba de bajarla a 35) tengo la extraña sensación de que en algún momento, inadvertidamente, los trabajadores hemos perdido un siglo. ¿En que momento comenzamos a retroceder en nuestros derechos?¿Cuando dejamos de luchar para conseguir cosas y comenzamos a hacerlo para evitar que nos las quiten? Sospecho que desde que está bien visto definirse como "liberal de toda la vida", eufemismo tras el que se esconde un neoliberalismo salvaje que siempre ha estado presente, pero que ahora no siente la necesidad de disimular. Es bueno que al menos se muestre la verdadera cara de quienes tratan de hacer que los trabajadores, los ciudadanos, veamos impotentes como perdemos derechos tan duramente ganados, pero es malo que sea tan evidente que cada vez ganan más y más batallas, que parezca que asumamos que es el signo de los tiempos y no hay nada que hacer. Aumentar la jornada semanla a 65 horas dejando además la puerta abierta a otras mayores "establecida libremente de mutuo acuerdo entre trabajadores y empresarios" es un atropello normativo intolerable al que habría que hacer frente, y la tibia postura del gobierno español en este tema no es, desde luego, motivo de orgullo ni tan siquiera de tranquilidad.

Retomo este tema para enlazar los comunicados que sobre el mismo han emitido IU y C´s

Histeria es la palabra, solidaridad, justicia e incivismo también

Histeria es la palabra que define la reacción de la ciudadanía, según gran parte de la prensa, ante el temor al desabastecimiento consecuente a la huelga de transportistas, aunque es posible que sin dicha reacción no hubiese desabastecimiento en absoluto. Pero no es la única palabra que a mi modo de ver define este proceso, en primer lugar porque hay que hablar del trasfondo del mismo, algo tan sencillo como explicar lo que piden y si esto es justo o no, y parece que lo es porque no es de recibo que sean los transportistas y no quienes contratan sus servicios quienes deban asumir el coste de la subida de los carburantes. Si el gobierno no accede a los cambios legales necesarios para que eso sea así muy probablemente se deba a razones que nada tengan que ver con la justicia de la petición sino más bien con su preocupación por la subida en los precios finales al consumidor que se experimentaría de ser así. No obstante, creo que es correcto y si la consecuencia de atender una reivindicación justa de unos trabajadores es que todos vamos a tener que pagar más por los productos, debemos asumirlo con naturalidad y sin duda de no existir el contexto actual de crisis, el gobierno no dudaría en aceptar las peticiones de los transportistas que ahora trata de evitar por todos los medios para desactivar cualquier factor que redunde en un nuevo aumento de los precios, lo cual es entendible.

Pero que la reivindicación sea justa no implica que todos los medios que se utilizan para conseguirla lo sean igualmente. El desabastecimiento es una consecuencia natural de la ausencia de servicio de transporte que los ciudadanos debemos asumir con paciencia y naturalidad, pero el corte de carreteras es una medida de presión ilícita e incívica que de ningún modo podemos apoyar. Los ciudadanos, en mi opinión, debemos soportar solidariamente las consecuencias, los daños colaterales por así decirlo, de las protestas que los trabajadores lleven a cabo para lograr las necesarias mejoras de sus condiciones laborales, todos lo hacemos en nuestros respectivos sectores y sin duda siempre sale alguien perjudicado, pero una cosa es asumir solidariamente los inevitables incovenientes del ejercicio del derecho fundamental a la huelga y otra que se nos utilice como medida de presión, como arma arrojadiza contra el gobierno. Si voy al mercado y lo encuentro vacío, lo asumo, pero si salgo a la carretera y la encuentro cortada, no. Me parece un comportamiento ilícito e incívico (además de poco inteligente pues pone a la población en su contra) que se debe atajar de una vez por todas. No todo vale.

Ojalá el resultado de este proceso sea satisfactorio para los transportistas (y los pescadores), todos debemos alegrarnos si así ocurre porque una sociedad es tanto más justa cuanto más lo sea para todos sus integrantes, pero habría sido deseable que para lograrlo no hubiesen recurrido a medidas de presión ciertamente discutibles.

La hipocresía discográfica y Manolito P2P

Que a estas alturas la desmelenada industria discográfica decida acudir a los tribunales para paliar su incapacidad para adaptarse a los nuevos modelos de negocio de esta sociedad de la comunicación no es ninguna novedad, pero que hayan decidido pedirle 13 millones de euros a Manolito P2P, cuya existencia yo personalmente conocí gracias a la denuncia, sí sorprende un poco debido a lo exagerado del asunto.

Por un lado me sorprende la hipocresía de las discográfica y de quienes apoyan este tipo de pleitos porque se solicite indemnización por una actitud delictiva no a quien comete el delito, sino a quien diseñó la herramienta gracias a la cual se ha cometido, que sin duda sirve tambien para usos completamente legales. Si las discográficas ganan este juicio propongo que a partir de ese momento los conductores, por poner un ejemplo cercano de herramienta tecnológica diseñada para un fin legal y lícito pero que puede utilizarse para otros delictivos y no recurrir a otros tal vez más evidentes como la industria armamentística, demandemos a los constructores de coches para que paguen por cada infracción del código de circulación. O si no a Nicholas Joseph Cugnot o Henry Ford o quien quiera que sea el padre de la criatura. El razonamiento sería exacto al que utilizan las discográficas, sólo que a los ciudadanos de a pie no se nos ocurriría semejante aberración. A quien piense que estoy siendo demagogo le diré que tiene razón en una cosa, no son casos equiparables, pero no porque la industria discográfica tenga razón en el pleito, sino muy al contrario porque en su caso ya hemos pagado todos los usuarios de aparatos susceptibles de ser utilizados para estos fines un canon para paliar preventivamente los daños que se puedan ocasionar por nuestra impropia conducta de aviesos piratas, la pongamos en práctica o no, lo seamos o no, de modo que de ganar el juicio se pagará por el delito dos veces, una de ellas los responsables del diseño de la herramienta utilizada, no los culpables, y otra todos los usuarios, mayoritariamente tampoco culpables.

El otro aspecto por el que me parece aberrante esta denuncia es por el importe. La industria discográfica tasa en 13 millones de euros los daños ocasionados por una empresa cuyo valor es diez veces menor. Es decir, uno roba una cartera en la que hay 100 euros y le denuncian por haber robado mil. Este singular razonamiento se basa en una suposición inasumible para quienes juzguen el caso con buena fe, que cada descarga realizada equivale a un disco no vendido, es decir, no se pide el dinero que se ha perdido, sino el que se podía haber ganado con esos recursos de haber estado a disposición de la industria que, como todo el mundo sabe, vende todos y cada uno de los discos que graba. Que quien descarga una canción o compra un disco en el top manta indefectiblemente comprase ese mismo disco de no tener internet o vendedor a su disposición es mucho suponer. En caso de ganar también tengo una propuesta que hacer, cada vez que alguien sufra un robo o bien le den mal el cambio perdiendo, por ejemplo, dos euros, debe inmediatamente denunciar en la comisaria el robo de 50 millones de euros porque con esa moneda que ha dejado de tener en su poder muy bien podría haber comprado una participación para el sorteo de euromillones y haber ganado el bote.

En fin, que si yo fuera el inventor de Manolito P2P estaría ciertamente preocupado, pero tampoco conviene perder la fe antes de tiempo y confiar en que la justicia actúe con sentido común. En cualquier caso lo que verdaderamente me ofende de este tema es que intenten que tenga que tragarme el sapo de que todo esto se hace en defensa de los creadores, cuando símplemente se trata de un lobby empresarial tratando de mantener unos beneficios exagerados provenientes de una época en la que no había alternativas y gozaban, por tanto, de una situación de privilegio inconcebible hoy día. La piratería es delito, sí, no cabe duda, pero la voracidad infame de una industria refractaria a la adaptación a los nuevos tiempos e irrepetuosa con los derechos de los consumidores debería serlo igualmente.

Registro de pederastas y cadena perpetua: los problemas de legislar en caliente

Expresar mi admiración, cariño y respeto hacia los padres de Mariluz antes de hablar de este tema es una obligación moral que no puedo ni quiero eludir, y es precisamente desde esa admiración, ese cariño y ese respeto que siento hacia ellos desde donde quiero expresar una preocupación ante las consecuencias de las reformas legislativas que parece ser que se plantean en relación a la lucha contra la pederastia. Son dos las actuaciones propuestas por la familia y secundadas por millones de firmas de ciudadanos, la primera, a la que ya se ha dado luz verde, es la creación de un registro público de pederastas, y la segunda, que no parece que vaya a ser atendida por incompatibilidad con nuestro ordenamiento jurídico, es la cadena perpétua para los convictos por este delito. Ambas cosas parecen aceptarse en la sociedad con un consenso ciertamente amplio, y no parece que se alcen voces contrarias a ninguna de las dos decisiones, sin duda debido a la alarma social que despertó el caso.

Mi visión es diferente, en primer lugar porque un sistema debe ser cambiado cuando no da solución a los problemas que trata si su funcionamiento es correcto, algo muy lejano a la realidad de este caso. El sistema no ha funcionado, no se ha aplicado bien y se han encadenado trágicamente una sucesión de errores humanos inconcebibles en una sociedad moderna, por lo tanto, ¿no sería más razonable dotar a la justicia de medios humanos y técnicos para aplicar correctamente las leyes y las medidas a su alcance que aprobar otras nuevas que, sin los medios necesarios, igualmente se aplicarán mal? ¿No debería ser prioritario que se garantizase que el sistema funcionase correctamente y una vez conseguido analizar si es el adecuado o no? Sin embargo se opta por otra medida difícilmente comprensible, la publicación de un registro de pederastas accesible para todo el mundo, es decir, no se garantiza el correcto funcionamiento del sistema judicial y se traslada la responsabilidad a los ciudadanos, quienes deben encargarse de averiguar si sus vecinos son pederastas o no consultando el registro. Y yo me pregunto, una vez que lo consulten y descubran antecedentes de abuso de menores en alguien de su entorno, ¿que se supone que deben hacer?, ¿mudarse?, ¿tomarse preventivamente la justicia por su mano? El objetivo de nuestro sistema penal es la reinserción y parece claro que eso es incompatible con la publicación de un registro de esta naturaleza que sólo estaría justificado si fuera un hecho cierto, demostrable y demostrado que la reinserción de este tipo de delincuentes es imposible, lo que nos lleva a la otra medida propuesta: si su reinserción es imposible ¿porqué se les deja en la calle? No se trata de aplicar la cadena perpetua como castigo, sino de internar bajo estricta supervisión médica y psicológica a los culpables de este horrendo crímen hasta el exacto momento en que dejen de ser un peligro, y entonces soltarlos en las mismas consiciones y con las mismas oportunidades de reinserción que cualquier otro preso.

Por eso opino que debería haberse obrado al revés de como se ha hecho, registro de pederastas no, internamiento indefinido sí, pero sobre todo abordar el verdadero núcleo de este tema, la reforma del sistema judicial para dotarlo de cuantos medios humanos y técnicos sean necesarios para que puedan hacer algo tan exigible como hacer bien su trabajo.

Obama y la libertad (digital)

A raíz de la parece que definitiva nomicación de Barak Obama como candidato demócrata a la presidencia de EE.UU., sorprenden algunas reacciones habidas en nuestro país por lo desmesurado de la calificación de su persona como de "extrema izquierda". Dudo que alguien que se ha hecho valedor de una candidatura presidencial en aquel país pueda ser considerado como de extrema izquierda según los estándares propios de la zona, donde para ser considerado de extrema izquierda seguramente baste con aplicar una visión europea de estado de bienestar con educación y sanidad públicas, universales y gratuitas, pero según nuestras escalas de valores, calificar a Obama de rojo irredento viene a ser básicamente una sandez, por lo demás nada sorprendente teniendo encuenta que procede de un medio tan poco mesurado y objetivo como Libertad Digital.

Después de la ilusión de hoy probablemente comprobemos como su acción de gobierno no diferira mucho en lo esencial de la de todos sus antecesores, especialmente en política internacional, entonces cabe preguntarse a qué se debe tanta inquina y probablemente, haciendo un ejercicio teórico nada disparatado, quepa concluir que en determinados medios conservadores no haya sentado nada bien que haya osado decir algo tan aplastantemente lógico como que hay que tener una buena relación con los aliados y puesto que España es uno de ellos hará lo posble por normalizar sus relaciones institucionales con nuestro país. Eso es imperdonable a ojos de Losantos y los suyos, quienes ven cómo se puede quedar sin uno de sus argumentos estrella contra Zapatero, no sólo porque se evidencie la falacia del poco peso de España en el concierto internacional, sino sobre todo porque esas declaraciones ponen de manifiesto que la responsabilidad de las malas relaciones es básicamente de Bush y su lamentable concepción de la política basada más en los instintos primarios que en argumentos, ideas y buen gobierno.

La clase política como muestra representativa de la sociedad

A menudo cargamos las tintas sobre nuestra clase política en la que vemos defectos que parecen tan propios de su condición como ajenos a la sociedad a la que sirven, nada más lejos de la realidad. Esa mezcla de despotismo con falta de brillantez que tan frecuentemente les atribuimos está muy lejos de estar ausente de las facetas de la vida ajenas a la política, de hecho son características de muchos sectores, valga como ejemplo la actitud de los dirigentes de la federación española de baloncesto. Hay que asumir que vivimos en un país en el que es costumbre generalizada ejercer el poder de que se dispone aparentemente como ejercicio inherente al mismo y no para lograr una mejora del servicio, una mayor rentabilidad o una toma de decisiones simplemente justa y honesta. Es frecuente ver personas que ejercen arbitrariamente el poder de que disponen simplemente por eso, porque pueden, y lo hacen a menudo por cosas tan lejanas a los objetivos nobles como el afán de protagonismo, el sectarismo o el simple capricho.

Soy el primero que ejerce su cerecho a crítica sobre la clase política porque sus decisiones nos atañen a todos y porque están situados en un espejo público que las hace mucho más visibles, pero me niego a asumir ese discurso según el cual son unos seres malvados alejados de la realidad, de hecho creo que es en sus defectos donde realmente representan a la sociedad y si no son en ellos una muestra representativa de exactitud matemática, es por defecto y no por exceso.

Rajoy y la crítica

Tengo un recuerdo de hace ya muchos años de un profesor de mi Facultad que fue preguntado en clase acerca de una discrepancia entre lo que acababa de explicar y lo que decía sobre el mismo tema uno de los libros más reconocidos de la materia, a lo que contestó con un rotundo "en este tema, la ciencia soy yo". Supongo que a un estado tal de autocomplacencia no se llega fácilmente, son necesarias una gran dosis de retroalimentación positiva y egocentrismo y una ausencia casi absoluta de autocrítica. A menudo recuerdo ese momento cuando escucho a algún que otro líder político, al que no ya la autocrítica sino el simple análisis de sus actos le resulta absolutamente ajeno, algo extendido en todos los partidos pero endémico en el principal partido de la oposición acostumbrado a tener un líder cuya palabra era dogma de fe y que ahora, por obra y gracia de unas derrotas electorales emocionalmente dolorosas pero intelectualmente balsámicas, ve como se planta ante sus simpatizantes y les dice "los principios soy yo", y no se lo creen y además, aunque la autocrítica de su círculo íntimo siga desaparecida (y sin que se la espere), la crítica entre determinados sectores de la militancia es intensa e incluso tal vez un poco exagerada. La falta de experiencia en esto de recibir criticas de entre sus propias filas, está haciendo que sean de dificil digestión y en lugar de escucharlas serenamente, analizarlas y dar respuestas argumentadas a esas inquietudes de parte de la tropa, se descalifican con el peregrino argumento de que son minoritarias. Por eso es intelectualmente balsámico este proceso, porque hace visible a la sociedad que los partidos no son monolíticos y que en ellos tiene cabida la discrepancia, aunque todavía algunos no hayan aprendido qué hacer con ella.

Virginidad y anulación matrimonial

Tanto como la noticia en sí misma, este fin de semana ha sido ciertamente sorprendente el tratamiento que se la ha dado a la decisión judicial en Francia de anular un matrimonio, según los titulares porque la mujer no era virgen. Si fuera así desde luego que sería una completa barbaridad, pero si, como dice la ministra competente, es un mecanismo legal para proteger a las mujeres a las que se les obliga a contraer matrimonio por concertación de las familias, no sería malo en absoluto. El problema es que parece ser que el demantante era el marido, no la mujer, y que el argumento jurídico sea que el matrimonios se basa en un engaño (la ausencia de virginidad de la novia). En fin, que me sorprende haber leído la noticia en dos periódicos y que ninguno de ellos haya considerado conveniente publicar lo que opina la mujer afectada de este asunto.