Protestas, detenciones

Cuando a raiz de la detención de dos militantes del PP a causa de su actitud agresiva en una manifestación convocada por la AVT en contra de José Bono en enero de 2005 se armó la tremenda polvareda mediática que se armó y que a la postre acabó en la condena a penas de prisión de los policías que tuvieron el atrevimiento de detener a quienes aparentemente trataban de agredir nada más y nada menos que a un Ministro, me extrañé, porque si existía algún indicio de la existencia de semejante comportamiento parecía lógico actuar en tal sentido aunque al final se demostrara la inocencia de los acusados. La policía no declara la culpabilidad de los detenidos, símplemente les pone a disposición de la justicia. Pero no, aquello fue un escándalo gracias al cual se acusó al Gobierno de todo tipo de actitudes totalitarias, de atacar la libertad de expresión y cosas por el estilo.
Pues bien, ahora los detenidos son sindicalistas y trabajadores de la sanidad pública madrileña que han protestado contra el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes y, francamente, comparando los vídeos que han salido a la luz pública de ambos incidentes, este del Consejero parece un juego de niños al lado del otro. ¿Se encarcelará ahora a los policías que han detenido a los supuestos agresores?¿Tienen acaso estos más limitaciones en su derecho a protestar públicamente que los militantes del PP?¿Merece acaso un Consejero de una Comunidad Autónoma mayor nivel de protección que un Ministro?¿Dónde están los que protestaron entonces?
Yo personalmente pienso que en ningún caso la agresividad y la violencia tienen cabida en las manifestaciones públicas de protesta y que es función de la policía garantizar la integridad de todos los ciudadanos, pero de todos, sin excepción. Lo que es reprobable para unos, debe serlo para todos y en mi opinión las protestas de este tipo lo son, siempre, y se debe actuar para que no se ponga en riesgo la seguridad de las personas. Si estos sindicalistas y trabajadores son culpables de algún tipo de intento de agresión, se ha hecho muy bien deteniéndoles, exactamente como se hizo en el caso Bono, y debe asumirse con perfecta naturalidad. Ninguna protesta, ninguna reivindicación ni movimiento se desacredita porque dentro de su seno y aisladamente algún individio pueda descontrolarse, no hay porqué rasgarse las vestiduras. Y si finalmente resulta que los detenidos son inocentes, como ojalá ocurra y, sinceramente, parece, pues mejor que mejor. Lo que no es de recibo es la hipocresía, la diferencia en el tratamiento de unos casos y otros, la nueva constatación de las disfunciones en cuestiones elementales de comportamiento democrático que aun hoy nos aquejan, tanto de quienes no saben protestar civilizadamente como de quienes padecen esa aguda intolerancia a la discrepancia que ya se ha convertido tristemente en epidemia entre los altos cargos de la Comunidad de Madrid, entre los que , jubilado Lamela, Güemes probablemente sea el más afectado.