Los malos ejemplos

Existe un cierto temor entre determinados círculos de opinión a que el actual estado de las cosas, en el que se ha recurrido con tambores y fanfarrias a la intervención estatal como al Moisés que ha de guiar al desorientado sistema financiero hasta la tierra prometida, por más que existan serias dudas sobre la eficacia de los diques de contención que se han construido para abrir las aguas a su paso y quien más quien menos haya creído ver más de una filtración, a que ese afán intervencionista se extienda a todos los ámbitos de la vida, esa vieja máxima liberal según la cual todo lo que no se ajuste a su sistema está abocado al totalitarismo. Como si una cierta intervención en la economía llevara implícito un camino a la dictadura, como si no existieran teorías políticas que defienden la libertad individual de las personas, el derecho a la no injerencia arbitraria en la esfera privada de los ciudadanos, a la no dominación, a la vez que un estado fuerte que sirva de garante a la igualdad, la justicia, etc. Como si el republicanismo cívico no fuera un valor al alza, un referente en la actual concepción progresista de la política. Como si tomar las cautelas necesarias en forma de reformas del sistema que eviten que esto vuelva a suceder sea un ataque a la libertad, en lugar de una exigencia moral.
Desgraciadamente, siempre hay quien se encarga de proporcionarle oportunamente con su torpeza excusas a aquellos con quienes discrepa, de forma que en lugar de poder decir alto y claro que esos temores son absolutamente infundados, delirantes, tiene que venir el gobierno tripartito de la Generalitat a darle una excusa a quienes sienten dichos temores legislando sobre algo que desde cualquier punto de vista compete única y exclusivamente al círculo íntimo de decisión de las personas, aquel en el que ningún gobierno o institución debe interferir, una injerencia arbitraria en toda regla. Porque no dudo que, si esa es la opinión de los expertos, sea positivo que los niños adoptados conozcan su orígen, pero la diferencia entre ejercer un papel de gobierno responsable y una interferencia intolerable en el ámbito privado de los ciudadanos está precisamente en legislar sobre ello, en lugar de informar, convencer o explicar a los padres los motivos por los que su hijo debe conocer su condición de adoptado, y que ellos obren en consecuencia, sino obligarles a que se lo digan "cuando tengan edad de comprenderlo" y en cualquier caso "antes de los doce años". ¿Y como piensan garantizar tal cosa?
Desconozco completamente si es bueno o no y en cualquiera de los dos casos el porqué, pero que un gobernante se plantee hacer una ley para regular un aspecto tan íntimo de las relaciones familiares, además de ianudito, resulta sencillamente inmoral.