jueves, 24 de abril de 2008

La ética de la política y la política de la ética en Madrid

A quienes vivimos en Madrid, cualquier noticia que abunde en la obsesión de sus gestores por sustituir tanto lo público por lo privado como la laicidad por el trato de favor al catolicismo por parte de sus autoridades, creemos que no nos puede sorprender ya, y sin embargo nos equivocamos. Resulta que la Comunidad de Madrid tiene un convenio con el arzobispado que permite que los sacerdotes formen parte de los comités de ética de los hospitales, y lo tiene desde 1997 sin que haya trascendido hasta ahora. Me pregunto porqué es necesario firmar un convenio para permitir algo que la propia naturaleza del órgano permitiría sin necesidad de regulación alguna, puesto que es un órgano multidisciplinar que no tiene ningún tipo de restricción a la hora de seleccionar a sus miembros, me pregunto si tales alardes de afinidad, tales adhesiones inquebrantables a una doctrina y sus órganos rectores es necesaria y más aún, tolerable. En otras palabras, si alguien es un profesional destacado de algún ámbito de la medicina o un especialista en bioética o incluso reúne condiciones para formar parte de uno de estos comités en representación de la sociedad por las razones que sean, me parecerá estupendo que lo haga independientemente de si es sacerdote o no, lo que es inadmisible es que alguien tenga voz sobre asuntos privados de los ciudadanos, en este caso su salud, sólo y exclusivamente por el hecho de formar parte de la iglesia católica.
Este convenio es inadmisible desde el punto de vista de la aconfesionalidad del estado (de laicidad ya ni hablamos), por supuesto, pero también como un problema de protección de datos: entiendo que un paciente debería tener un cierto control sobre quien conoce su historia clínica, y sin embargo es bueno que se sepa en estos tiempos en que parece que la Presidencia de la Comunidad de Madrid quiere extender su influencia en el estado y presenta para ello su gestión como aval, porque éste es efectivamente el aval de Esperanza Aguirre para presidir el estado: fundamentalismo neoliberal e imposición de una moral determinada a los ciudadanos.

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