La enmienda 138 y la calidad democrática en la UE

El Consejo de la UE ha decidido eliminar la enmienda 138 del paquete legislativo que debate en relación a la reforma del mercado de las telecomunicaciones, informa Público. Dicho así no es muy llamativo, parece una mera cuestión de trámite, pero si tenemos en cuenta que la enmienda lo que dice es "ninguna restricción a los derechos y libertades fundamentales ha de ser impuesta sin la resolución previa de las autoridades judiciales" resulta más que llamativo, incomprensible, que los Gobiernos de la UE hayan decidido eliminarlo, no sólo porque para hacerlo hayan obviado el voto del 88% de los parlamentarios europeos, que son los que optaron por la inclusión de dicha enmienda (una mayoría más que absoluta, inaudita), sino porque la decisión de los Gobiernos, además de ser contraria a la voluntad expresada por los ciudadanos a través de sus representantes, supone una nueva supeditación de los derechos civiles a los intereses empresariales en esta UE en la que los únicos destellos de sensibilidad social son los que producen el brillo de su ausencia.
En pleno siglo XXI, escamotear a los ciudadanos la intervención de un juez, y por tanto la garantía democrática, en cualquier medida punitiva o coercitiva que pueda tomarse contra ellos es de todo punto inaceptable, supone una política regresiva en tanto a los derechos civiles que es incomprensible que gobernantes democráticos se planteen siquiera imaginar.
Parece que es este el signo de las reformas que Sarkozy plantea bajo la pantalla de humo de una supuesta modernización, de una búsqueda de eficacia en las instituciones que lo único que encuentra es pérdida de calidad democrática en beneficio de un mayor poder ejecutivo de los gobernantes, poder que inmediatamente ponen al servicio de las empresas en detrimento de los intereses de los ciudadanos de los que emana el mismo, y no es algo que se deba permitir porque no es el modelo de internet lo que nos estamos jugando, sino el peso de nuestros derechos fundamentales en la balanza de cualquier reforma que se plantee en el futuro, un peso que a día de hoy debería estar ya fuera de toda discusión y que, lamentablemente, no lo está.