La Asamblea (general de accionistas) de Madrid y el debate del estado (de las empresas) de la región

La intervención de ayer de Dª Esperanza Aguirre, la presidenta de todos los (empresarios) madrileños, en el Debate del Estado de la Región, vino a abundar en el mismo camino ultraliberal que ya anunciaban las medidas publicitadas estas últimas semanas, algunas simples declaraciones de intenciones como la privatización de Telemadrid "cuando la ley lo permita". A la creación de un macrocentro de convenciones y la puesta en marcha de una pseudodirectiva Bolkestein de todo a cien dentro del territorio nacional sin más sentido que el gusto de la Presidenta de la Comunidad por jugar a serlo de la Nación, se suma ahora la privatización del Canal de Isabel II. Nada de esto, pese a suponer alguna de las medidas una irremediable pérdida patrimonial para todos los (ciudadanos) madrileños y una clara preocupación más por las empresas que por los problemas de los ciudadanos las demás, es sorprendente. Hay que reconocer que el gobierno de Aguirre hace exactamente lo que siempre ha dicho que haría, aquello para lo que se supone que le votan puesto que no esconde sus intenciones neoliberales. Que a muchos no nos guste, que lo consideremos peligroso y lamentable, no significa que no sea perfectamente legítimo. Ahora bien, lo que no es de recibo es que se recurra a subterfugios para presentar este tipo de medidas a la sociedad. Privatizar (sólo en parte de momento) una empresa pública rentable es exactamente eso, venderla a las empresas privadas y alejarla por tanto del servicio público como objetivo empresarial para acercarla al del beneficio puro y duro. De modo que eso es lo que debería haber dicho la Presidenta que pretendía hacer con la gestión del agua de los ciudadanos madrileños, vendérsela a los empresarios y no como ha dicho eufemísticamente "abrir la gestión del Canal a todos los madrileños que lo deseen". Porque sí, todo el que lo desee puede comprar acciones, siempre claro está que pueda permitírselo, incluso puede comprarlas en número suficiente como para poder influir en la gestión de cualquier empresa, siempre que tenga dinero, porque todos los ciudadanos tienen la libertad de hacerlo, pero no la posibilidad. No es para estar agradecidos que te den la posibilidad de comprar lo que era tuyo. Todos somos iguales siempre que podamos pagarnos la igualdad. Si realmente quiere la sra. Aguirre que todos los ciudadanos estemos implicados en la gestión del canal, mejor hará manteniendo la titularidad pública del 100% de su capital, que es la única manera de que efectivamente sea de todos, lo contrario, además de una terrible hipocresía, es lo que parece: una nueva supeditación de los intereses de los ciudadanos a los del capital.
Aunque no es justo decir que desde el Gobierno Aguirre sólo se preocupan de las empresas, también han anunciado una medida de calado social para ayudar a los ciudadanos a afrontar la crisis económica: rescatar del pozo de la historia los tornos apara abandonar bebés garantizando el anonimato de las madres. Algo que hoy por hoy sería tanto como dar cobertura institucional a la comisión de un delito, pero que describe claramente la concepción de servicio social de los neoconservadores, a fin de cuentas una simple cuestión de caridad.