Los profesores de religión y la justicia a medias

En un interesante artículo del diario El País, se expone la sentencia de unificación del Tribunal Supremo mediante la cual se dictamina que los despidos de profesores de religión por cuestiones de fe que la Iglesia hasta ahora ha obligado a aplicar a las administraciones en virtud del concordato con el Vaticano del 79, no sólo son improcedentes, sino que la indemnización pertinente la debe pagar la Iglesia y no la Administración. Dice claramente la sentencia que ningún tratado bilateral está por encima de los derechos constitucionales del ciudadano, algo tan evidente que parece mentira que no se haya aplicado hasta ahora, pero sin embargo, tengo una sensación intensamente agridulce con esta sentencia, porque, a mi modo de ver, no se trata de que la Iglesia haya estado haciendo una interpretación excesiva de esos acuerdos, sino de que por un lado esos acuerdos con el Vaticano deberían haber sido impugnados hace tiempo dada su incompatibilidad con un Estado de Derecho, y por otra parte la Iglesia ha hecho lo que el tratado, sí, pero singularmente el Gobierno (los gobiernos) le ha permitido hacer.
Todos los gobiernos de nuestra democracia sabían que estaban permitiendo una situación injusta para con una parte, es cierto que minoritaria, de sus ciudadanos, y conscientemente han decidido mantenerla así sacrificando los derechos de estos en el altar de lo que consideran un bien mayor, la buena relación con la Iglesia Católica, y eso es intolerable. Ahora leemos la noticia de la sentencia y quien más quien menos criticará a la Iglesia por despedir a un profesor por haberse divorciado, por ejemplo, pero no podemos obviar el hecho de que su coherencia interna, dentro de parámetros canónicos, es indudable. La Iglesia se ha comportado con fidelidad a sus principios, no así los gobiernos que le han permitido actuar de ese modo, y la legítima crítica a la jerarquía eclesiástica de ninguna manera puede servir para tapar la verdadera responsabilidad por el sostenimiento en el tiempo de esta situación, y en democracia las responsabilidades políticas se le piden a los gobiernos. La sentencia deja claro que la Iglesia debe pagar, nada dice, porque probablemente no pueda, de la obligación moral de disculparse que debiera tener el gobierno.
Es triste que al final este contencioso histórico se vaya a solventar como si fuera una simple cuestión económica y no la fundamental cuestión de principios que en realidad es.