Yo no tengo derecho

Nada dice el diccionario en contra de utilizar el término campaña para definir los actos de una única persona encaminados a lograr un fin determinado, no obstante el sentido común parece indicar que una campaña de uno sólo no es algo razonable. Y sin embargo me propongo iniciar una con esta entrada con tan pocas probablidades de prosperar que probablemente nadie siga. La campaña tiene por título "Yo no tengo derecho" y surge ante la perplejidad que me causa el hecho de que en virtud de un mal entendido derecho a la información asistamos a una exposición que me atrevería a llamar obscena de detalles sobre investigaciones en curso que sólo sirven para excitar el morbo y aumentar la confusión y por tanto el dolor de las personas directamente concernidas. Aunque esta campaña nazca a raíz de un hecho concreto y por tanto su nombre completo debiera ser "yo no tengo derecho a conocer hasta el último escabroso detalle del caso Marta del Castillo", por su propia estructura es flexible y en ella caben muchos temas, desde información sobre la vida privada a pintadas, botellones, aparcamientos indebidos, seguridad vial, etc, porque si es dañina para la sociedad la pervivencia de derechos existentes que no se pueden disfrutar por una u otra razón, no lo es menos la de otros inexistentes que se ejercitan efectivamente y que se perciben como tales aunque carezcan de soporte legal, por no decir ético.
En el caso concreto del acceso a información, aun cuando mucha gente percibe como censurable la publicación de determinados hechos, circunscribe su crítica al medio que los publica, pero no debemos quedarnos ahí: si criticable es quien vende no lo es menos en este caso quien compra y hasta que no desarrollemos una conciencia cívica colectiva en el sentido de ser conscientes de los límites de nuestro derecho a la información, de que no es la curiosidad lo que define dicho derecho de acceso, no tendremos una sociedad digna de considerarse respetuosa con la intimidad de sus ciudadanos. No todo se puede conseguir por las vías legislativa o judicial, los ciudadanos tenemos gran parte de responsabilidad en el diseño de la sociedad en la que queremos vivir y a nosotros nos corresponde dar los pasos necesarios al menos para señalar el camino.