¿Laicismo?

El laicismo del Estado, como la mayor parte de las cosas que no existen (en nuestro país, claro), acostumbra a resistir muy mal los embates de la actualidad cuando ésta se empeña en poner a prueba su fortaleza, y la explicación es bien sencilla, el Estado no funciona correctamente desde el punto de vista de la laicidad por la sencilla razón de que no es laico y quienes deseamos que lo fuera debemos dejar de desilusionarnos cada vez que muestra su verdadera naturaleza. Lo cual no implica que nuestro objetivo de conseguir un Estado laico no sea tan legítimo, razonable y digno de respeto como cualquier otro.
Pero habitualmente la falta de entusiasmo laicista de nuestros dirigentes se pone de manifiesto por su incapacidad para afrontar correctamente las injerencias de confesiones o grupos de opinión en lo que debiera ser la estricta neutralidad del Estado. En cuestiones religiosas es más raro, aunque igualmente condenable, que sea el Estado quien abandone su neutralidad para invadir la esfera privada de sus ciudadanos, como ha ocurrido recientemente con la ridícula pretensión (entre muchas otras) de los gobernantes baleares de tratar de imponer un determinado porcentaje del idioma de las misas.
Si el laicismo se caracteriza por algo es por su completa separación de los ámbitos público y privado y es condenable cualquier ruptura indebida de dicha separación, cualquier injerencia arbitraria. Lo mismo da que el Estado sea la víctima o el agresor, no vale criticar sólo las prebendas que el Estado graciosamente concede a determinadas confesiones religiosas, o las interferencias de éstas en la vida política, el laicismo o es completo y objetivo o no es.
Mención aparte merece la polémica por la toma de postura de determinadas cofradías respecto al tema del aborto. Nada que objetar al ejercicio de su libertad de expresión, tienen tanto derecho como cualquier otro a mostrar públicamente su conformidad o discrepancia con lo que consideren oportuno y disponen para ello de los mismos cauces que cualquier otra agrupación de ciudadanos. No se trata de mostrar mayor o menor respeto, comprensión o afinidad hacia ellos, sino de que las autoridades nada deben tener que decir sobre ese tema. Ahora bien, si la pretensión es transformar las procesiones (actividades culturales, religiosas y de interés turístico) en manifestaciones de protesta (actividades políticas, que no necesariamente ideológicas) es deber de las autoridades aplicarles los mismos baremos de permisos de ocupación de los espacios públicos que a cualquier otra manifestación de este tipo, la convoque quien la convoque. Y si desde ese punto de vista se considera que los recorridos y los tiempos son los correctos, ningún problema, pero si se considerara lo contrario, tampoco debiera haberlo. Dicho sea esto último en el bien entendido de que la protesta se organizara institucionalmente por parte de las cofradías, cada ciudadano a título individual, sea cofrade o no, naturalmente es y debe ser muy libre de mostrar cuantos lazos considere oportuno siempre que su protesta no incurra en ningún supuesto de ilegalidad.