Lo torturado, sr. Ibarretxe, es nuestra inteligencia

Cuando un gobierno democráticamente elegido es insultado, todos los ciudadanos a los que éste representa tenemos el legítimo derecho a sentirnos aludidos y por tanto insultados igualmente. Cuando se recurre a la difamación más rastrera como arma de negociación política, quien lo hace debería quedar automáticamente descartado como interlocutor porque si su credencial es una declaración intitucional hasta tal punto difamatoria que transgrede los más elementales principios no ya de la cortesía, sino de la decencia, ésta no le hace acreedor del menor respeto como tal. Considero la resolución del Parlamento vasco un insulto al conjunto de la ciudadanía, pero muy especialmente a la ciudadanía vasca ya que es en su nombre en el que se ha utilizado el mandato de representatividad democrática de forma tan ruín que hasta el más ajeno a la potítica de todos ellos debería escandalizarse hasta el extremo de exigir la dimisión de sus representantes y la convocatoria de unas elecciones mediante las que elegir a otras personas que no vituperen su buen nombre con el miserable ejercicio que hacen las actuales de sus poderes.

Dicho lo cual, naturalmente soy partidario de que se investigue toda irregularidad que cometa cualquier representante de un poder público, sea de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado como de hacienda o de un ayuntamiento, y la tortura es completa y absolutamente rechazable sin paliativos ni enmiendas. Por supuesto, si ha habido algun caso de tortura en nuestro pais debe caer sobre los responsables todo el peso de la ley, todo lo cual es tan elemental como independiente de la crítica hecha a la inaceptable resolución del parlamento vasco.