viernes, 6 de junio de 2008

Registro de pederastas y cadena perpetua: los problemas de legislar en caliente

Expresar mi admiración, cariño y respeto hacia los padres de Mariluz antes de hablar de este tema es una obligación moral que no puedo ni quiero eludir, y es precisamente desde esa admiración, ese cariño y ese respeto que siento hacia ellos desde donde quiero expresar una preocupación ante las consecuencias de las reformas legislativas que parece ser que se plantean en relación a la lucha contra la pederastia. Son dos las actuaciones propuestas por la familia y secundadas por millones de firmas de ciudadanos, la primera, a la que ya se ha dado luz verde, es la creación de un registro público de pederastas, y la segunda, que no parece que vaya a ser atendida por incompatibilidad con nuestro ordenamiento jurídico, es la cadena perpétua para los convictos por este delito. Ambas cosas parecen aceptarse en la sociedad con un consenso ciertamente amplio, y no parece que se alcen voces contrarias a ninguna de las dos decisiones, sin duda debido a la alarma social que despertó el caso.
Mi visión es diferente, en primer lugar porque un sistema debe ser cambiado cuando no da solución a los problemas que trata si su funcionamiento es correcto, algo muy lejano a la realidad de este caso. El sistema no ha funcionado, no se ha aplicado bien y se han encadenado trágicamente una sucesión de errores humanos inconcebibles en una sociedad moderna, por lo tanto, ¿no sería más razonable dotar a la justicia de medios humanos y técnicos para aplicar correctamente las leyes y las medidas a su alcance que aprobar otras nuevas que, sin los medios necesarios, igualmente se aplicarán mal? ¿No debería ser prioritario que se garantizase que el sistema funcionase correctamente y una vez conseguido analizar si es el adecuado o no? Sin embargo se opta por otra medida difícilmente comprensible, la publicación de un registro de pederastas accesible para todo el mundo, es decir, no se garantiza el correcto funcionamiento del sistema judicial y se traslada la responsabilidad a los ciudadanos, quienes deben encargarse de averiguar si sus vecinos son pederastas o no consultando el registro. Y yo me pregunto, una vez que lo consulten y descubran antecedentes de abuso de menores en alguien de su entorno, ¿que se supone que deben hacer?, ¿mudarse?, ¿tomarse preventivamente la justicia por su mano? El objetivo de nuestro sistema penal es la reinserción y parece claro que eso es incompatible con la publicación de un registro de esta naturaleza que sólo estaría justificado si fuera un hecho cierto, demostrable y demostrado que la reinserción de este tipo de delincuentes es imposible, lo que nos lleva a la otra medida propuesta: si su reinserción es imposible ¿porqué se les deja en la calle? No se trata de aplicar la cadena perpetua como castigo, sino de internar bajo estricta supervisión médica y psicológica a los culpables de este horrendo crímen hasta el exacto momento en que dejen de ser un peligro, y entonces soltarlos en las mismas consiciones y con las mismas oportunidades de reinserción que cualquier otro preso.
Por eso opino que debería haberse obrado al revés de como se ha hecho, registro de pederastas no, internamiento indefinido sí, pero sobre todo abordar el verdadero núcleo de este tema, la reforma del sistema judicial para dotarlo de cuantos medios humanos y técnicos sean necesarios para que puedan hacer algo tan exigible como hacer bien su trabajo.

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