Ibarretxe y el fango

De ser ciertas las especulaciones periodísticas sobre la inmitente Ley de asistencia a las víctimas de violencia con motivación política, habrá que concluír que el Lehendakari Ibarretxe tiene una capacidad infinita para dos cosas, a saber, el eufemismo hipócrita y el enfangamiento de la política a la que lleva a niveles de indignidad que jamás se hubiesen concebido en un demócrata hasta que llegó él para demostrar que era posible caer tan bajo. Digo esto porque recientemente el parlamento vasco ha aprobado una ley de víctimas del terrorismo, que con el diccionario en la mano y el sentido común en la cabeza son las únicas "victimas de violencia de motivación política" que hay en este país, así que cabe deducir, como bien han hecho los periodistas, que se trata de una ley contra los supuestos excesos de las fuerzas de seguridad del estado. En primer lugar, el hecho evidente es que la inmensa mayoría de denuncias de tales excesos son falsas denuncias de terroristas, lo cual es un hecho demostrado, y si hubiera algun caso aislado, que probablemente lo haya (sea la víctima integrante de ETA o un carterista), ya está protegida por la ley tanto como perseguido el responsable que en todo caso lo es a título individual, no como parte de una política general de la policía ni de ninguna directriz, oficial o no, de sus responsables. Y si todo este innecesario e inmundo charco en que tan a gusto parece solazarse el gobierno vasco se hubiera montado para resarcir a las víctimas de los GAL, tampoco sería necesario porque éstas son víctimas del terrorismo, con lo que deben estar incluidas en la ley ya aprobada específica para éstas. Cabe señalar que es legítimo hacer leyes específicas para las víctimas del terrorismo no porque sus asesinos no vayan a ser perseguidos sin ellas, que obviamente lo son, sino a modo de resarcimiento moral, de reconocimiento de la deuda que el estado mantiene con ellos por no haber podido evitar su condición de víctimas de una violencia organizada de motivación política, esta sí, que es su deber combatir, porque voluntaria o involuntariamente han dado su vida para que los demás gocemos de la nuestra en libertad según los parámetros que hemos escogido para ello, y esas no son condiciones que, de existir, cumplan las víctimas a las que esta ley pretende proteger. Si existieran este tipo de víctimas, (una excepción, reitero, una rareza estadística) y su condición estuviese debidamente contrastada, no sólo denunciada, quienes hubiesen violado sus derechos deberán pagar por ello, y duramente como es naturalmente exigible en un estado democrático ya que quien actuando en su nombre pervierte sus principios fundamentales es digno de la peor consideración, y el estado deberá compensar a los afectados de la forma que esté establecida, pero hacer una ley específica para su asistencia es una inmundicia moral de la que sus responsables no deberían salir indemnes. Y lo peor es que no sorprende en absoluto.