Los pecados de la Iglesia

Hoy podemos leer varias referencias en la prensa al negocio redondo que ha hecho el arzobispado en Madrid al realizar un intercambio de terrenos con el Ayuntamiento (según El País el valor del suelo público cedido por el consistorio hasta ahora es de unos 120 millones de euros y el de la Iglesia aproximadamente de unos 3,5 porque pese a ser más extensión es suelo rústico no urbanizable). Después nos dicen que el precio de la vivienda sube por la escasez de suelo, y no debe ser tan escaso cuando se regala de esta manera. Es especialmente sangrante el caso que se cita en el artículo y que denuncia Ángel Pérez (portavoz de IU en el ayuntamiento): el barrio de Butarque (Villaverde), que con sus 15.000 habitantes no tiene escuelas infantiles, consultorios de salud ni bibliotecas y sólo dispone de un colegio público (con un índice de analfabetismo sorprendentemente alto, el 19%) y un centro de mayores y el ayuntamiento cede terreno no para subsanar ninguna de las deficiencias reseñadas, sino para la construcción de una nueva parroquia, con lo que el distrito ya dispondrá de 18.

A mi personalmente me parece que quienes deben ser criticados, y duramente, son los responsables políticos que hacen un uso del suelo público, patrimonio de todos los ciudadanos, que roza la malversación, porque la iglesia cuida de sus intereses empresariales. No debemos hacerles el favor de considerarles un referente moral, sino una empresa o, como mucho, un lobby conservador, que es lo que demuestran ser. El hecho de que anuncien a bombo y platillo la instauración de unos nuevos pecados, los "sociales", entre los que destaca ese que reza que será pecado enriquecerse a costa de los demás, porque a nadie sorprende a estas alturas que la letra pequeña, invisible, de los dogmas eclesiáticos deje claro que las normas morales que predica están encaminadas a lograr un comportamiento (supuestamente) virtuoso únicamente de sus feligreses, ella como institución está por encima de esos detalles mundanos como la moral, la justicia y la rectitud. En cualquier caso es problema suyo y sus miembros son muy dueños de pedir cuentas o no, lo que a mi me indigna es que gestores de lo público, representantes electos de los ciudadanos, utilicen su mandato de representatividad para beneficiar a entidades con las que se sienten identificados, no el interés común de sus administrados, quienes no cabe duda que si que podemos y debemos exigir que se nos explique y justifique el destino de nuestro patrimonio.