De indignación y negligencia

Creo sinceramente que en la mayor parte de los casos la indignación popular por las decisiones judiciales no está justificada, al menos no lo está cuando se trata de dejar en la calle a alguien que ha cumplido su pena por más que debido a las reducciones de condena pueda parecer breve. Es el sistema del que, como sociedad, nos hemos dotado y tenemos que aceptarlo con sus bondades y sus defectos y yo personalmente prefiero los inconvenientes de un sistema profundamente garantista como el nuestro que los de otro menos cuidadoso con los derechos civiles de los ciudadanos.

Sin embargo, el caso que más portadas ocupa estos días, el de Mariluz, la niña de Huelva asesinada presuntamente por un vecino sobre el que pesaban dos condenas y un juicio pendiente por abuso de menores, incluida su propia hija, no puede ser considerado como la consecuencia lógica de un sistema garantista, ni tan siquiera como un error comprensible e imputable a la saturación de los juzgados, sino como una negligencia en toda regla por la que habría que depurar responsabilidades. Es inadmisible que un condenado por un delito, sea el que sea, no ingrese en prisión porque no se emita la orden necesaria para su detención o, como dice el juez en su defensa, se emita pero no llegue a la policía. Es intolerable que se diga que alguien que vive en casa de su hermana y sale en la tele pidiendo que le den una vivienda, permanece huido, en paradero desconocido. Es inadmisible que se detenga a alguien con condenas de carcel pendientes para interrogarle sobre su supuesta participación en un delito y, toda vez que no se encuentran pruebas para incriminarle en el mismo se le deje en libertad porque no se caiga en la cuenta de que las tiene.

Si nadie se imagina a un juez diciéndole al acusado en su sentencia se le condena a x años de carcel, cuando a usted le venga bien se pasa por la institución penitenciaria que le corresponda para cumplir la pena, aunque si le supone mucho trastorno que la sentencia se ejecute en este momento puede usted quedarse en casa, no pasa nada, ya cumplirá usted la pena en la próxima ocasión que cometa un delito, no debería tolerarse que el resultado de facto sea ese.

No obstante, mi condición de optimista (o de cándido, que a estas alturas de mili no sabe uno si no serán sinónimos) me lleva a pensar que esta actuación judicial y policial bochornosa es una excepción, que nuestro sistema, con sus luces y sus sombras, funciona aceptablemente bien, que los casos que se desarrollan con normalidad (que son la mayoría) no salen en los periódicos y que sin duda los responsables de este sinsentido recibirán el justo castigo que legalmente se les deba imponer por su negligencia. No más, pero tampoco menos.

En cualquier caso vaya desde aqui mi solidaridad hacia los familiares y amigos de esta y otras victimas de delitos similares (especialmente los de Yeremi, el niño canario desaparecido que tan poco impacto en los medios tiene) y el reconocimiento de mi admiración al padre de Mariluz por saber mantener la cordura y la pausa en la situación en que probablemente más difícil sea hacerlo.