La cruz de los crucifijos

Si algo repiten hasta la saciedad nuestro políticos es el mantra que reza que las sentencias judiciales hay que acatarlas, aunque sea una obviedad y en realidad sea un mantra de palabra, que no de obra. Sin embargo ha venido el ministro Gabilondo a iluminarnos con una nueva aportación al proceloso universo de la dialéctica del acatamiento de las sentencias, y es que en su opinión no es necesario acatarlas, se puede dejar en manos ese espinoso asunto de otras instancias como los Consejos Escolares, que como todo el mundo sabe se crearon precisamente como centros de interpretación de la jurisprudencia. Para qué acatar una(s) sentencia(s) pudiendo ignorarla(s). Visto lo visto, el ministro Gabilondo, pese a ser un recién llegado, apunta maneras y sin duda tiene reservado un lugar prominente en el parnaso de nuestras glorias políticas patrias. El pase de pecho del ministro Gabilondo a las sentencias nacionales y europeas que acreditan la ilegalidad de la exhibición de símbolos religiosos en los centros PÚBLICOS de enseñanza es notable porque, como queda dicho, opina el ministro que son los Consejos Escolares quienes deben decidir sobre el tema (algo obviamente inexacto porque se trata de la aplicación de la ley, de derechos fundamentales, algo que le va bastante grande a los consejos) pero no porque la ley lo respalde, sino porque hasta ahora "lo han sabido hacer". Y eso no es cierto. Lo que han hecho hasta ahora los Consejos Escolares ha sido dar carta de naturaleza a una flagrante discriminación de una minoría que ha visto como sus derechos constitucionales se han visto pisoteados sistemáticamente con el único argumento de la voluntad de la mayoría. Y la minoría (porque es cierto, no nos engañemos, los laicistas en este país somos de momento una minoría), debe aceptar la voluntad de la mayoría en muchos casos como consecuencia lógica y aceptable del sistema democrático, pero no porque haya un número mayor o menor de personas con una opinión diferente debe renunciar a los derechos que el ordenamiento legal, empezando por la constitución, les reconoce. Hasta ahí podíamos llegar. Pero es que además es el gobierno en primer lugar quien debe garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos, formen parte de grupos mayoritarios, minoritarios, residuales o insignificantes, eso es lo de menos, y escudarse en unos grupos de rango institucional mucho menor como son los Consejos Escolares para no exigir el cumplimiento de sentencias judiciales no sólo es insultante, sino que constituye una dejación de funciones por las que, de persistir, el ministro debiera asumir responsabilidades.
O también podemos ser consecuentes con esta doctrina y de la misma manera que se confiere a los Consejos Escolares la potestad de acatar o no las sentencias de las instancias judiciales nacionales e incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y dejar en manos de las comunidades de vecinos la aplicación facultativa de, pongamos, las sentencias del Tribunal Supremo o, porqué no, las Carta de Derechos Fundamentales.