miércoles, 1 de junio de 2011

Madrid y el turno de oficio

La sistemática restricción del gasto público de la presidenta Esperanza Aguirre es cada vez más difícil no ya de justificar (eso no es posible), sino de ocultar. A los recortes en sanidad y educación, que comprometen la calidad exigible a un servicio público fundamental, se suma ahora la noticia de la suspensión temporal del turno de oficio en la Comunidad de Madrid, medida que se ha visto obligado a tomar el Colegio de Abogados ante el reiterado impago del servicio por parte de la Comunidad. En el actual estado de cosas del virreinato de la señora Aguirre, la noticia no constituye una sorpresa: ni lo es que la administración no asuma sus compromisos financieros, quienes trabajamos en la Universidad lo sabemos bien, ni lo es la falta de interés de los adalides del liberalismo que nos gobiernan por la protección a los más desfavorecidos. Se ve que la Presidenta piensa que eso del turno de oficio no es más que una serie de televisión y protagonizada, además, por un hatajo de titiriteros, y que no tiene ella porqué financiarle los pedetes, por lúcidos que sean, a rojos como Juan Echanove. La justicia de calidad, como disimuladamente (o no tanto) se pretende con la educación, la sanidad y previsiblemente el agua, para quien pueda pagarla. Aunque para como se las suele gastar la presidenta, eso de no pagar a los abogados de oficio es poca cosa, con lo bonito que sería privatizar todo el sistema y crear una empresa dirigida por alguien de probadas solvencia e independencia como, pongamos por caso, el actual consejero Francisco Granados o el vicepresidente Ignacio González (que se quedó el pobre sin Cajamadrid, aunque siempre le quedará el Canal), que nombrase y pagase a todos los jueces de Madrid para que de una vez por todas impartieran justicia con criterios del siglo XXI y no con esos ajados y polvorientos de igualdad ante la ley, etc. Incluso podría hacer como en el caso del Canal y decir que, privatizándola, por fín pertenecería a todos los madrileños porque podrían, en teoría, comprar acciones, es decir, que sería de todos los madrileños que se la pudieran pagar (QED).
Y todo ello al calor de la renovada y aumentada mayoría absoluta que los ¿ciudadanos? madrileños hemos decidido otorgarle nuevamente como queriendo demostrar que tenemos exactamente lo que merecemos.

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