Sarampión

Me alarma la noticia aparecida ayer en El País sobre el aumento de los casos de Sarampión en España (de 2 en 2004 a 1.500 en lo que va de 2011) debido en gran parte a la campaña antivacunas que, basada en datos contrastadamente falsos (no interpretaciones erróneas sino datos voluntariamente falseados), ha logrado convencer a un numero significativo de padres irresponsables para no vacunar a sus bebés. No voy a extenderme en mi consideración del comportamiento de estos padres hacia sus hijos, francamente me da miedo ponerme a hablar de ellos porque no me gusta faltarle el respeto a nadie y en este caso terminaría haciéndolo aun inconscientemente, pero sí que me gustaría decir algo no desde el punto de vista particular del inadmisible riesgo para la salud que corren esos niños por la libre voluntad de sus padres, algo para lo que es dudoso que la patria potestad les faculte, dicho sea de paso, sino desde un punto de vista general, de salud pública. La obcecación en no vacunar a los hijos facilita la circulación de un virus, en este caso casi erradicado en nuestro país hace unos años, que pone en riesgo no sólo a los hijos de los activistas antivacunación, sino a todos los demás, porque hasta que no se demuestre lo contrario nadie vive en una burbuja y las enfermedades infectocontagiosas lo son precisamente por eso, porque se contagian. Considero que el calendario de vacunación debiera ser de obligado cumplimiento, si se puede legislar para proteger a la ciudadanía de los perjuicios potenciales que nos puede causar la acción de terceras personas en el caso del tabaco, no parece de recibo que no se pueda hacer lo propio en el caso de las vacunas. La evidencia científica no es opinable, no es ideológica y no está sujeta a la voluntad de los ciudadanos, la ciencia es la única vacuna conocida contra la estupidez, aunque es palmario que es la única que en muchos casos no funciona, pero las otras vacunas, las incluidas en el calendario oficial de vacunación de cada zona y las que se recomiendan fuera de éste, sí que lo hacen y no existe razón ética ni moral se pueda oponer ni anteponer a la obligatoriedad de su aplicación en defensa tanto de la salud individual como colectiva de los ciudadanos.