Los intereses generales

Si lo que dijo ayer el Defensor del Pueblo en relación a la actuación del Gobierno en el caso de Aminetou Haidar, que éste actuaba bien porque lo hacía en defensa de los intereses del Estado, los cuales no se pueden supeditar a intereses particulares o grupales por legítimos que sean, no sorprendería de haber sido dicho por un miembro del mismo gobierno (no en defensa de los intereses del Estado, sino de los suyos propios) o de algún que otro tertuliano de los que nada ya sorprende, pero que precisamente el defensor del pueblo sea capaz de enarbolar la bandera del todo vale en nombre de los sacrosantos intereses (¿económicos?, ¿geopolíticos?) es un claro síntoma de que algo no va bien. Si a una causa se le reconoce la legitimidad y la justicia, debe ser apoyada, pero digo más, un gobierno que se guía sólo por su particular interpretación de lo que son los intereses del Estado obviando los principios democráticos, legales y éticos que deben guiar siempre y en primer lugar sus acciones, no merece el honor de representar a unos ciudadanos a los que avergüenza y, porqué no decirlo, humilla, porque nosotros, la sociedad civil, sí tenemos principios, sí nos guiamos por ellos y sí somos capaces de supeditar a ellos nuestros intereses particulares. No hablamos de intereses, hablamos de legalidad y de justicia, no hablamos de chapuceras componendas, hablamos de una salida justa que restablezca la legalidad violentada con la colaboración necesaria de nuestro gobierno, no hablamos de salir del paso, hablamos de dar ejemplo y comportarnos como seres humanos decentes. Obviamente, la solución deseada está en el tejado marroquí, pero lo que se puede exigir al gobierno español, toda vez que no puede deshacer lo que ha hecho mal, al menos se posicione alta y claramente del lado de la justicia, que el volumen de la voz de nuestro ministro se eleve por la convicción con que defiende la legalidad y no por la irritación que le produce tener que ocuparse de un problema, y si al vecino le molesta el ruido, que se gestione ese problema con diligencia y eficacia, pero sin dejarse por el camino la dignidad del país.