miércoles, 3 de junio de 2009

La proporcionalidad como disfraz

Hasta hoy este blog tenía como subtítulo "comentarios de actualidad política", pero el actual estado de ésta no hace sino abundar en la desilusión y la distancia que como ciudadano siento por ella, y sus protagonistas no ayudan a que sea de otra manera, más bien al contrario, de modo que he sustituido esas dos palabras, actualidad y política, que percibía ya como esclavitudes, voluntarias y más de corsé que de cadena, pero esclavitudes al fin y al cabo, y con ello ampliar el campo de acción del blog. A partir de ahora, sin abandonar necesariamente la política, esta bitácora tendrá un carácter más personal y más libre, en el sentido de que en él cabrá cualquier tema.
Concluida la declaración de intenciones, sin embargo, como la costumbre es mucha y poderosa, hoy aún hablaré de un tema político, que en realidad no es sino una de las muchas razones por las que cada vez la percibo como algo más ajeno. Y es que se ha convertido nuestra actualidad política en algo difícilmente interpretable, no se exponen hechos sobre los que cada cual argumenta su versión y muestra así su visión de la realidad, sino que unos y otros exponen hechos que el contrario niega pero jamás explica. Caso claro es el de Fundescam y el PP de la comunidad de Madrid, unos vierten acusaciones gravísimas de financiación ilegal y otros dicen que son falsas, pero nadie explica realmente qué ha pasado. De la naturaleza delictiva o no de esos hechos dará cuenta la justicia, pero no es de recibo que a estas alturas no sepamos si nada de lo publicado, de los hechos, no de los editoriales ni de las declaraciones, ha sucedido o no y nos vemos abocados a que la realidad sea no sólo diferente según el periódico que la cuenta, sino a menudo contradictoria.
Respecto a la Comunidad de Madrid, es de destacar cómo se pervierte esa realidad ya de por sí difícilmente interpretable, mediante la pública exposición de un collage en el que se colocan juntos nobles principios y retazos de actualidad sin que en realidad exista entre ellos excesiva relación, orden ni concierto, pero que observado de lejos deja una apariencia difusa de honestidad que nada tiene que ver con lo que en realidad ocurre. Dice la presidenta Aguirre, por poner un ejemplo, que la COmunidad que preside no aporta los 500€ en ayudas a la compra de coches por una cuestión de principios, porque ella defiende la proporcionalidad y por tanto su ayuda se articula en un descuento en el impuesto de matriculación que oscila entre los 150 y los 3000€, según el caso. Es cierto que la ayuda del Gobierno no es proporcional y por tanto es mejorable, pero olvida la presidenta que para que la proporcionalidad se transforme de concepto matemático en noble principio debe tener algún apellido, en concreto debe ser proporcional a la renta, no al gasto, y además inversamente proporcional, no directamente, porque de lo que se trata es de ayudar al que más lo necesita, es decir, al que menos tiene, no al que más capacidad de gasto y por tanto menor necesidad tiene. Para un coche medio, de los que la clase media a la que dice defender se puede permitir, la ayuda es de unos 150€, 350€ menos que para muchos ciudadanos españoles que residen en otras comunidades, y la ayuda sólo es superior a la media en coches de muy alta gama. La Comunidad de Madrid es muy dueña de elegir la manera en que ayuda a sus ciudadanos, toda ayuda es buena y es de agradecer, pero si se opta por un modelo que supone una clara discriminación de las rentas bajas frente a las altas (la ayuda lineal de 500€ tampoco es proporcional ni ayuda más a quien más lo necesita, dicho sea de paso), se debería ser consecuente con sus decisiones y exponerlas tal y como son, no ponerles un traje noble de ayuda al necesitado que no les sienta nada bien. Gobierno y Comunidad han elegido dos modelos injustos para revitalizar el mercado automovilístico, y no se trata de defender uno u otro en función de afinidades ideológicas o beneficios personales, sino de denunciar los defectos ambos, elogiar sus virtudes y en cualquier caso demandar un modelo razonable, justo, igualitario, homogéneo y efectivo sea en éste sector como en cualquiera de los muchos otros en que es responsabilidad del Estado intervenir en defensa de los intereses de los ciudadanos.

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