Coronas y cruces

En un notable ejercicio sofista la Conferencia Episcopal española ha anunciado, diatriba mediante, la exclusión del sacramento de la eucaristía de todos los diputados que hayan votado a favor de la aprobación de la ley del aborto, algo que tiene la iglesia perfecto derecho a hacer y es coherente con sus ideas y su tradición, a qué negarlo, pero excluye de la excomunión al Rey, que es quien la sanciona, algo incoherente pero que también está en consonancia con sus tradiciones, tampoco esto puede negarse. Pero para explicar la diferencia recurre al artefacto intelectual, por no decir aporía, siguiente: el voto de los diputados es una situación general mientras que la actuación del rey es única, particular. No es cierto en primer lugar porque el voto de los diputados es particular e intransferible, aunque su escaso sentido democrático les lleve a sacrificarlo como norma en el altar de la disciplina de voto, ese cáncer de la democracia, pero sobre todo no es cierto porque el acto del rey de sancionar las leyes no es un trámite administrativo independiente del contenido de la ley y sobre todo porque si la considera incompatible con sus convicciones siempre puede negarse y abdicar como así lo hizo en su misma situación el rey Balduino I de Bélgica en 1990, aunque eso sí, sólo durase dos días. En este caso la unicidad esgrimida por monseñor Martínez Camino para exonerar al rey de los efectos de  la excomunión no sólo no es un atenuante sino que en buena lógica debiera ser considerado agravante.

En pleno siglo XXI, desconozco si por cuestión de imagen o de mercado, la Iglesia ya no vende bulas a los poderosos, se ve que prefiere regalárselas no vaya a ser que alguno de ellos les recuerde que para exigir integridad moral es necesario practicarla primero.

El mundo ¿al revés?

No sé si recurrir al tópico del mundo al revés es apropiado para entender lo que está ocurriendo estos días porque tal vez es que el mundo ahora sea así y no debamos extrañarnos de que un nutrido grupo de políticos, artistas e intelectuales de izquierdas, muchos de ellos explícitamente republicanos, recurran públicamente al rey para que éste interceda ante su homólogo marroquí para lograr de su "magnanimidad" lo que no se puede esperar de sus inexistentes sentidos de la justicia y del honor, de sus valores democráticos o de sus cosméticas leyes, o tal vez no deba llamarnos la atención que un Nobel de la Paz agradezca su premio con un discurso que, a bote pronto, suena a alegato belicista (en favor de la "guerra justa", eso sí, ¡hasta ahí podíamos llegar!), y tal vez no deba sorprendernos que nuestro gobierno alegue, para justificar su renuencia a la intervención del Jefe del Estado ante Marruecos para desbloquear la situación de Aminatou Haidar, la ausencia de garantías de éxito de su gestión. Terrible argumento para extenderlo a la acción diplomática de nuestro país, algo que obviamente no se pretende, pero más terrible si se nos trata de decir que, en el orden de prioridades del Gobierno, la salvaguarda del prestigio del rey es más importante que el logro de nuestros legítimos objetivos diplomáticos. Para eso tenemos un país, para que el rey quede bien y su prestigio se extienda por el mundo, no para salvaguardar el bien común de los ciudadanos, el cumplimiento de los derechos humanos o los principios democráticos. Todo eso es secundario y su importancia palidece ante la rutilante consecución del objetivo fundamental de nuestra acción diplomática y política: el prestigio del rey a cuyo servicio debemos colocarnos todos. Y de los intereses económicos también, claro.
Conste que esta sarta de sandeces no me indigna por su estúpida condición, sino por su origen. Si provinieran de la Casa Real (que, las cosas como son, ha sabido estar a la altura) uno podría, en cierta medida, comprender la posición de quien lucha por mantener sus propias prerrogativas, pero que vengan de un gobierno democráticamente elegido y que se dice progresista es francamente intolerable.

Inmunidad en ojo ajeno, indignidad en el propio

Ayer saltó la noticia del rechazo del Tribunal Constitucional italiano a la ley que otorgaba inmunidad a Berlusconi (y a los demás altos representantes italianos), de lo cual todos nos alegramos porque en nuestra condición de demócratas de toda la vida no nos resulta aceptable que haya ciudadanos diferentes ante la ley y remueve nuestras pulcras conciencias el hecho de que alguien pueda gozar de inmunidad, en el caso de Berlusconi bien podría hablarse de impunidad, y por tanto mostramos nuestra alegría por el buen funcionamiento de las instituciones democráticas italianas, que no deja de ser una gran noticia. Entonces, pasada la euforia, llega el momento de mirar nuevamente hacia casa y releer, por ejemplo, el artículo 56.3 de la constitución del 78, ése que dice que "la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", o el 64, que dice que "1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes... 2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden". Es llamativa la capacidad de adaptación de los principios de muchas personas, característica que permite asumir como natural en nuestro país lo que es inaceptable en otros, de los que además se habla con irritante condescendencia, porque la igualdad de los ciudadanos ante la ley no es algo de lo que alegrarse porque permita que Berlusconi sea juzgado o no, sino un principio irrenunciable para todo demócrata y el hecho de que Berlusconi sea más o menos honrado o más o menos simpático o decente que nuestro Jefe del Estado, no implica que lo que no vale para uno deba valer para el otro. Y digo más, la inmunidad de los jefes de Estado y Gobierno y presidentes de las cámaras italianas venía dada por una ley ad hoc presentada por el propio Berlusconi, pero la de nuestro Jefe de Estado la consagra nuestra Constitución, lo cual, a simple vista no indica otra cosa que lo profunda que es la herida de nuestro sistema democrático.