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viernes, 4 de diciembre de 2009

Desautorizaciones

Si llamativo resulta que un ministro desautorice públicamente a otro, como ocurrió ayer con los de Justicia y Cultura, más lo es que posteriormente el Presidente del Gobierno los desautorice a ambos (y a su grupo parlamentario con el tema de los crucifijos, de propina) . Si tenemos en cuenta, además, que de los tres sólo el segundo, el Ministro Caamaño, habló con cierta lógica al defender que si se produce un cierre de una web con contenidos ilegales sea exclusivamente por orden de un juez, el asunto comienza a ser de frenopático. Porque si indefendible es que una comisión pueda vulnerar los derechos de la generalidad de los ciudadanos supeditando estos a los de un grupo de ellos y sin garantías judiciales, no es menos indefendible que nunca, bajo ningún concepto, se cierre una página con contenidos ilegales. Porque ese grupo de ciudadanos a los que "representan" la SGAE y Cultura tienen unos derechos que no deben priorizarse sobre los de el resto, pero tampoco pueden ignorarse. Lo que es exigible en un estado de derecho es la tutela judicial efectiva, lo que se pretende es que la valoración de si alguien comete un delito por el que se le pueda castigar corresponda a una institución con la suficiente formación e independencia como para hacerlo, en este caso la judicatura, y no a una de las partes afectadas en un conflicto de intereses. Los autores, se ha dicho ya hasta la saciedad, tienen perfecto derecho a vivir de su trabajo y la sociedad debe proteger la creación, pero dentro de parámetros de equidad y justicia. Ni el acceso gratuito a todos los contenidos culturales es un derecho en el actual ordenamiento jurídico (ni parece razonable), ni es de recibo pagar tres o más veces por acceder a él.
La cultura es un valor fundamental a proteger por la sociedad, no así una industria que se niega a adaptarse a los tiempos. Nadie ataca a los artistas, sino que se exige a los intermediarios que se lucran a su costa que adapten su modelo de negocio a las nuevas tecnologías: si Spotify o iTunes pueden, ¿porque las discográficas no?

jueves, 3 de diciembre de 2009

Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet

Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

  1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
  2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
  3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
  4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
  5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
  6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
  7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
  8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
  9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
  10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.