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viernes, 11 de diciembre de 2009

El mundo ¿al revés?

No sé si recurrir al tópico del mundo al revés es apropiado para entender lo que está ocurriendo estos días porque tal vez es que el mundo ahora sea así y no debamos extrañarnos de que un nutrido grupo de políticos, artistas e intelectuales de izquierdas, muchos de ellos explícitamente republicanos, recurran públicamente al rey para que éste interceda ante su homólogo marroquí para lograr de su "magnanimidad" lo que no se puede esperar de sus inexistentes sentidos de la justicia y del honor, de sus valores democráticos o de sus cosméticas leyes, o tal vez no deba llamarnos la atención que un Nobel de la Paz agradezca su premio con un discurso que, a bote pronto, suena a alegato belicista (en favor de la "guerra justa", eso sí, ¡hasta ahí podíamos llegar!), y tal vez no deba sorprendernos que nuestro gobierno alegue, para justificar su renuencia a la intervención del Jefe del Estado ante Marruecos para desbloquear la situación de Aminatou Haidar, la ausencia de garantías de éxito de su gestión. Terrible argumento para extenderlo a la acción diplomática de nuestro país, algo que obviamente no se pretende, pero más terrible si se nos trata de decir que, en el orden de prioridades del Gobierno, la salvaguarda del prestigio del rey es más importante que el logro de nuestros legítimos objetivos diplomáticos. Para eso tenemos un país, para que el rey quede bien y su prestigio se extienda por el mundo, no para salvaguardar el bien común de los ciudadanos, el cumplimiento de los derechos humanos o los principios democráticos. Todo eso es secundario y su importancia palidece ante la rutilante consecución del objetivo fundamental de nuestra acción diplomática y política: el prestigio del rey a cuyo servicio debemos colocarnos todos. Y de los intereses económicos también, claro.
Conste que esta sarta de sandeces no me indigna por su estúpida condición, sino por su origen. Si provinieran de la Casa Real (que, las cosas como son, ha sabido estar a la altura) uno podría, en cierta medida, comprender la posición de quien lucha por mantener sus propias prerrogativas, pero que vengan de un gobierno democráticamente elegido y que se dice progresista es francamente intolerable.

jueves, 10 de diciembre de 2009

Ciertas raíces, ciertas vilezas

Que la política exterior de este gobierno es errática es un hecho, pero inferir de ese hecho una cierta responsabilidad del gobierno en el secuestro de los cooperantes españoles en Mauritania, como hizo ayer María Dolores de Cospedal, es de una preocupante inconsistencia intelectual sólo achacable o bien a un poco probable desconocimiento, ya que los secuestrados en ese país son o han sido tanto de nuestro país como de Austria, Suiza, Alemania o Gran Bretaña, o bien a una concepción de la política enraizada en la vileza según la cual todo vale para desgastar al gobierno o para lograr el objetivo particular que corresponda, que es la misma concepción de la política que explicaría determinados movimientos del gobierno encaminados, en un caso bien distinto y sin relación alguna, por más que haya quien lo eche en el mismo saco, a responsabilizar a la víctima (Haidar) por las agresiones e ilegalidades padecidas.
Como lo es, por cierto, tratar de descalificar a quienes defendemos la estricta aplicación de la ley y las garantías del estado de derecho en todos los ámbitos, en el caso que nos ocupa en internet, con supuestas justificaciones de conductas delictivas que ni se recogen en el manifiesto por los derechos fundamentales en internet, ni se defienden por la mayor parte de sus firmantes. No es cierto que los productos culturales sean unos productos de mercado como cualquier otro, son unos bienes que gozan de una especial protección por su importancia para la sociedad que se refleja vía presupuestaria en forma de subvenciones y otras, pero tampoco es cierto que no deban tener un precio. Lo que deben tener es un precio justo y que se pague una sola vez, lo demás, tanto desde un extremo como desde el otro, es pura demagogia.

jueves, 3 de diciembre de 2009

Sin perdón

Tras mucho pensarlo, guiado por la buena fe y unos vastos conocimientos legales y basado no sólo en el derecho marroquí sino en el "derecho internacional de Marruecos"[sic], el cónsul alauí en Canarias ha encontrado una brillante solución legal para desbloquear la situación de Aminatou Haidar en Lanzarote: debe pedir perdón al Rey y tendrá su pasaporte en media hora. Lo que no especifica este prohombre de las leyes es si debe pedir perdón únicamente por haber escrito "saharaui" en la ficha policial de control de entrada al país o si también debe pedir perdón por haberse dejado expulsar ilegalmente de su territorio, si debe arrepentirse por haber sido detenida y torturada durante cuatro años, por haber permanecido todo ese tiempo atada y con los ojos vendados. No sabemos si el Rey de Marruecos considera que Aminatou debe pedir perdón por haber sobrevivido a sus torturas o si, ya que se pone, debe pedirlo por toda su obviamente aberrante existencia marcada por algo tan inaceptable para sus súbditos como la independencia de criterio y la fidelidad a sus principios. Pero sabemos que debe pedir perdón y con ello, gracias a la magnanimidad real, podrá volver a su casa, a ver a sus hijos, porque ya se sabe que el derecho internacional y los derechos humanos tienen un rango legal menor que la voluntad del Rey o incluso que su estado de ánimo. Ella, guiada por su traidora obcecación que le impide ponderar debidamente la infinita bondad del monarca, con toda seguridad se negará a pedir perdón, pero nosotros, todos los demás, debemos darle las gracias, no por su ridícula y ofensiva oferta, sino por mostrarle al mundo la naturaleza feudal de su reinado, así como su execrable naturaleza moral. Nunca viene mal que a uno le reafirmen en sus convicciones.

martes, 1 de diciembre de 2009

Los intereses generales

Si lo que dijo ayer el Defensor del Pueblo en relación a la actuación del Gobierno en el caso de Aminetou Haidar, que éste actuaba bien porque lo hacía en defensa de los intereses del Estado, los cuales no se pueden supeditar a intereses particulares o grupales por legítimos que sean, no sorprendería de haber sido dicho por un miembro del mismo gobierno (no en defensa de los intereses del Estado, sino de los suyos propios) o de algún que otro tertuliano de los que nada ya sorprende, pero que precisamente el defensor del pueblo sea capaz de enarbolar la bandera del todo vale en nombre de los sacrosantos intereses (¿económicos?, ¿geopolíticos?) es un claro síntoma de que algo no va bien. Si a una causa se le reconoce la legitimidad y la justicia, debe ser apoyada, pero digo más, un gobierno que se guía sólo por su particular interpretación de lo que son los intereses del Estado obviando los principios democráticos, legales y éticos que deben guiar siempre y en primer lugar sus acciones, no merece el honor de representar a unos ciudadanos a los que avergüenza y, porqué no decirlo, humilla, porque nosotros, la sociedad civil, sí tenemos principios, sí nos guiamos por ellos y sí somos capaces de supeditar a ellos nuestros intereses particulares. No hablamos de intereses, hablamos de legalidad y de justicia, no hablamos de chapuceras componendas, hablamos de una salida justa que restablezca la legalidad violentada con la colaboración necesaria de nuestro gobierno, no hablamos de salir del paso, hablamos de dar ejemplo y comportarnos como seres humanos decentes. Obviamente, la solución deseada está en el tejado marroquí, pero lo que se puede exigir al gobierno español, toda vez que no puede deshacer lo que ha hecho mal, al menos se posicione alta y claramente del lado de la justicia, que el volumen de la voz de nuestro ministro se eleve por la convicción con que defiende la legalidad y no por la irritación que le produce tener que ocuparse de un problema, y si al vecino le molesta el ruido, que se gestione ese problema con diligencia y eficacia, pero sin dejarse por el camino la dignidad del país.

jueves, 26 de noviembre de 2009

Aminatou y la ley

Vista la irritación que le produce a nuestro ministro de exteriores que se le miente la situación de Aminatou Haidar, corre uno el riesgo de pensar que tiene razón en su indignación y que el gobierno en cuyo nombre habla realmente ha hecho todo lo posible guiado por sus convicciones humanitarias y obligado por el respeto a las leyes. Afortunadamente el Consejo General de la Abogacía ha deshecho el entuerto dejando bien claro que lo ilegal es retenerla en nuestro país en contra de su voluntad y, como son abogados y no políticos, en lugar de confundirnos con llamamientos buenistas a principios que sólo se invocan de cara a la galería, lo que citan para respaldar su postura es directamente la ley, algo estupendo para evitar que el señor ministro descalifique el argumento en función del supuesto nerviosismo de quien lo esgrime. Y la ley, concretamente el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Extranjería, relativo a las prohibiciones de salida, dice lo siguiente:

Artículo 20. Prohibiciones de salida.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, el Ministro del Interior podrá acordar la prohibición de salida de extranjeros del territorio nacional, en los casos siguientes:

  1. Los de extranjeros incursos en un procedimiento judicial por la comisión de delitos en España, salvo los supuestos del artículo 57.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando la autoridad judicial autorizase su salida o expulsión.

  2. Los de extranjeros condenados por la comisión de delitos en España a pena de privación de libertad y reclamados, cualquiera que fuera el grado de ejecución de la condena, salvo los supuestos del artículo 57.7, de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y los de aplicación de convenios sobre cumplimiento de penas en el país de origen de los que España sea parte.

  3. Los de extranjeros reclamados y, en su caso, detenidos para extradición por los respectivos países, hasta que se dicte la resolución procedente.

  4. Los supuestos de padecimiento de enfermedad contagiosa que, con arreglo a la legislación española o a los convenios internacionales, impongan la inmovilización o el internamiento obligatorio en establecimiento adecuado.

2. Las prohibiciones de salida se adoptarán con carácter individual por el Ministro del Interior, según los casos, a iniciativa propia, a propuesta del Secretario de Estado de Inmigración y Emigración, del Secretario de Estado de Seguridad, del Delegado o Subdelegado del Gobierno, de las autoridades sanitarias o a instancias de los ciudadanos españoles y de los extranjeros residentes legales en España que pudieran resultar perjudicados, en sus derechos y libertades, por la salida de los extranjeros del territorio español. Las prohibiciones de salida deberán notificarse formalmente al interesado y deberán expresar los recursos que procedan contra ellas, el órgano ante el que deberán presentarse y el plazo para interponerlos.

Agradezco al Consejo General de Abogacía su comunicado (y al diario El País la publicación del mismo) porque gracias a él queda claro que no se le pide simplemente al Gobierno que se comporte de forma decente (algo que en lo que se refiere al pueblo saharaui es evidente que sería predicar en el desierto), sino algo tan sencillo, evidente y exigible en un sistema democrático como que cumpla la ley.