Conste que esta sarta de sandeces no me indigna por su estúpida condición, sino por su origen. Si provinieran de la Casa Real (que, las cosas como son, ha sabido estar a la altura) uno podría, en cierta medida, comprender la posición de quien lucha por mantener sus propias prerrogativas, pero que vengan de un gobierno democráticamente elegido y que se dice progresista es francamente intolerable.
viernes, 11 de diciembre de 2009
El mundo ¿al revés?
Conste que esta sarta de sandeces no me indigna por su estúpida condición, sino por su origen. Si provinieran de la Casa Real (que, las cosas como son, ha sabido estar a la altura) uno podría, en cierta medida, comprender la posición de quien lucha por mantener sus propias prerrogativas, pero que vengan de un gobierno democráticamente elegido y que se dice progresista es francamente intolerable.
jueves, 10 de diciembre de 2009
Ciertas raíces, ciertas vilezas
Como lo es, por cierto, tratar de descalificar a quienes defendemos la estricta aplicación de la ley y las garantías del estado de derecho en todos los ámbitos, en el caso que nos ocupa en internet, con supuestas justificaciones de conductas delictivas que ni se recogen en el manifiesto por los derechos fundamentales en internet, ni se defienden por la mayor parte de sus firmantes. No es cierto que los productos culturales sean unos productos de mercado como cualquier otro, son unos bienes que gozan de una especial protección por su importancia para la sociedad que se refleja vía presupuestaria en forma de subvenciones y otras, pero tampoco es cierto que no deban tener un precio. Lo que deben tener es un precio justo y que se pague una sola vez, lo demás, tanto desde un extremo como desde el otro, es pura demagogia.
jueves, 3 de diciembre de 2009
Sin perdón
martes, 1 de diciembre de 2009
Los intereses generales
jueves, 26 de noviembre de 2009
Aminatou y la ley
Artículo 20. Prohibiciones de salida.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, el Ministro del Interior podrá acordar la prohibición de salida de extranjeros del territorio nacional, en los casos siguientes:
Los de extranjeros incursos en un procedimiento judicial por la comisión de delitos en España, salvo los supuestos del artículo 57.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando la autoridad judicial autorizase su salida o expulsión.
Los de extranjeros condenados por la comisión de delitos en España a pena de privación de libertad y reclamados, cualquiera que fuera el grado de ejecución de la condena, salvo los supuestos del artículo 57.7, de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y los de aplicación de convenios sobre cumplimiento de penas en el país de origen de los que España sea parte.
Los de extranjeros reclamados y, en su caso, detenidos para extradición por los respectivos países, hasta que se dicte la resolución procedente.
Los supuestos de padecimiento de enfermedad contagiosa que, con arreglo a la legislación española o a los convenios internacionales, impongan la inmovilización o el internamiento obligatorio en establecimiento adecuado.
2. Las prohibiciones de salida se adoptarán con carácter individual por el Ministro del Interior, según los casos, a iniciativa propia, a propuesta del Secretario de Estado de Inmigración y Emigración, del Secretario de Estado de Seguridad, del Delegado o Subdelegado del Gobierno, de las autoridades sanitarias o a instancias de los ciudadanos españoles y de los extranjeros residentes legales en España que pudieran resultar perjudicados, en sus derechos y libertades, por la salida de los extranjeros del territorio español. Las prohibiciones de salida deberán notificarse formalmente al interesado y deberán expresar los recursos que procedan contra ellas, el órgano ante el que deberán presentarse y el plazo para interponerlos.
Agradezco al Consejo General de Abogacía su comunicado (y al diario El País la publicación del mismo) porque gracias a él queda claro que no se le pide simplemente al Gobierno que se comporte de forma decente (algo que en lo que se refiere al pueblo saharaui es evidente que sería predicar en el desierto), sino algo tan sencillo, evidente y exigible en un sistema democrático como que cumpla la ley.