Tras el alarde de hipocresía de los prelados españoles respecto a la falta de libertad religiosa en España, según publica hoy El País, parece apropiado aparcar por un día el tema de la crisis del PP, pese a que sigue dando para mucho, y ocuparse de otros asuntos de no menor interés.
Resulta que nuestros obispos, cansados de los "ataques" que reciben del gobierno (porque permitir que los homosexuales se casen es, según ellos, un ataque a la religión cristiana), atemorizados ante el supuesto tsunami laicista que recorre nuestro país, han decidido decirle al Papa que en España no hay libertad religiosa y que muchos pretenden decretar la muerte de Dios. Para solucionar semejante despropósito proponen, precisamente, un ataque frontal a la libertad religiosa mediante el trato de favor, por no decir la imposición, de una única confesión a los españoles individualmente y en sus instituciones, es decir, una hipócrita contradicción en sus términos que ni el más ultracatólico ciudadano, por más que la defienda, puede creerse sin un cierto sonrojo.
Fomentar la libertad de pensamiento garantizando la igualdad de las diferentes sensibilidades no es un ataque contra nadie, sino muy al contrario una defensa de todos, y quien piense que sin el trato de favor del gobierno y la presencia impuesta en las intituciones de sus ideas se le ataca es que tiene muy poca fe en lo que defiende: pretender que la fe haya que abrazarla por decreto y no por libre voluntad es realmente el único ataque a la libertad religiosa que hay hoy día en nuestro país.
Me permitiría decirle desde aquí a nuestros obispos que la defensa del laicismo que hace este gobierno es tan tibia que podría decirse que no es laicista en absoluto, y es una lástima porque serlo debiera ser una exigencia democrática en nuestros días, un mínimo exigible a cualquiera que pretendiese ocupar un cargo público porque sólo el laicismo garantiza la libertad religiosa y moral de los ciudadanos. Todo lo contrario que esa añoranza de la inquisición que se desprende de las palabras de Rouco y García-Gasco que son una ofensa para los ciudadanos de un estado libre y democrático.
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