De la alergia a la discrepancia a la intolerancia a la opinión. La clamorosa ausencia de democracia interna en los partidos políticos españoles.

La tradicional alergia a la discrepancia que sufren los grandes partidos políticos españoles (y muchos pequeños, para qué negarlo) se transformó hace tiempo en intolerancia frente a la aportación pública de cualquiera diferente del líder de una idea o argumentación que, independientemente de su bondad, si se aparta aunque sea un milímetro de los manuales oficiales, es decir, si no se limita a repetir hasta la nausea las declaraciones de las cabezas visibles del partido, es interpretada poco menos que como defección y lesa patria. Esto fue llevado al extremo por el PP de Aznar, quien llevó la política de la tautología al paroxismo, pero no es un pecado exclusivamente suyo. La falta de democracia interna en los partidos y la sustitución del debate y la libre aportación de ideas por la disciplina y el culto a la personalidad son un cáncer para la democracia de nuestro país. No es que estemos en un periodo como aquel en que decisiones que afectaban a la ciudadanía sólo eran conocidas con suficiente antelación por el presidente y un cuaderno azul que parecía tener más rango protocolario que la mayor parte de las instituciones del Estado, pero tanto PP como PSOE siguen apuntándose a esa moda, el juego se repite sin que caigan en la cuenta de que es una falta de respeto no sólo a los afiliados y simpatizantes de sus respectivos partidos, sino a la sociedad en su conjunto. La diferencia es que ahora, aunque sea tímidamente, se oyen algún asomo de protesta. Nuestro ordenamiento constitucional no es presidencialista, nuestro sistema electoral no lo es tampoco, por tanto sería bueno que nuestros representantes se comportasen conforme a aquello para lo que han sido elegidos, trabajar conjuntamente en nuestre representación para solucionar nuestros problemas en lugar de a aumentar su propio nivel de endorfinas apareciendo en los medios como los guardianes de los secretos que sólo ellos, por su privilegiada situación, pueden decidir y conocer. Las decisiones que afectan a los ciudadanos no pueden depender únicamente de la voluntad de una persona, hoy por hoy se vota a un partido y no a un candidato, no tenemos listas abiertas ni elección a doble vuelta del presidente, mucho menos del jefe de la oposición (cargo para el que por mucho respaldo popular que requiera no se elige a nadie, sino que muy al contrario no se le elige para aquello para lo que se vota), y sería bueno que cualquier decisión trascendente para la ciudadanía (aunque sea una de partido, que lo es para afiliados y simpatizantes) naciera de la reflexión y del debate, y que la cabeza visible de cada partido tomase en última instancia las decisiones, pero no por su única voluntad, sino como una profunda reflexión compartida con aquellos a quienes hemos votado para que hagan algo más que apretar el botón que les indican los responsables de su partido cada vez que hay una votación en el parlamento, aunque ni tan siquiera eso sean capaces de hacer en ocasiones.

Son intereseantes las declaraciones de Luis Herrero que recoge el Plural, como sin duda habrá muchas más en ése y en otros partidos, pocos se libran, y es que el personalismo ya es malo, pero el culto a la personalidad es indecente, y el que se practica en nuestro país lo es doblemente, porque sólo se hace de cara a los medios y la ciudadanía y es, por tanto y además de todo, hipócrita.

Creo sinceramente que sería bueno que el portavoz de un grupo parlamentario sea elegido por votación de ese mismo grupo cuya voz se supone que va a representar, que no tendría que ser necesariamente la del Gobierno y que por tanto su designación a dedo por su Presidente es una incongruencia que además deja entrever el escaso entusiasmo que por la democracia interna tienen nuestros líderes. Lo mismo se puede decir de la oposición: se habla de renovación y lo que se hace es cambiar un equipo designado a dedo por una persona por otro designado igualmente y por la misma persona, eso sí, parece ser que con otro dedo porque el criterio de quien presume de ser previsible cambia con las circunstancias con sorprendente facilidad.

Pero si estos argumentos no son compartidos por quienes rigen nuestros destinos, si la democracia interna de los partidos y grupos parlamentarios no significa nada para ellos, sí que me atrevería a pedirles que al menos tomen las decisiones que tengan que tomar cuando corresponda, en su momento justo, sin dedicar días o semanas a hacerse los interesantes y declarar cómo de claro lo tienen todo pero que nadie más que ellos, ni los propios designados ni por supuesto sus administrados, puden conocer, porque ellos mandan, son los más de lo más y nadie tiene porqué pedirles cuentas ni de sus decisiones ni de los motivos por los que las toman.

De indignación y negligencia

Creo sinceramente que en la mayor parte de los casos la indignación popular por las decisiones judiciales no está justificada, al menos no lo está cuando se trata de dejar en la calle a alguien que ha cumplido su pena por más que debido a las reducciones de condena pueda parecer breve. Es el sistema del que, como sociedad, nos hemos dotado y tenemos que aceptarlo con sus bondades y sus defectos y yo personalmente prefiero los inconvenientes de un sistema profundamente garantista como el nuestro que los de otro menos cuidadoso con los derechos civiles de los ciudadanos.

Sin embargo, el caso que más portadas ocupa estos días, el de Mariluz, la niña de Huelva asesinada presuntamente por un vecino sobre el que pesaban dos condenas y un juicio pendiente por abuso de menores, incluida su propia hija, no puede ser considerado como la consecuencia lógica de un sistema garantista, ni tan siquiera como un error comprensible e imputable a la saturación de los juzgados, sino como una negligencia en toda regla por la que habría que depurar responsabilidades. Es inadmisible que un condenado por un delito, sea el que sea, no ingrese en prisión porque no se emita la orden necesaria para su detención o, como dice el juez en su defensa, se emita pero no llegue a la policía. Es intolerable que se diga que alguien que vive en casa de su hermana y sale en la tele pidiendo que le den una vivienda, permanece huido, en paradero desconocido. Es inadmisible que se detenga a alguien con condenas de carcel pendientes para interrogarle sobre su supuesta participación en un delito y, toda vez que no se encuentran pruebas para incriminarle en el mismo se le deje en libertad porque no se caiga en la cuenta de que las tiene.

Si nadie se imagina a un juez diciéndole al acusado en su sentencia se le condena a x años de carcel, cuando a usted le venga bien se pasa por la institución penitenciaria que le corresponda para cumplir la pena, aunque si le supone mucho trastorno que la sentencia se ejecute en este momento puede usted quedarse en casa, no pasa nada, ya cumplirá usted la pena en la próxima ocasión que cometa un delito, no debería tolerarse que el resultado de facto sea ese.

No obstante, mi condición de optimista (o de cándido, que a estas alturas de mili no sabe uno si no serán sinónimos) me lleva a pensar que esta actuación judicial y policial bochornosa es una excepción, que nuestro sistema, con sus luces y sus sombras, funciona aceptablemente bien, que los casos que se desarrollan con normalidad (que son la mayoría) no salen en los periódicos y que sin duda los responsables de este sinsentido recibirán el justo castigo que legalmente se les deba imponer por su negligencia. No más, pero tampoco menos.

En cualquier caso vaya desde aqui mi solidaridad hacia los familiares y amigos de esta y otras victimas de delitos similares (especialmente los de Yeremi, el niño canario desaparecido que tan poco impacto en los medios tiene) y el reconocimiento de mi admiración al padre de Mariluz por saber mantener la cordura y la pausa en la situación en que probablemente más difícil sea hacerlo.

Artículo de La República(.es)

Hoy no escribiré un comentario de mi cosecha, en su lugar dejo el texto de un artículo de La República (que reproduce el publicado en 20 minutos) que me ha resultado interesante:

Los dueños de la empresa compradora, Comercializadora Peninsular de Viviendas, están en prisión condenados por estafar a 1.200 madrileños
Comisiones multimillonarias al vender Juan Carlos de Borbón la casa de su padre
20minutos.es
Dos familiares del Rey, Bruno Alejandro Gómez Acebo y Marcos Gómez Acebo, hijo y sobrino, respectivamente, de la infanta Pilar de Borbón, intermediaron en la venta de Villa Giralda, la finca que fue residencia en Madrid de Don Juan de Borbón, padre del monarca, a cambio de una comisión de 1,5 millones de euros (248,4 millones de pesetas).
El precio de venta fue de 2,7 millones de euros (450 millones de pesetas), por lo que la comisión representó un inusual 55,5% sobre el total.
La transacción se formalizó el 21 de febrero de 2002 con la entrega de tres cheques al portador de 901.518,16 euros cada uno tanto al Rey como a sus dos hermanas, Pilar y Margarita.
El comprador fue Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), empresa implicada en una espectacular estafa inmobiliaria que afectó a más de 1.200 personas. En total, comisiones incluidas, CPV desembolsó 4,2 millones.
Los honorarios cobrados por los Gómez Acebo se instrumentaron en cuatro pagos, según documentación de CPV a la que ha tenido acceso 20minutos.es.
Bruno Alejandro Gómez Acebo y Borbón, sobrino del Rey, recibió personalmente 200.000 euros y la empresa de la que es administrador único, Gómez-Acebo Consultores Inmobiliarios S.L., otros 636.472 euros.
Marcos Gómez Acebo ingresó 250.000 euros y su sociedad, Gómez Acebo Internacional Group, S.L., 407.485.
Bruno Alejandro es administrador y socio de Labiernag 2000, la sociedad de inversión colectiva (sicav) desde la que Pilar de Borbón, hermana del Rey, canaliza sus inversiones.
Las sicav son las entidades favoritas de las grandes fortunas para colocar su patrimonio y disminuir notablemente su factura fiscal.
Preside una promotora inmobiliaria radicada en Melilla -Inmomelilla Obras y Promociones, S.A.- y es administrador único de Easy Flat, empresa domiciliada en Madrid y dedicada a estudios de mercado.
Marcos Gómez Acebo es presidente de Sociedad Anónima de Comunicación y Publicidad (Saco) y consejero delegado de Lietama Comunicación Integral y Xelios Biometrics, una firma dedicada a la informática, según indica su objeto social.
Es también administrador de una promotora inmobiliaria, Compañía Urbanizadora del Coto, y de una firma de transporte de mercancías, Urbanhop.
Para la compra de la propiedad, un chalet de 871 metros cuadrados construido en una parcela de 4.230 metros, CPV obtuvo un crédito de Ibercaja, entonces presidida por Manuel Pizarro, hoy diputado electo del PP. Fue la última adquisición de la sociedad. A la firma de la escritura CPV estuvo representada por los hermanos Francisco Javier y Miguel Ángel García Sánchez, actualmente en prisión.
Las partes implicadas no se quieren pronunciar
20 minutos trató ayer de recabar de manera infructuosa la versión de Bruno Alejandro Gómez Acebo, mientras que Marcos Gómez Acebo rehusó efectuar comentario alguno.
Por su parte, un portavoz de la Casa Real manifestó que se trataba de un tema privado de la Familia Real, de los que nunca realiza comentarios.
CPV, una estafa de 25,7 millones
La Justicia ha cifrado en 25,17 millones de euros el quebranto económico que los administradores de CPV causaron a los más de 1.200 afectados por la estafa.
Los perjudicados pagaron entre 300.000 y 500.000 pesetas de señal y otro millón como entrada por pisos en el norte de Madrid que nunca se construyeron.
Ocho años después de que se presentara la primera denuncia, la Audiencia de Madrid condenaba el pasado 14 de enero de 2008 a Francisco García Moreno, Francisco Javier y Miguel Ángel García Sánchez, Miguel Ángel Morillo, Adelina Erles y Alfredo Vázquez a penas de entre siete y dos años por varios delitos de estafa.

Los pecados de la Iglesia

Hoy podemos leer varias referencias en la prensa al negocio redondo que ha hecho el arzobispado en Madrid al realizar un intercambio de terrenos con el Ayuntamiento (según El País el valor del suelo público cedido por el consistorio hasta ahora es de unos 120 millones de euros y el de la Iglesia aproximadamente de unos 3,5 porque pese a ser más extensión es suelo rústico no urbanizable). Después nos dicen que el precio de la vivienda sube por la escasez de suelo, y no debe ser tan escaso cuando se regala de esta manera. Es especialmente sangrante el caso que se cita en el artículo y que denuncia Ángel Pérez (portavoz de IU en el ayuntamiento): el barrio de Butarque (Villaverde), que con sus 15.000 habitantes no tiene escuelas infantiles, consultorios de salud ni bibliotecas y sólo dispone de un colegio público (con un índice de analfabetismo sorprendentemente alto, el 19%) y un centro de mayores y el ayuntamiento cede terreno no para subsanar ninguna de las deficiencias reseñadas, sino para la construcción de una nueva parroquia, con lo que el distrito ya dispondrá de 18.

A mi personalmente me parece que quienes deben ser criticados, y duramente, son los responsables políticos que hacen un uso del suelo público, patrimonio de todos los ciudadanos, que roza la malversación, porque la iglesia cuida de sus intereses empresariales. No debemos hacerles el favor de considerarles un referente moral, sino una empresa o, como mucho, un lobby conservador, que es lo que demuestran ser. El hecho de que anuncien a bombo y platillo la instauración de unos nuevos pecados, los "sociales", entre los que destaca ese que reza que será pecado enriquecerse a costa de los demás, porque a nadie sorprende a estas alturas que la letra pequeña, invisible, de los dogmas eclesiáticos deje claro que las normas morales que predica están encaminadas a lograr un comportamiento (supuestamente) virtuoso únicamente de sus feligreses, ella como institución está por encima de esos detalles mundanos como la moral, la justicia y la rectitud. En cualquier caso es problema suyo y sus miembros son muy dueños de pedir cuentas o no, lo que a mi me indigna es que gestores de lo público, representantes electos de los ciudadanos, utilicen su mandato de representatividad para beneficiar a entidades con las que se sienten identificados, no el interés común de sus administrados, quienes no cabe duda que si que podemos y debemos exigir que se nos explique y justifique el destino de nuestro patrimonio.

Esperanza Aguirre y el impacto medioambiental

Por más que sea un optimista irredento, no termino de creerme la apertura de una nueva etapa de moderación en las relaciones entre los grandes partidos, en cualquier caso, en tanto no comience el curso político (se díría, pro cierto, que el PP se está tomando unas vacaciones de semana santa algo más largas que los demás), parece que queda un foco de crispación bastante activo en nuestro país, y se da n i más ni menos que entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, ambos del PP por cierto, esta vez a cuenta de la remodelación del eje Prado-Recoletos. Me atrevería a decir que los ciudadanos madrileños no van a tolerarle a sus gestores que dediquen tanto tiempo y esfuerzo a batallas personales, pero vistos los resultados electorales parece que a los madrileños nos va la bronca así que en realidad no me atrevo a hacer ningún vaticinio al respecto. Pero independientemente del respaldo popular que obtengan actitudes poco edificantes como las que diariamente nos regalan estos representantes de nuestras instituciones, nada me impide tener la firme convicción de que esta guerra Aguirre-Gallardón, independientemente de sus implicaciones políticas, es una terrible falta de respeto a los ciudadanos que vivímos en la Comunidad de Madrid.

Pero algo positivo hemos sacado de este nuevo episodio, y es que ya sabemos que en la Comunidad de Madrid tienen constancia de que existe algo llamado impacto medioambiental y, aunque lo hayan utilizado únicamente como arma arrojadiza contra el Ayuntamiento mientras que jamás se hayan preocupado de él en sus propias obras, al menos ya tenemos la certeza de que conocen su existencia y la de que cuando lo ignoran no es por desconocimiento, sino por propia voluntad.

Intolerancias

Dediqué mi última entrada antes de vacaciones a comentar una sentencia que daba carta de naturaleza a la imposición de nombres de terroristas a plazas y calles públicas (sentencia de la Audiencia Nacional emitida por el juez Santiago Pedraz), y ahora leo con satisfacción que la abogacía del estado ha emitido un dictamen que declara ilegal dicha práctica y que de hecho ya se han iniciado los trámites oportunos para corregir esta situación allí donde se presente. Parece ser que en algunos casos esta situación se mantenía desde hace 26 años, periodo en el que los dos partidos mayoritarios han tenido responsabilidades de gobierno, así que ni la solución de ahora ni la falta de iniciativa de antes deben ser utilizadas políticamente, sino que más bien debe convertirse en profundo motivo de reflexión para ambos. En cualquier caso, siempre es motivo de alegría que se den los pasos necesarios para solucionar una situación manifiestamente injusta y, pese a que se haya hecho con un retraso aparentemente injustificable, no quería dejar pasar la oportunidad de expresar mi satisfacción.

Otro tema que me ha llamado la atención estos días es la negativa de la iglesia a facilitar la comunión a sus fieles celiacos con hostias sin gluten: investigando un poco por internet he sabido que no sólo existe una orden expresa de la jerarquía eclesiástica para que sólo se utilicen hostias hechas a base de trigo (se permite a los celiacos comulgar únicamente con vino si lo desean), sino que por increible que parezca existe una orden de impide el acceso de estos ciudadanos al sacerdocio (inserto extracto del artículo):

En 1995, el ahora Papa, entonces al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe --sucesora de la temible Santa Inquisición--, ordenó a través de un documento que "los aspirantes al sacerdocio afectados de celiaca, alcoholismo o enfermedades análogas, dada la centralidad de la celebración eucarística en la vida sacerdotal, no puedan ser admitidos a las órdenes sagradas"

Además de lamentable, como lo es cualquier tipo de discriminación, creo que esta es la más absurda e incomprensible que ha saltado últimamente a la luz pública y aunque siempre he dicho que la iglesia es muy dueña de hacer lo que estime oportuno con sus prácticas, ritos y feligreses, me gustaría comprender a qué obedecen esta decisión y la innecesariamente ofensiva comparación que establece el citado documento. La intolerancia al gluten es sin duda una patología, pero la intolerancia sin más, la exclusión de lo diferente, es una lacra en contra de la que la gente de bien debiera manifestarse públicamente independientemente de sus creencias. Sólo espero que la próxima vez que la conferencia episcopal trate de dar lecciones de moralidad a la sociedad todos recordemos este y otros muchos detalles para poder calibrar exactamente la fuerza moral que en una sociedad abierta y plural subyace tras las opiniones de una organización que se ha quedado tan atrasada respecto a sus fieles que no es de extrañar que cada vez sean más los que la pierdan de vista.

Y hablando de intolerancia, aunque de una mucho más grave y de naturaleza muy distinta, no quisiera dejar pasar la oportunidad de expresar mi solidaridad con los vecinos de Calahorra cuya estupefacción e indignación hacemos nuestra todos los demócratas.

La plaza de la vergüenza

No me atrevería yo a discutir de leyes con los jueces por la sencilla razón de que es un tema del que saben infinitamente más que yo, de modo que si emiten una sentencia no me queda más remedio que asumir que es legal, pero lo que nadie puede discutir es que todo ciudadano puede formarse su opinión sobre la moralidad, sobre la justicia de esa misma sentencia porque esta se juzga en base al sistema de valores particular de cada uno, y es completamente independiente de la legalidad o no de la misma que sí se basa en un código objetivo que se debe conocer para opinar sobre él. Pues bien, la sentencia que permite el mantenimiento del nombre de una plaza dedicada a un etarra es, en mi opinión, profundamente inmoral, y si es legal es porque nuestros sucesivos poderes legislativos no han cumplido con su deber y no han legislado sobre ello. Me parece tan de cajón como que existe una ley que impide, y me parece muy bien, que haya calles o monumentos relativos a la dictadura franquista y exactamente por la misma razón debería haber una que prohíba ensuciar el espacio público de convivencia de todos los ciudadanos dedicándolo a ensalzar, homenajear o aunque sea recordar a asesinos.